Rocío Campos Pérez

Rocío Campos Pérez

Datos generales

Nombre	Rocío Campos Pérez
Fecha de nacimiento	8 de septiembre de 1977
Nacionalidad	Colombiana }}
Ocupación	Mujer buscadora y lideresa social
Primaria	Escuela Fe y Alegría, Barrancabermeja
Bachillerato	Instituto Técnico Superior de Comercio y Ciudadela Educativa del Magdalena, Barrancabermeja
País de nacimiento	Colombia }}
Ciudad de nacimiento	Bucaramanga, Santander
Familia	Daniel Campos Pérez (hermano)

Rocío Campos Pérez es una lideresa y mujer buscadora, quien desde muy joven ejerció su liderazgo en el barrio 9 de abril en Barrancabermeja (Santander). A raíz de la desaparición de su hermano Daniel Campos Pérez y otras 24 personas durante la incursión paramilitar en ese puerto petrolero, el 16 de mayo de 1998, enfocó sus energías hacia la búsqueda de las víctimas. Se juntó con otras familias para conformar el Colectivo 16 de mayo y a partir de esa organización ha liderado la búsqueda de la verdad y ha acompañado las prospecciones que ha realizado la Fiscalía General, en desarrollo de la Ley de Justicia y Paz a la que se acogieron los miembros de las Autodefensas de Santander y Sur del Cesar (AUSAC), y más recientemente las realizadas por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidos (UBPD). Hoy es la secretaria técnica del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) en Barrancabermeja.

Ficha de la mujer buscadora y su búsqueda

Campo	Información
Región / Macrorregional UBPD	Nororiente
Departamento y municipio de origen	Santander, Barrancabermeja
Vereda / Barrio	Barrio 9 de abril, comuna 7
Nombre del ser querido desaparecido	Daniel Campos Pérez
Relación	Hermano
Estado de la búsqueda	Activa, sigue la búsqueda
Organización a la que pertenece	Colectivo 16 de mayo y Movimiento De Víctimas De Crímenes De Estado (MOVICE)

Biografía

I. Aspectos generales de la mujer

Rocío nació en Bucaramanga, pero creció en Barrancabermeja, el puerto petrolero a orillas del río Magdalena, que alberga la refinería de crudo más importante del país. Es una antigua ciudad que surgió como enclave de los indígenas Yariguíes, pero que a inicios del siglo XX se convirtió en epicentro del desarrollo económico y también de la violencia que han ejercido distintos grupos armados ilegales. Rocío llegó cuando tenía 3 años y medio y sus primeros recuerdos son de una ciudad próspera para el comercio, en la que su mamá pudo sacar adelante la familia con la venta de chance, un juego de azar.

Llegaron en 1980 en el tren que circulaba entre la capital santandereana y el puerto. Ella recuerda que el río era amplio y circulaban muchas lanchas. De los ocho hermanos solo tres llegaron, los otros se quedaron con el papá o con familiares cercanos. “Siempre hemos sido muy unidos en torno a mi mamá, ella ha sido una mujer muy protectora con nosotros”.

Cuando tenía 11 años, Rocío fue víctima de violencia sexual por un guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que pretendía vincularla a las filas de la organización. Durante muchos años sobrellevó el dolor en silencio por la vergüenza de contarle a su familia lo ocurrido. “Yo estaba cursando cuarto de primaria y por unos días estuve triste y ausente, solo las payasadas de mi Daniel (su hermano) eran las que me robaban la sonrisa”. Aun así, nunca dejó de participar en el comité deportivo de la junta de acción comunal del barrio 9 de abril, en la comuna 7 de la ciudad. Terminar el bachillerato fue toda una odisea para ella. Ante la falta de recursos económicos suspendió los estudios y empezó a trabajar en pequeños locales comerciales cuando tenía 14 años. Fue madre de una niña a los 18 años, tras un embarazo difícil -sufrió preeclampsia- y su hija tuvo complicaciones de salud. Fue su hermano Daniel quien le dio la mano en esos momentos: le ayudaba con los pañales y las citas médicas y, además, le dio los recursos para que validara el bachillerato. “Daniel era solo alegría, a todo le sacaba chiste, era de una calidad humana increíble, le gustaba estar aquí y allá”, recuerda.

