La educación y las relaciones con la iglesia en el siglo XIX

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Pedagogía cachas flojas
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Alfredo Greñas

1880

Caricatura

El Zancudo: periódico cándido, anti político, de caricaturas, costumbres y avisos,

Bogotá, 1890, vol. II, n.º XIII

Universidad de Antioquia, Biblioteca Central, Hemeroteca
Datos generales

Nadie en el siglo XIX habría controvertido las palabras del presidente José Hilario López cuando en su programa de 1849 describió a la educación como “la base imperecedera sobre que deben descansar las instituciones”. Esta idea sintetizaba la actitud de las élites de la Nueva Granada con respecto a la educación. Su fomento constituía el primer renglón de todo plan de progreso para el país. Sin embargo, los hechos estuvieron muy distantes de corresponder a las aspiraciones.

Después de la independencia

El gobierno no tardó en adoptar acciones para mejorar la educación en la Nueva Granada. El General Francisco de Paula Santander puso en marcha, por decreto de 3 de octubre de 1823 un Plan de Estudios que a todas luces representaba un importante paso adelante para la educación en el país. Los esfuerzos se orientaron hacia la democratización de la educación, suprimiéndose los beneficios y privilegios de la época colonial y, sobre todo, entregando al Estado la dirección y orientación de la actividad educativa. Las primeras disposiciones sobre educación se refieren a la enseñanza pública y en particular al establecimiento de escuelas de enseñanza primaria elemental y colegios o casas de educación en todas las provincias de la República. En 1826 se crearon las universidades centrales de Bogotá, Quito y Caracas y en 1832 comenzaron a fundarse colegios departamentales.

No se puede menos que estar de acuerdo con el historiador José Manuel Restrepo, conservador y opositor de Francisco de Paula Santander, cuando escribió al final del gobierno de aquel en 1837: “Acaso no ha existido otra administración granadina que pusiera tanto celo en promover la instrucción pública que contribuye muy eficazmente a la felicidad y riqueza de las naciones”. Santander duplicó el número de escuelas públicas y creó los colegios provinciales. El retroceso es muy claro en los gobiernos de José Ignacio de Márquez y Pedro Alcántara Herrán, e incluso en el de Mosquera, pero esto en parte se explica por el avance de las escuelas y los colegios privados. En 1848 había 294 escuelas privadas de niños y 365 de niñas, lo cual eleva el total de escuelas en ese año a 1.133.

En todo caso, no obstante los esfuerzos de Santander y la proliferación de escuelas y colegios privados, en su conjunto eran solamente una gota de agua en un mar de necesidad. Casi la mitad de la población de la Nueva granada la componían niños y jóvenes menores de 16 años; de ellos menos del 2% recibía educación pública, que sumada a la privada no llegaba a cubrir al 4%, siendo optimistas. Piénsese en esta cifra. De cien niños y jóvenes, 96 no recibían educación alguna. Pero que el 4% de niños y jóvenes se estuvieran educando ya habría sido gran cosa, si no fuera por la calidad de la educación. Las escuelas, como describió Manuel Ancízar las de algunos pueblos en 1851, daban “pesadumbre por la carencia de útiles, lo desaliñado del local y la falta absoluta de un método racional de enseñanza, en lo cual influye decisivamente la carencia de útiles, contra la cual sólo un genio pedagógico podría luchar con buen éxito”.

La calidad de la educación era mayor en el nivel secundario, pero había una enorme distancia entre los colegios provinciales estatales y los privados. Uno de estos fue el Colegio del Espíritu Santo, fundado en 1846 por Lorenzo María Lleras, quien invirtió 65.000 pesos en edificios, materiales y equipos para la enseñanza de disciplinas científicas, e incluyó a extranjeros entre sus profesores.

Los esfuerzos por impulsar la educación técnica y científica se iniciaron en los albores de la República, cuando el general Francisco de Paula Santander estableció también la Escuela de Náutica de Cartagena y una Escuela de Minería en Bogotá, esta última por Ley de 28 de julio de 1823. El primer considerando de esta ley manifiesta el vínculo, que ya era claro para el gobierno, entre el desarrollo de la ciencia y el progreso: “Que al paso que han sido ignoradas en estas regiones las ciencias naturales, por una consecuencia precisa de la pésima administración de su anterior gobierno, son absolutamente necesarias para el adelantamiento de su agricultura, artes y comercio, que son las fuentes productoras de la felicidad de los pueblos”.

Sin embargo, más de un cuarto de siglo después, este ideal estaba lejos de haberse afincado en el país. En su informe al Congreso de 1845, el General Tomás Cipriano de Mosquera comenta sobre las deficiencias de la educación en el país, y particularmente a su incapacidad de responder a las necesidades reales: “Hasta hoy, nos hemos ocupado únicamente en el estudio y enseñanza de las ciencias morales y políticas y de la medicina con imperfección. La juventud deseosa de aprender se ha lanzado toda a estudiar jurisprudencia y medicina, y no hay un arquitecto, un mecánico, un agrimensor, un ingeniero civil, ni un geógrafo. Tenemos que mendigar conocimientos extraños para la menor obra de este género”. Quizás toda la juventud estuviera deseosa de aprender, pero la verdad es que sólo un puñado insignificante de granadinos se había lanzado a estudiar siquiera jurisprudencia y medicina –o incluso teología-. En 1810 había unos 200 estudiantes universitarios, cifra que después de 38 años de esfuerzos se había elevado, según el gobierno, a poco más de 900, si bien los que cursaban estudios profesionales acaso no llegaban a más de 400. Todos eran hombres, pues las mujeres ni siquiera eran ciudadanas.

