Francia Márquez

Francia Márquez

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Fotografiada en diciembre de 2019 durante un panel organizado por GUE/NGL en el Parlamento Europeo.

Datos generales

Nombre	Francia Elena Márquez Mina
Fecha de nacimiento	1982
Nacionalidad	Colombiana }}
Ocupación	Lideresa afrodescendiente. Activista de derechos humanos
País de nacimiento	Colombia }}
Ciudad de nacimiento	Cauca

Francia Márquez es una lideresa social y ambiental colombiana. Ha trabajado por la defensa de los ríos del Municipio de Suárez (Cauca, Colombia) y de los territorios ancestrales de las comunidades afrodescendientes, ante las actividades mineras legales e ilegales que han asediado el territorio. Ganadora del The Goldman Environmental Prize en el 2018 – conocido como el Premio Nobel Ambiental – y otros reconocimientos a su labor como activista.

Biografía

Francia Márquez Mina nació en 1982, en la vereda de Yolombó en el corregimiento de La Toma en el municipio de Suárez, ubicado al norte del departamento del Cauca (Colombia).

Primeros años

Pasó su infancia entre la casa de sus abuelos maternos y paternos, también con su mamá y sus hermanos. Su mamá trabaja como partera, también en agricultura y minería; al igual que su padre quien, además, es obrero. Tuvo una relación especial con su abuelo materno y lo recuerda siempre con afecto.

Para mí era muy bonito en mi infancia ir al río [Ovejas, en el Cauca], dormir junto al río con mi abuelo. Nosotros hacíamos unos ranchos a la orilla y el ruido del agua me arrullaba y me dormía. Mi abuelo llevaba su racimo de plátanos y en la noche nos hacía plátano y cogía pescado y nos lo asaba. Éramos muy felices.

Se crió en una comunidad unida, “crecí en una familia extensa, la crianza era colectiva. Aquí todo el mundo lo cuidaba a uno y si se portaba mal, cualquiera podía corregirlo.”

Se convirtió en madre muy joven y trabajó como empleada de servicios domésticos y también como minera artesanal. Compartió una vida familiar unida y le gustaba la danza, el canto y el teatro; pero quedó embaraza a los 16 de un minero que había llegado a la zona. Tuvo un hijo y al poco tiempo se fue a Cali y allí quedó nuevamente embarazada. La labor de liderazgo también la vio en su abuelo y con el apoyo de su familia, empezó a desarrollar esta cualidad.

Para 1993 empezó a tomar conciencia de los derechos y las dificultades ambientales y sociales por las cuales atravesaban los pescadores, los mineros ancestrales, los agricultores y los balseros de la región. En particular, con respecto a la represa de la Salvajina, la cual se terminó de construir en 1985 para para regular el agua del río Cauca, según Márquez “la Salvajina ha tenido consecuencias sobre la vida de la gente en el norte del Cauca. La gente vivía con las madreviejas, que acá llaman humedales. Y cuando regularon el agua con Salvajina, se secaron esos humedales.” Así que, cuando se propuso desviar el río Ovejas hacia la represa, las comunidades de la zona no lo permitieron pues implicaba perder el agua para los cultivos y para la minería ancestral y exigieron su derecho a decidir por su territorio, “fue la primera experiencia de consulta previa que iniciamos en Colombia en 1994 a partir de la Ley 70, que nos reconoció ese derecho de ser consultados.” Los noventa fueron años en los que se vivieron desplazamientos forzados y desalojos, algunos con titulaciones repentinas a la empresa minera Anglo Gold y con el crecimiento de la presencia paramilitar en la zona, que apoyaba los intereses de agentes privados y aterrorizó a comunidades indígenas y negras de la región.

Trabajo como lideresa ambiental y social

En los años 2000 la situación en La Toma (Cauca, Colombia) se volvió más tensa, a causa de la escalada paramilitar. Luego de la masacre del Naya y su consecuente desplazamiento forzado, perpetrada por el Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre el 10 y el 13 de abril de 2001, Márquez recuerda que inició una rápida otorgación de títulos para explotación minera en la región, incluyendo La Toma. Esta es la época en la que se va la Universidad Santiago de Cali a estudiar derecho para poder trabajar con más herramientas a su comunidad. En primer semestre, con apoyo de varios abogados, trataron de instaurar una acción de tutela para frenar las órdenes de desalojo que se estaban dando en el territorio, pero les fue negada bajo el argumento de que no tenían un título colectivo y que el Estado estaba en libertad de otorgar títulos mineros a su discreción. El Estado seguiría respaldando los megaproyectos en la zona.

En ese entonces, la Defensoría del Pueblo ayudó suspendiendo las órdenes de desalojo. Pero no fue sino hasta que entre 2009-2010, cuando Francia Márquez y Yair Ortiz Larrahondo - en representación de ellos mismos y del Consejo Comunitario del corregimiento La Toma, municipio de Suárez, Cauca – lograron instaurar una segunda acción de tutela contra varias entidades estatales y otros particulares, “para alegar la violación al debido proceso y la violación al derecho fundamental a la consulta previa”, lo cual suponía el reconocimiento de la comunidad como ancestral y tradicional.