A Rocío y a su familia les tocó vivir una de las etapas más duras del conflicto armado: la entrada de los grupos paramilitares que, a sangre y fuego, quisieron desalojar a las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el ELN, a finales de la década de los noventa, mientras en los barrios populares como el suyo, las organizaciones sociales ebullían y se resistían a la estigmatización por la presencia de los grupos guerrilleros.

La comuna 7 y el barrio 9 de abril se convirtieron en el objetivo central de los operativos de ingreso de las Autodefensas de Santander y Sur del Cesar (AUSAC). Los jóvenes de estos barrios ya venían sufriendo los desmanes de las guerrillas que intentaban controlar su vida y el territorio. Así lo recuerda Rocío, al evocar el fuerte lazo que la unía con su hermano: “Tanto fue el amor por Daniel que mi pecho me dolía anunciando que algo malo iba a suceder. Cuando la guerrilla casi me lo mata, fue por defender una persona que no se encontraba en condiciones de defenderse, esto le ocasionó que lo humillaran y sentenciaran a la muerte”. Por eso no entendieron por qué los paramilitares se lo llevaron a él y a otra veintena de personas aquel 16 de mayo de 1998, acusándolos de ser guerrilleros.

Después de esa incursión que dejó 32 víctimas mortales y 25 personas desaparecidas nada volvería a ser como antes en Barrancabermeja. Esa masacre se convirtió en un hito en la historia del conflicto armado en Colombia, en un caso de estudio de organizaciones de derechos humanos, que llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los tribunales de justicia transicional que se han creado en Colombia: Justicia y Paz -al que se acogieron los jefes paramilitares que se desmovilizaron entre 2003 y 2005- y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada en virtud del Acuerdo Final firmado entre el Estado y las FARC.

En el caso de Rocío, su vida también se partió en dos no solo por la desaparición de Daniel y la muerte de varios de sus vecinos y amigos; sino por el maltrato de las autoridades, la señalización -los acusaron de ser guerrilleros-, la justificación -algo habrán hecho- y la persecución por ir tras la verdad. En realidad, todo el puerto sufrió un impacto del que nunca se repuso.

Rocío vio desde la ventana de su casa cómo hombres armados se llevaban a Daniel, lo golpeaban y lo subían a un camión. Tal fue la confusión que por un momento pensaron que era una “batida” u operativo del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), de esos que ya eran usuales y en los que pasaban por los barrios buscando personas con antecedentes penales.

“Esa misma noche fuimos al batallón Nueva Granada y nos dijeron que no tenían conocimiento de nada, luego fuimos a la estación de Policía y empezamos a enterarnos de que en el barrio El Campín degollaron a alguien, que pasaron por las canchas de tejo y se llevaron a otros. Estaban don Jaime Peña, la hermana de los gemelos y la esposa del señor albino. Los policías se burlaron de nosotros y nos dijeron que era carne fresca para el Foronda -la funeraria-. Nos fuimos para el DAS, pero allá estaban de fiesta. Nos devolvimos para la casa y empezó a llover como nunca, tanto que los periódicos dijeron al otro día que hasta el cielo había llorado por los muertos y desaparecidos”, relata Rocío.

Las familias se organizaron desde el primer momento. Rocío recuerda que hicieron carteleras para participar en el plantón que hicieron en el retén -el punto donde se ubicaba la fuerza pública para hacer controles y que justo levantaron la noche del 16 de mayo-. Hicieron turnos para asistir a las reuniones en la Unión Sindical Obrera (USO, el sindicato de Ecopetrol y uno de los más grandes del país), para ir en las caravanas hasta las bases militares y organizar los 25 ataúdes vacíos con las fotos de sus familiares que exhibían por la ciudad.

Rocío también recuerda el impacto que causa la desaparición en la vida de las mujeres. Un daño a veces invisible e incomprendido. “Yo tenía mi hogar, una hija de año y medio y mi compañero me pone a escoger entre el hogar y la búsqueda, y yo elegí la búsqueda. Nos separamos y por eso mi hija se queda sin figura paterna”.

Además de esos impactos, la vida de Rocío cambió para siempre por el rol de buscadora que asumió junto a su mamá. Sin embargo, admite que a su madre le tomó cerca de 10 años aceptar que Daniel estaba muerto. “Ella siempre lo esperó vivo, pero cuando se recuperaron los restos de 5 de los 25 desaparecidos se dio cuenta de que no lo iba a encontrar vivo”, recuerda.

