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Clases dominantes: las élites en la Nueva Granada
Ap3842.jpg
Antioqueños. Ramón Torres Méndez, 1800. AP3842. Colección de Arte del Banco de la República
Datos generales


Hoy es muy difícil trazar un cuadro coherente de las clases sociales en Colombia en el siglo XIX en sus aspectos económicos y sociales, pero es un hecho que las distinciones de clase fueron uno de los aspectos centrales de la cultura. En tiempos coloniales dominaba la distinción social por nacimiento (raza). El linaje y la “limpieza de sangre” determinaban el acceso de los individuos a la educación, a las profesiones “nobles” y a los cargos civiles, militares y eclesiásticos. La Independencia dio paso –en teoría y en términos legales- a la posibilidad de ascenso social mediante el trabajo, el dinero y la educación. En la práctica, sin embargo, las distinciones sólo se hicieron más complejas. Empezó a hablarse de “clases”, catalogándose a las personas según un conjunto de rasgos que incluían su riqueza y propiedades, su linaje (ancestros), su educación, su profesión u oficio… y su raza.

Entre los “blancos” había tipos especialmente destacados, según el escritor José María Samper. Uno de ellos era el criollo puro (“hijo de español, que conserva su sangre sin infusión de otras razas”). Se encontraba “en toda su pureza” en las ciudades de las altiplanicies, especialmente Bogotá, Popayán y Tunja. En ellas “las más antiguas familias” todavía tenían fe en la sangre azul, y “aunque la democracia y el tiempo han modificado las costumbres, estas familias… procuran siempre mantener cierto rango aristocrático”. En el lenguaje común, eran estas las familias de la “primera clase”, los “notables”, a los cuales se sumaban ahora aquellos que lograban ascender por distintos medios, blanqueándose como por encanto. Eran las clases dominantes de la Nueva Granada, que formaban el minúsculo pero poderoso sector de las elites nacionales y regionales.

Aún a fines del siglo XIX la raza, y especialmente la pertenencia a la raza blanca, continuaban siendo factores diferenciadores esenciales en la cultura nacional. Este rasgo cultural mantuvo cierta trascendencia en relación con aspectos como el trabajo y la posibilidad de ascenso social. Como en la época colonial, la cultura correlacionaba la riqueza con la blancura y la pobreza con el origen racial indígena, negro o mestizo. En su viaje a Colombia en 1882, el geógrafo alemán Alfred Hettner observó que “El bogotano distinguido suele ufanarse de su descendencia castellana o por lo menos española... También la gente de la clase media se sentiría ofendida al no tenérsela por blanca, a pesar de correr por sus venas por lo menos tanta sangre india como europea. Por lo general son de estatura más baja y de facciones menos finas que sus conciudadanos de jerarquía más elevada...”.

No quiere esto decir que el aspecto económico no hubiera sido esencial como factor de diferenciación social. Pero debe siempre tenerse en cuenta el contexto general del país en este aspecto económico. Al terminar el período colonial no se habían formado en Colombia las grandes fortunas que existieron en México, Perú o el Río de la Plata, y aunque ciertamente había grandes terratenientes, pues la propiedad estaba concentrada en pocas manos, el valor de la tierra era bajo y la productividad escasa. Los ganaderos ricos, como José María Lozano de Peralta en la sabana de Bogotá y la familia Arboleda en el Cauca, propietarios de decenas de miles de cabezas de ganado, fueron en realidad excepcionales. La agricultura y las manufacturas estaban lejos de ocupar una porción significativa de trabajadores. Tampoco había en Colombia grandes plantaciones como las que existieron en Brasil, Venezuela o Cuba, e incluso en la minería, el renglón más fuerte de la economía colombiana en toda la época colonial, las fortunas notables eran escasas y los mineros eran más bien pequeños empresarios que explotaban el oro en condiciones rudimentarias.