En su papel de defensora de derechos humanos, Rocío se convirtió en una de las principales voceras de las familias. Además de su rol como lideresa en el Colectivo 16 de mayo, ha sido secretaría del capítulo del Magdalena Medio del MOVICE. Ya no solo busca a Daniel, busca a los 20 que aún faltan y hace lo que sea necesario, sin importar el estigma, la persecución, el desplazamiento y las amenazas que le han llovido desde entonces. Cada agresión parece fortalecerla más e impulsarla a motivar a otros a seguir luchando unidos buscando la verdad.

“Es importante la verdad, es parte de la reparación y la dignificación. Necesitamos saber por qué pasó, por qué lo hicieron, cuál era el objetivo, no solo quien haló en gatillo, sino quienes pagaron, quienes estaban detrás, quienes fueron los autores intelectuales”, repite en los diferentes escenarios a los que ha llegado en representación del colectivo.

El liderazgo de Rocío se ha destacado en estos años por su fortaleza y carácter decidido. Ha afrontado con entereza y valentía las amenazas y agresiones que los familiares de las víctimas empezaron a recibir desde el mismo día de la incursión paramilitar. Desde del Colectivo 16 de mayo y desde MOVICE, Rocío ha demostrado su compromiso con las otras familias acompañando acciones de memoria, incidencia en la política pública y presencia en los escenarios judiciales donde ha reclamado la acción de la justicia en contra de la impunidad para los paramilitares y sus cómplices en el Ejército, la Policía, el DAS, Ecopetrol y otros sectores productivos del puerto petrolero.

II. Caso específico de búsqueda

“El sábado 16 de mayo a las 10 de la mañana empecé a sentir presión en mi pecho y un dolor que me agobiaba mientras mi pensamiento mantenía la imagen de Daniel. Presentía que algo malo iba a pasar” . Así empieza Rocío el relato que escribió para un ejercicio de memoria que hizo al portal Rutas del Conflicto con varias personas buscadoras.

Ella recuerda que a eso de las 5 de la tarde se encontraron en la casa de su mamá. Daniel estaba ayudándole a una vecina a colocar una puerta. Se saludaron y se volvieron a encontrar hacia las 7 de la noche en un billar en el que solían departir con amigos. Dos horas después, él se fue a bañar y a cambiar para ensayar un vals de quinceañera para el que lo habían contratado. “Estaba bien vestido y perfumado, bien peluqueado con su hongo, su bozo bien arreglado y sus patillas detalladas. Todo buen mozo como galán de cine; con sus pantalones blancos y su camisa de flores era el más guapo de la noche”, continúa Rocío en su escrito a mano.

“Sobre las 9:30 de la noche, empezó a retroceder los casetes de música para dejarlos listos para el ensayo. Estando en esas fue cuando llegaron dos paramilitares y opacaron la noche y la elegancia de un gran hombre de carácter sensible, amoroso, pero que sobre todo que amaba a su familia”. Ese es el último recuerdo que tiene Rocío de su hermano. Lo que vino después fue caos, confusión, muerte y terror.

Los relatos recopilados por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, (CAJAR), para un informe que presentaron ante la JEP, y que están probados en instancias judiciales, coinciden en que la masacre fue planeada y ordenada un año atrás, por el comandante de las AUSAC, Camilo Morantes. Mario Jaimes Mejía, conocido como “El Panadero” y otro paramilitar conocido como “Esteban” contactaron y coordinaron la incursión con el entonces oficial de inteligencia del Batallón Nueva Granada del Ejército Nacional, Oswaldo Prada Escobar, el director del DAS, José Eddie Álvarez Barreto y el comandante Operativo Especial de la Policía del Magdalena Medio, coronel Joaquín Correa López. Esas reuniones fueron facilitadas por el entonces subjefe de seguridad de Ecopetrol, José Eduardo González. Según los familiares de las víctimas, estas reuniones se hicieron en la cancha de tejo El Campeón, de San Vicente de Chucurí, y en el Barrio el Rosario de Barrancabermeja.