Todo esto se reflejaba en la modestia de las costumbres, el vestido y la vivienda, que se conservó hasta fines del siglo XIX. Como observó el viajero francés Gaspard Mollien en su viaje de 1823, “salvo ligeras diferencias, todas las casas se parecen; no hay nada que permita distinguir las de los ministros, y hasta costaría trabajo advertir cuál es la del Presidente, sin la guardia que custodia la entrada”. Por contraste con los palacios de Lima o Ciudad de México, en Colombia los que así se llamaban sólo lo eran de nombre, como anota el mismo Mollien: “Oyendo el pomposo título de palacio que se ha dado a la antigua mansión de los virreyes y que hoy ocupa la Presidencia de la República, podría uno imaginarse que va a ver un edificio suntuoso, cuando no es más que una casa de tejado bajo, con balcón corrido en la fachada, a la que están adosadas otras dos más bajas”. Abundan los testimonios sobre la proliferación de mendigos en las calles y las miserables condiciones de vida de la mayor parte de la población.

Por otra parte, si bien es cierto que la estructura de la propiedad y de los ingresos no necesariamente determinaban los rasgos culturales, sí les proporcionaban sentido y delimitaban sus alcances e implicaciones en las relaciones sociales. Las desigualdades en la sociedad colombiana del siglo XIX en ambos aspectos eran considerables, aún dentro del contexto generalizado de relativa pobreza en comparación con otros países. Las clases altas de Bogotá alcanzaban entradas anuales de $ 5.000 por persona, mientras que los verdaderamente pobres, la mano de obra campesina, los empleados del servicio doméstico y los trabajadores no calificados recibían entre $70 y $75 al año. Entre los dos extremos estaba la “clase media”, que percibía entre $150 y $700 anuales.

La propiedad de la tierra tuvo un valor diferenciador semejante al de la época colonial, pero presenta en su evolución algunas particularidades. La estructura de la propiedad agraria estuvo, aún más que en la colonia, dominada por la gran hacienda. Varios factores contribuyeron a reforzar la concentración de la tierra en pocas manos. En primer lugar, la eliminación de los resguardos indígenas, que después de varios intentos a partir del momento mismo de la independencia, se hizo definitiva con la ley de 22 de junio de 1850, que autorizó a las cámaras provinciales a enajenarlas. En segundo lugar, la desamortización de bienes de manos muertas, efectuada por el general Tomás Cipriano de Mosquera en 1861, que transfirió a la nación las propiedades de las comunidades religiosas, las mayores terratenientes desde la época colonial. Los principales beneficiados con el ulterior remate de las tierras eclesiásticas fueron los hacendados, ya dueños de grandes extensiones. Tercero, la colonización y la repartición de los inmensos baldíos del estado, cuya extensión y localización ni el propio estado conocía con precisión, aunque puede especularse que podrían corresponder a cerca del 80% de la extensión territorial del país. Por diversos medios, los hacendados complementaron sus propiedades con enormes baldíos, que se mantuvieron en su mayor parte improductivos. Lo importante, como en la colonia, era la posesión, aunque no se tradujera forzosamente en riqueza.

La imagen usual del terrateniente es la del “gamonal”, rico propietario que describe así José María Samper en un célebre cuadro de costumbres:

“El gamonal… tiene sumo interés (interés de vida o muerte para su autoridad de hecho), en que haya pobres y miserables en el pueblo, para que nadie le haga estorbo con veleidades de igualdad e independencia; en que la escuela no progrese, porque los ignorantes son siempre los más dóciles esclavos; en que no se cobren los réditos o valores pertenecientes a la iglesia, la escuela o el municipio, porque el gamonal mismo es quien tiene las fincas en arrendamiento o los fondos a interés, cuando no se los ha usurpado; en que no haya economías en la fábrica de la iglesia, porque ellas destruyen ciertos PASTELES de la mayordomía en que el gamonal tiene sus TAJADAS; en que los indios y mestizos no tengan protectores, ni garantías, ni dignidad, porque así no servirían como rebaños del feudo parroquial; en que la usura y la codicia reinen, porque con ellas y cien usurpaciones ha hecho su fortuna el señor gamonal; en que haya borracheras, jugarretas y fandangos, porque así vende el mismo gamonal los licores, los naipes y las velas de alguna tienda suya; en que florezcan los concubinatos, porque a su sombra dispone el BARÓN parroquial de las bonitas del pueblo y de las hijas de sus arrendatarios; en que haya estancos y monopolios, porque así rematara el dichoso gamonal el ramo de aguardientes y venderá bien caros sus novillos; y en fin, en que no haya elecciones formales, ni legalidad alguna, ni mejoras materiales, porque aquellas pronto suprimirían la autori-dad gamonalicia, y las últimas llamarían la atención del gobernador o prefecto hacia la parroquia, y podrían provocar nuevos impuestos y afluencia de enfadosos huéspedes o visitadores políticos”.