El documento del CAJAR indica que: “el sábado 16 de mayo de 1998, entre las 9:30 p.m. y las 10:00 p.m., un nutrido grupo de unas 20 o 30 personas de las AUSAC, fuertemente armados y con prendas de uso privativo de las fuerzas militares, incursionó en el sector suroriental de Barrancabermeja, en barrios pertenecientes a las comunas 6 y 7, como: El Campestre, María Eugenia, El Campín, Divino Niño, 9 de abril, pasando por los Barrios Villarelys I, II y III y la Base Militar del Batallón Nueva Granada conocida como Pozo 7, el sitio conocido como El retén, en la salida del municipio y Patio Bonito vía a Bucaramanga”.

Durante su recorrido, los paramilitares buscaban a personas con nombre propio y verificaban los datos a través de comunicaciones por radioteléfono. Con insultos y acusándoles de ser guerrilleros, sacaban a sus víctimas de las casas, de los billares y bares, de las canchas de fútbol y las canchas de tejo, a su paso, golpearon y asesinaron a quienes quisieron huir o se resistían al intento de secuestro.

Una hora y media después de la entrada del comando armado, los camiones con las víctimas secuestradas continuaron por la vía que conduce a Bucaramanga. Siguiendo la orden de “El Panadero”, los paramilitares asesinaron a Eliécer Javier Quintero Orozco, Nehir Enrique Guzmán Lázaro, Luis Jesús Arguello Solano, José Javier Jaramillo y Diomidio Hernández Pérez y sus cadáveres fueron encontrados al día siguiente en el barrio Patio Bonito. Luego trasladaron a los demás secuestrados a un camión y los condujeron hacia el municipio de San Rafael de Lebrija. Alrededor de la 1:00 a.m., las víctimas fueron llevadas a la vereda el Papayal, a 15 minutos de San Rafael de Lebrija. Allí interrogaron a los secuestrados y notaron que no tenían ningún vínculo con la guerrilla.

El 24 de agosto de 1998, el comandante de las AUSAC, Camilo Morantes, afirmó que las demás personas retenidas fueron asesinadas entre ocho y quince días después de la incursión paramilitar. Sin embargo, algunos cadáveres no se han podido recuperar, por lo cual las víctimas continúan desaparecidas. A la fecha las autoridades judiciales han recuperado 10 cuerpos, 9 de ellos identificados y entregados a sus familias, y 16 que aún continúan desaparecidos .

III. ¿Qué hace particular su búsqueda?

1. Hitos: aspectos a resaltar

Los días siguientes a la incursión paramilitar, los familiares de las personas desaparecidas emprendieron varias acciones para exigirles a las autoridades la devolución de sus seres queridos en poder de los paramilitares. Entre otras cosas, organizaron un paro cívico entre el 18 y el 25 de mayo que paralizó a la ciudad y que se levantó cuando el gobierno nacional se comprometió a crear una Comisión de Investigación para dar con el paradero de los desaparecidos.

Esas acciones conjuntas en las que Rocío participó fueron claves para evidenciar la complicidad de la Fuerza Pública y de otras autoridades en la masacre y desaparición de las víctimas. En pocas horas y unidas por el dolor y la indignación, actuaron para llamar la atención de todo el país sobre la gravedad de los hechos. La presión que ejercieron obligó a rápidos pronunciamientos del Gobierno Nacional -el presidente de entonces, Ernesto Samper Pizano, visitó Barrancabermeja para dar respuestas a la comunidad- aunque éstas no satisfacían sus reclamos.

En medio de esta acción colectiva, Rocío forjó su carácter de buscadora y defensora de derechos humanos. Aprendió a exigir justicia, verdad y garantías de no repetición con voz firme y decidida. Ni ella ni las otras familias sabían que existía la práctica de la desaparición forzada; ella apenas si había escuchado que existían unos grupos llamados Masetos (Muerte a Secuestradores), pero jamás se imaginaron que podrían irrumpir en Barrancabermeja. Creían que con la cantidad de militares, policías y agentes del DAS que vigilaban la ciudad estarían seguros.

En el camino organizativo, Rocío recuerda con especial cariño a don Jaime Peña, el papá de Yesid, un chico de 16 años que desapareció en la masacre. “Él dejó su trabajo de vendedor de seguros y se dedicó a la búsqueda. Había estudiado hasta 5° de primaria, pero era un hombre muy culto. Él fue nuestro líder, lo respetábamos mucho, parecía un papá con nosotros los más jóvenes, nos daba consejos y nos enseñaba a seguir la búsqueda”, evoca. Y rememora las discusiones de ese momento: “Nosotros creamos el Colectivo 16 de mayo en 2002, pero dijimos que no necesitábamos crear una figura jurídica. Don Jaime, Luz Almanza y yo éramos los coordinadores. Pero en 2007, Luz Almanza asumió la representación de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, (ASFADDES), yo empecé con la secretaría técnica de MOVICE y don Jaime asumió el liderazgo del colectivo”. Él, a nombre del Colectivo 16 de mayo, fue a La Habana, Cuba, donde el gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las FARC estaban negociando el Acuerdo de Paz. El objetivo era que tuvieran en cuenta las peticiones de las familias buscadoras. Y lo logró, ya que en un acuerdo temprano firmado el 17 de octubre de 2015, las partes acordaron la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).

Jaime Peña murió en junio de 2021 por complicaciones asociadas al COVID-19 sin encontrar a su hijo y dejando un vacío enorme en el Colectivo. “Un día lo acompañé a que le lustraran sus zapatos blancos en un estadero conocido como Las Iguanas y nos pusimos a hablar del proceso de búsqueda, de los problemas de seguridad que teníamos los dos, lloramos mucho y en un momento él consiguió un clip y me pidió que nos pincháramos el dedo meñique hasta que nos saliera una gota de sangre. Dijo que era un pacto de sangre: si yo muero primero, usted se compromete a seguir con el legado; si usted muere primero yo voy a cumplir mi palabra de que nadie va a sabotear o sacar provecho del trabajo que hemos hecho”.

En vista de la inoperancia y demora de la justicia colombiana para investigar y sancionar a los funcionarios públicos responsables de la masacre, las víctimas y organizaciones de derechos humanos llevaron el caso a escenarios internacionales. Se creó el Tribunal Internacional de Opinión, conocido como TIO, que sesionó en Toronto, Montreal y Colombia (1998-1999) y estableció la responsabilidad del Estado colombiano en la masacre y la desaparición forzada de 25 personas.

En julio de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), le pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos declarar al Estado colombiano como responsable de los hechos ocurridos el 16 de mayo en Barrancabermeja y establecer medidas de reparación, brindado tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico a las víctimas y sus familias para atender las afecciones derivadas de las violaciones de derechos humanos. Además, el Estado debe emprender un plan de búsqueda de las personas desaparecidas, a través de todos los medios disponibles, entre otras medidas.

2. Acentos

Además de promover la búsqueda de los desaparecidos, Rocío ha impulsado desde las organizaciones la creación e implementación de una política pública que garantice la búsqueda y los derechos de los familiares de las víctimas. Siguiendo el legado de don Jaime Peña, ella ha organizado y participado en espacios de reflexión y construcción de memoria. Por ejemplo, gracias a la presión de las organizaciones, el 16 de mayo fue declarado oficialmente como el día municipal de las víctimas en Barrancabermeja, que se conmemora desde 2009.

Ella misma se abrió espacios para trabajar con jóvenes, qué hacen parte de la comunidad LGBTIQ+ y víctimas del conflicto armado en los barrios de las comunas que históricamente estuvieron excluidas de los beneficios sociales de la explotación de petróleo en el puerto. Y, además, impulsa cada año la realización de jornadas pedagógicas en colegios e instituciones de educación superior, públicas y privadas para que familiares de las víctimas de la masacre del 16 de mayo sensibilicen a los estudiantes para garantizar la no repetición de estos hechos.

La búsqueda de tantos años le ha dado a Rocío una comprensión sobre las prácticas y patrones de la desaparición, le ha enseñado a reconocer los escenarios donde se disponían los cuerpos de personas dadas por desaparecidas y a conocer herramientas de búsqueda para incorporarlas en los saberes de las familias buscadoras. Ese trabajo ha inspirado a otras organizaciones a nivel regional y nacional, marcando un camino por la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad.