El cuadro que traza Samper es más un estereotipo que una pintura fiel de los propietarios rurales de la Nueva Granada, pues era más usual el tipo de propietario no residente en la hacienda. Por otra parte, no es del todo fiel la imagen del arrendatario o el aparcero como víctimas inermes e inocentes del malévolo gamonal. Sin embargo, da cuenta de las formas potenciales de ejercicio del poder local basado en la propiedad agraria.

Las descripciones sobre las clases altas señalan que, incluso en estos niveles sociales, había escasa uniformidad. Existen diferencias entre el terrateniente antioqueño, el caucano y el de la cordillera nororiental, así como entre el terrateniente, el comerciante y el empleado público. Pero incluso en el caso de los terratenientes debe hacerse distinción entre el “gamonal”, propietario residente en su hacienda, y otros propietarios rurales. Entre estos se encontraban aquellos que vivían en las ciudades y combinaban su condición de hacendados con la de comerciantes, mineros o profesionales. Probablemente se trataba de la mayor proporción de los terratenientes de todo el país. Su contacto con los campesinos era escaso, quedando la hacienda en manos de un mayordomo. Hettner escribe sobre ellos en estos términos: “Excepción hecha de la sabana de Bogotá, son contadas las haciendas cuya vivienda ofrezca un ambiente de comodidad para la familia, constando la casa señorial a menudo de apenas dos piezas económicamente instaladas. Pero no ha de extrañarnos el fenómeno, ya que la familia raras veces sale de la ciudad a vivir en la hacienda, prefiriendo con frecuencia los mismos dueños permanecer en la ciudad para ejercer el comercio o las profesiones de médico o abogado, limitando sus visitas a una o apenas dos al año, con el objeto de inspeccionar el ganado y las cosechas, en lugar de concentrar toda su capacidad a la administración y mejora de la hacienda. La administración de las haciendas de tamaño medio está en manos de un mayordomo, hombre que, a menudo, apenas sabe leer y escribir y aplicar las cuatro operaciones, deja andar los quehaceres por el camino trillado, incapaz como es de introducir mejoras”.

El mismo Hettner traza un cuadro del ritmo de vida de las clases altas en Bogotá, incluidos los terratenientes ausentistas, que resume la mayoría de las descripciones de la época sobre ellos: “Las horas disponibles entre desayuno y almuerzo, lo mismo que aquellas entre este y la comida, los señores las dedican a los negocios, yendo a la oficina o a la calle. Su trabajo raras veces es muy persistente y tenaz. El apuro febril tan de usanza en los Estados Unidos, no se conoce aquí. Todo se hace de manera acompasada, habiendo siempre tiempo para una charla. Lentamente se pasea por la calle, se encuentra con un amigo, intercambiando una profusión de fórmulas de saludo... Llega otro amigo y otro más, para continuar todos charlando por horas, parados en medio del andén, cerrándoles así despreocupadamente el paso a los transeúntes. O se entra al almacén de algún amigo... simplemente para pasarse una horita charlando... Por lo demás, el trabajo diario se reduce a escribir unas pocas cartas... Después de la comida, se pasa una hora más en el almacén, atendido mientras tanto por un empleado. A las seis cierra. Entre las cinco y las siete de la tarde, tanto el altozano... como el camellón de San Diego, se hallan repletos de paseantes, hombres en su gran mayoría. Sólo por excepción se encuentra a un marido acompañado por su esposa”.

El comerciante, con frecuencia también hacendado, solía atender él mismo su propio almacén, independientemente de la extensión de sus haciendas, de sus relaciones comerciales con Europa o los cargos públicos que hubiera ocupado, incluido el de ministro de estado. Esto no supone necesariamente diferencias en los prejuicios arraigados desde la época colonial en cuanto a la discriminación de los oficios. Sencillamente, las clases altas mantenían su asociación con ciertas ocupaciones como la de hacendado o comerciante, dejando para otros los oficios “innobles” y los cargos públicos medios o inferiores. Hettner observa la aversión a ocupar estos cargos entre las clases altas, y señala que solían emplearse en ellos abogados y políticos profesionales a los que califica como el “proletariado de la clase superior”, a quienes describe como “gente sin propiedad raíz ni de otros bienes, que en lugar de dedicarse a cualquier otro oficio, se mete en política, esperando que alguna revolución le gane supremacía a su partido, con un buen cargo público como recompensa personal, y buscando mientras tanto su sustento en la acumulación de deudas o entregándose al juego”. Los retrasos en los pagos a los empleados públicos y la falta de capital para sobrevivir de manera independiente creaban condiciones aptas para la corrupción, que según muchos testimonios era bastante frecuente, sin poderse realizar la mejor diligencia sin que mediara algún tipo de soborno.