En este largo camino, Rocío ha participado de manera crítica y activa en la proyección del Plan Regional de Búsqueda Barranca Región de la UBPD, aportando sus conocimientos y acompañando las intervenciones arqueológicas y antropológicas y las prospecciones intrusivas que ha realizado la UBPD en más de 20 sitios de interés para la búsqueda en cinco predios en zona rural de en los municipios de Rionegro y Sabana de Torres (Santander).

Los lugares escogidos para la excavación fueron identificados gracias al uso de tecnologías geofísicas que permitieron observar algunas alteraciones. La aplicación de esta tecnología para la búsqueda permite acotar terrenos para acelerar la búsqueda y la entrega de respuestas. “Al estar aquí acompañándolos podemos evidenciar que el trabajo se está haciendo de manera transparente. Es muy importante estar en estos sitios porque esto hace parte de mi reparación. Los que sentimos la desaparición forzada vivimos en un duelo congelado en el tiempo”, dice Rocío.

IV. Contextos y circunstancias de la desaparición y la búsqueda

Barrancabermeja es el más importante puerto sobre el río Magdalena, la principal arteria fluvial del país, y hace parte del Magdalena Medio, una estratégica región en el corazón de Colombia clave para el desarrollo económico por su acceso y conectividad entre territorios con potencial agrícola, comercial, industrial y minero - cubre alrededor de 386 kilómetros del río, en medio de las cordilleras Oriental y Central-. También ha sido epicentro del conflicto armado y un lugar protagónico en el surgimiento de movimientos sociales que reivindican luchas políticas, sociales, laborales y sindicales.

Esta ciudad, además de albergar la principal refinería de petróleo del país, ha sido escenario del surgimiento y consolidación de guerrillas y de grupos paramilitares. Los pobladores de la ciudad han vivido un fenómeno de segregación, producto de un desarrollo desigual alrededor de la presencia de Ecopetrol. Los barrios del sector nororiental –comunas 5, 6 y 7– han estado marginados de los beneficios que ha llevado la estatal petrolera, mientras que el sector occidental del puerto ha contado con mayores recursos económicos y esto se nota en el plano geográfico, ya que es la línea del ferrocarril la que marca la división la ciudad.

En esos barrios marginados fue donde tuvieron mayor arraigo las guerrillas del ELN, las FARC, el M-19 y el EPL y donde se desarrollaron esas luchas campesinas y obreras con una explosión de movimientos sociales que derivaron en criminalización y la estigmatización del territorio. La presencia del Estado, entonces, ha estado más ligada a la represión de esas expresiones organizativas. En el puerto es emblemático, por ejemplo, el surgimiento de uno de los sindicatos más fuertes del país, la USO, que a través de huelgas y movilizaciones logró la nacionalización del petróleo y el reconocimiento del movimiento obrero.

En ese contexto, los pobladores de los barrios que estuvieron relegados del desarrollo que llevó Ecopetrol a la ciudad, fueron testigos, en sus calles destapadas y sin servicios públicos, del crecimiento de las guerrillas, principalmente la del ELN. Rocío recuerda que cuando su familia llegó a Barrancabermeja, a comienzos de los ochenta, era “normal” que integrantes de esa organización se involucraran en los asuntos de la comunidad.

Sin embargo, las organizaciones sociales también tuvieron su propio desarrollo, no siempre ligado a la insurgencia armada. En el barrio 9 de abril, por ejemplo, la Alcaldía convocaba a la comunidad para que aportara con trabajo y recursos para la pavimentación de las calles y la construcción del acueducto. Rocío, siendo muy joven, se vinculó a esas actividades: bazares, rifas, construcción de calles y acueductos. Las juntas de acción comunal eran fundamentales en la organización de la vida barrial.

La presencia de miembros de las guerrillas no solo trajo la estigmatización de los barrios, sino que se tradujo también en excesivo control sobre la vida de los habitantes de esas comunas. Así lo recuerda Rocío cuando tuvo que enfrentarse a miembros del ELN para recuperar a su hermano Daniel, quien fue retenido y maltratado en medio de un bazar.

Estas dinámicas están descritas en detalle en el Informe Final de la Comisión de la Verdad, en un capítulo que dedica al análisis de la situación de Barrancabermeja: “en un primer periodo, que podría situarse entre 1975 y 1986, predominan el ELN, el M-19 y el EPL mediante una presencia clandestina incorporada a las luchas cívicas y a la organización comunitaria. La presencia urbana del ELN, producto de su mismo crecimiento con el frente Cristóbal Uribe entre Bucaramanga y Barrancabermeja, aumentó a partir de 1986. Posteriormente surge el Frente Urbano Resistencia Yariguíes y el Frente Capitán Parmenio, los más activos en el puerto petrolero en este periodo. La expansión de las FARC se dio con milicianos del frente 24 de manera más clandestina, y en 1987 se consolidó la creación de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), que buscó agrupar a todas estas guerrillas. Sin embargo, en Barrancabermeja esa coordinación se estrellaba por la diferencia de criterios entre el manejo militar y político con la que se debía actuar frente a una situación concreta, por ejemplo, cuando se consideraba el ajusticiamiento de un habitante del barrio por ser ladrón, drogadicto o supuesto informante” .

En ese capítulo se reseña también el momento en que las FARC empiezan a ejercer control social en las comunas implantando toques de queda, restricciones de ingreso a los barrios, incidiendo en la vida cotidiana de los barrios y ampliando el reclutamiento de jóvenes. “El reclutamiento por parte de las guerrillas de jóvenes sin mayor preparación política y que fungían como milicianos o, incluso, comandantes, generó conductas de ‘indisciplina’. En algunas ocasiones el ELN y las FARC realizaron ‘purgas internas’, ‘ajusticiaron’ a comandantes por cometer actos de indisciplina y abusos contra la población civil como extorsiones, venganzas personales por celos, cobros de deudas, robo de ‘raciones’, entre otros”, señala.

En medio de estos abusos contra la población, se presenta la entrada de las AUSAC con la masacre del 16 de mayo de 1998, la primera de varias con las que estos grupos se posicionaron a sangre y fuego. Luego, en su intento por quedarse hicieron ofertas económicas, de protección y poder, que facilitaron su consolidación en algunos sectores del puerto.

“En este contexto, una de las maneras de extorsión más utilizadas por los actores armados con los contratistas y con la misma empresa fue el “clientelismo armado”, consistente en exigir cuotas de personal con listas que los grupos entregaban o por medio de juntas de acción comunal en la que ejercían influencia. Esta práctica fue ejercida tanto por la insurgencia armada como por el paramilitarismo. La extorsión más directa consistía en la exigencia a los contratistas de una cantidad de dinero o un porcentaje del contrato. La coerción iba acompañada de repertorios como la amenaza, el desplazamiento, incluso la tortura y el asesinato”.

La primera etapa de la incursión paramilitar en la ciudad se dio entre 1996 y 2001. Luego, “los paramilitares aprovecharon el “cansancio” de la población civil ante los constantes abusos de las insurgencias para ejecutar una gran cantidad de asesinatos selectivos a comandantes guerrilleros y ahondar la situación de enfrentamientos internos entre los grupos armados”.

Este contexto generó varios picos de aumento en las violencias contra la población civil y sobre todo de los casos de desaparición. Según la UBPD, el universo de personas dadas por desaparecidas del Plan Regional de Búsqueda de Barranca Región es de 1.495 personas. Este Plan incluye los municipios de Barrancabermeja, Puerto Wilches y Sabana de Torres.

En cuanto a la arremetida paramilitar, hay que señalar que después de la masacre del 16 de mayo vendrían otras similares el mismo año el 2 de agosto, el 4 de septiembre, el 16 de octubre y el 8 de noviembre. En los años siguientes, el Bloque Central Bolívar continuó con las masacres y desapariciones hasta 2005, asociadas con nombre propio a Julián Bolívar, Iván Roberto Duque Gaviria, Rodrigo Pérez Alzate, Mario Jaimes Mejía “El Panadero”, el comandante “Setenta” y “El Gavilán”, así como a las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio comandadas por Ramón Isaza.