Entre las clases altas prevaleció la aversión por el trabajo manual, como en la época colonial, y las excepciones sólo confirman la regla. Muchos viajeros se sorprendían al ver que un individuo pasaba de desempeñar el cargo de ministro de Relaciones Exteriores a trabajar tras el mostrador de un almacén de su propiedad, pero esto se debía a que el comercio no se consideraba ni deshonroso ni como trabajo manual. Algunos eran hacendados, pero probablemente en su mayoría eran del tipo del terrateniente que vivía en la ciudad, con escaso contacto con su tierra y sus trabajadores.

Buena parte del atraso de la Nueva Granada debe atribuirse a la primacía de los intereses individuales sobre los intereses colectivos, algo quizás cercano a lo que el historiador Frank Safford llamó “falta de espíritu de asociación”. Y este rasgo fue bastante visible entre las elites colombianas del siglo XIX. La frecuencia y la difusión de este rasgo cultural hacen pensar que no se trataba solamente de una característica localizada o incidental. Un ejemplo ilustrativo puede extraerse del fracaso de los planes de obras públicas del general Mosquera. La ley adicional sobre caminos nacionales, de 9 de junio de 1845, definía los caminos provinciales de interés nacional, uno de ellos el que debía unir a Cali con la bahía de Buenaventura, en el occidente del país. La falta de fondos oficiales para llevarlo a cabo impidió, como en todos los demás proyectos de obras públicas, que el gobierno lo llevara a cabo. El gobierno recurrió entonces a la iniciativa privada, y trató de promover la formación de una sociedad de empresarios caucanos a la cual otorgar privilegio exclusivo para la construcción de dicho camino. No obstante, como comentó El Neo-Granadino, “se creerá sin vacilar que los ricos propietarios de los Valles del Cauca y riberas del Dagua, que los capitalistas todos de la Buenaventura se habrán apresurado a formar una sociedad empresaria para realizar lo que el Gobierno nacional no puede realizar? ¡Pues no! Nadie se ha movido, nadie ha correspondido a las excitaciones del presidente, ¡nadie! Si se tratara de un camino proyectado en China o en Siberia, no habrían manifestado mayor indiferencia los señores caucanos: ellos quieren permanecer pobres y oscuros”.

Más que episódico, el caso del camino de Cali a Buenaventura muestra también que la iniciativa empresarial no estaba tan desarrollada en la Nueva Granada. Como inversión privada habría sido una oportunidad única para los empresarios locales, pues el camino, cuyo costo se calculaba en 350.000 pesos, al alcance incluso de las medianas fortunas de la región, habría podido ser una de las dos vías más importantes para el comercio de importación y exportación del país. Con el tiempo, Buenaventura llegaría a convertirse en el principal puerto colombiano sobre el Pacífico, y ya entonces se hablaba de la inminencia de la construcción de un canal interoceánico por el istmo de Panamá.

Pero muchas veces la falta de cooperación para el logro de fines comunes no se debía a falta de visión empresarial, sino a la defensa de intereses creados. El geógrafo Agustín Codazzi descubrió que una de las razones por las cuales algunos “capitalistas” del Valle del Cauca no solo no invertían en el vital camino de Cali a Buenaventura, sino que se oponían a su construcción, era que llevaban a cabo actividades muy rentables basadas en la inexistencia de dicho camino. Como señaló al gobierno en el informe sobre su propio proyecto para esta ruta, “unos pocos ricos especuladores, que tienen el monopolio de las mulas y de las embarcaciones, en extremo ventajoso para ellos, se opondrán a la apertura de cualquier camino que se intentase, porque no ven sino sus propios intereses mal entendidos, y les importa poco el bien general de la provincia”.

Véase también

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Créditos

  • Efraín Sánchez, Historiador e investigador. 2020