Cronología

• 1977 (8 de septiembre): Nace en Bucaramanga (Santander).
• 1980 : Llega con su mamá y algunos de sus hermanos a vivir a Barrancabermeja.
• 1998 (16 de mayo): Hombres de las Autodefensas de Santander y Sur del Cesar, AUSAC, hacen su primera incursión armada en Barrancabermeja, dejando un saldo de 32 víctimas mortales y 25 personas desaparecidas.
• 1999 : Se crea el Tribunal Internacional de Opinión (TIO), que sesionó en Toronto, Montreal y Colombia y estableció la responsabilidad del Estado colombiano en la masacre del 16 de mayo.
• 2002 : Se crea el Colectivo 16 de mayo bajo la coordinación de Jaime Peña, Luz Almanza y Rocío Campos.
• 2009 : (enero) Las familias de las víctimas de la masacre del 16 de mayo viajan hasta Bucaramanga para recibir los cuerpos de Ender González Baena, Ricky Nelson García Amador, Wilson Pacheco Quiroz, Óscar Leonel Barrera Santa y Oswaldo Enrique Vásquez Quiñonez.
• 2009 : Se declara el 16 de mayo como el Día Municipal de las Víctimas en Barrancabermeja.
• 2013 (5 de julio): La Fiscalía General de la Nación entrega los cuerpos de Melquisedec Salamanca Quintero, Carlos Arturo Alaix Prada y Juan de Jesús Valdivieso Pavón.
• 2015 : Jaime Peña, a nombre del Colectivo 16 de mayo, viaja a La Habana, Cuba, donde estaban negociando las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos para exigir que se tuviera en cuenta las solicitudes de las familias buscadoras.
• 2020 (marzo 19): La JEP anuncia que acepta el sometimiento de tres oficiales investigados por hechos relacionados con la masacre del 16 de mayo de 1998. Se abre una vía de justicia transicional para esclarecer responsabilidades de agentes estatales.
• 2021 (junio): Muere Jaime Peña, líder del Colectivo 16 de mayo.
• 2024 : La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pidió a la Corte IDH declarar responsable al Estado colombiano de la masacre del 16 de mayo, exigir planes de reparación de las víctimas y de búsqueda de los desaparecidos.
• 2024-2025 : La UBPD adelanta prospecciones en varios lugares de Rionegro y Sabana de Torres para hallar los cuerpos de las personas que continúan desaparecidas.

¡La búsqueda nos une!

Si tienes un ser querido desaparecido o conoces la suerte o el paradero de una persona desaparecida en razón y en contexto del conflicto armado, antes del 1.º de diciembre de 2016, comunícate con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas:

Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas

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(+57) 3162783918

servicioalciudadano@unidadbusqueda.gov.co

Véase también

• Eliana Esther Sierra Ortiz
• Liliana Bustos Bohórquez
• Dominga Rincón Rincón
• Libia Ospina Criollo
• Temilda Vanegas Fuentes

Bibliografía

Castrillón, Gloria. Entrevista a Rocío Campos, septiembre de 2025. Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Telarañas de la impunidad, las voces de resiliencia frente a la violencia estatal-paramilitar en el Magdalena Medio (1998-2000). Bogotá: Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, 2019. Disponible en: https://www.colectivodeabogados.org/wp-content/uploads/2019/10/documento_telaran_as_de_impunidad_jep.pdf. Comisión de la Verdad. Caso 92 - Reconfiguración territorial de Barrancabermeja. Capítulo 4. Quitarle petróleo al pez: del asedio a la toma paramilitar. Disponible en: https://www.comisiondelaverdad.co/caso-92-reconfiguracion-territorial-de-barrancabermeja. Comisión de la Verdad. Rocío Campos Pérez - Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, 7 de marzo de 2022. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=a6b9QltBaak. Ríos de vida y muerte. Mi durante y mi antes. Disponible en: https://rutasdelconflicto.com/rios-vida-muerte/content/daniel-campos. Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. “Avanzan esfuerzos para encontrar a las personas desaparecidas en la ‘Masacre del 16 de mayo’ en Barrancabermeja”, 30 de octubre de 2024. Disponible en: https://unidadbusqueda.gov.co/actualidad/santander-barrancabermeja-caso-16-mayo-octubre-2024/. Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Plan Regional de Búsqueda Barranca Región, 2025. Disponible en: https://bapp.com.co/wp-content/uploads/2025/06/1.04.0338.pdf#:~:text=CARACTER%C3%8DSTICAS%20GENERALES%20DE%20LA%20REGI%C3%93N.%20El%20Plan,Yarigu%C3%ADes1%20del%20departamento%20de%20Santander%2C%20y%20que.

Créditos

1. Investigación: Gloria Castrillón Pulido para el Banco de la República. Proyecto adelantado con el apoyo de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), septiembre de 2025.

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