En la primera mitad del XIX existieron cuatro universidades pertenecientes a comunidades religiosas con derecho a otorgar títulos: Las de Santo Tomás, San Nicolás de Mira y San Buenaventura en Bogotá, y la de San Pedro Apóstol en Mompox. Estas se complementaban con los colegios mayores del Rosario y San Bartolomé en Bogotá. En el sector público, existían desde 1827 las universidades de Bogotá, Popayán y Cartagena. Los estudios universitarios profesionales se reducían a dos disciplinas para los estudiantes laicos, derecho y medicina, y teología para los religiosos. Eran las mismas carreras de la época colonial, y ni siquiera el General Santander, con su Plan de Estudios de 1826 había logrado modificar esta orientación de los estudios superiores. Sin embargo, el Plan de Santander había hecho pasar la universidad al control del Estado, suprimiéndose el monopolio que hasta entonces habían tenido las comunidades religiosas.

En su primera administración, el general Tomás Cipriano de Mosquera puso en marcha dos grandes proyectos para fomentar la educación técnica: El Instituto de Ciencias Naturales, Físicas y Matemáticas, que integraba las escuelas de ciencias de las universidades de Bogotá, Cartagena y Popayán, las tres que entonces existían, y el Colegio Militar, creado en 1847 para formar “oficiales científicos” e ingenieros civiles. Finalmente primaron los intereses civiles, y el Colegio Militar formó la primera generación de ingenieros en Colombia. El Instituto de Ciencias Naturales tenía como misión preparar agrimensores, geólogos, técnicos en minería, químicos, mecánicos, botánicos y zoólogos, necesarios para aprovechar los recursos naturales del país, y para el efecto Mosquera contrató los servicios de profesores extranjeros.

Estos esfuerzos no perduraron. El Colegio Militar cerró sus puertas en 1855 y el Instituto de Ciencias Naturales no logró sus ambiciosas metas, principalmente porque las limitaciones presupuestales no permitían al gobierno sostener los costosos maestros extranjeros, ni los laboratorios, ni construir el jardín botánico y el observatorio astronómico que Mosquera había previsto que funcionaran en cada una de las universidades.

Llegan las transformaciones y se acentúan los conflictos con la Iglesia

Cambios inusitados y ciertamente radicales esperaban a la educación en el período de transformaciones de mediados de siglo. En mayo de 1848, bajo Mosquera, se había promulgado una ley “sobre libertad de enseñanza y habilitación de cursos”, que daba libertad a los granadinos de enseñar y aprender en colegios públicos y privados y obtener en ellos títulos académicos, siempre y cuando se observara el régimen universitario. Ante la carencia de recursos oficiales, José Hilario López aceptó mantener aquella ley, que en la práctica encomendaba a las escuelas y los colegios privados parte del papel que no podía cumplir el Estado. “Si bien los Colegios nacionales no pueden menos que tener una organización mezquina”, dijo al Congreso de 1850, “los provinciales y los de los particulares se han aumentado y mejoran visiblemente”. Prueba de ello eran excelentes colegios privados como el del Espíritu Santo y el de San Buenaventura, en Bogotá.

Sin embargo, si tales colegios daban siquiera un mínimo de fundamento al optimismo, este se desvaneció con la Ley de 15 de mayo de 1850 “sobre libertad de estudios”, que interpretaba de manera literal dicha libertad. Se abolieron los exámenes, se eliminó la necesidad de título académico para el ejercicio de cualquier profesión, con excepción de la de farmaceuta, y se suprimieron las tres universidades que existían en la nación (Bogotá, Popayán y Cartagena), convirtiéndoselas en colegios nacionales. La libertad de estudios llegó a su punto culminante en 1853, bajo el gobierno de José María Obando, cuando se expidió una resolución que declaraba que los títulos profesionales eran semejantes a títulos nobiliarios, y que por lo tanto no debían mencionarse en ningún acto ni documento oficiales. Ante la inutilidad de los títulos, los jóvenes comenzaron a dejar los colegios, como en el caso del Espíritu Santo, que vio reducir su alumnado de 150 estudiantes en 1850 a 72 en 1851. Su director, Lorenzo María Lleras, lo cerró de inmediato, alegando que la ley había privado a los educadores de “medios coercitivos eficaces para obligar a estudiar a los alumnos”, asestando “un golpe de muerte a los buenos estudios, a los estudios que forman al hombre, a los únicos de que necesita el país para su positivo progreso, como las matemáticas, las ciencias intelectuales, la geografía, la mecánica, la física, los idiomas extranjeros, etc.”. Si antes los colegios públicos sólo podían ser mezquinos, ahora la mezquindad había llegado también a los privados.

Este fue el comienzo de un período de radicalismo tan acentuado en materia educativa que en 1859 el Obispo de Pamplona expidió una pastoral prohibiendo “categóricamente” a las familias católicas poner a sus hijos en ciertos establecimientos”. No obstante, dos años después el presidente Tomás Cipriano de Mosquera suprimió oficialmente la instrucción religiosa en los colegios y escuelas y clausuró varias universidades de las comunidades religiosas.

En la Nueva Granada el asunto de la religión, la Iglesia y los curas tuvo desde el principio claro color político. Las cosas comenzaron mal desde antes de disolverse la Gran Colombia, cuando los altos jerarcas de la Iglesia dieron su respaldo a la dictadura de Rafael Urdaneta, para contrariedad de los santanderistas. Jamás habían ocultado su inclinación hacia la causa bolivarista y su aversión por Santander, y los hechos durante las primeras administraciones republicanas mostraron claramente a qué sector político habrían de apoyar.

Pese a sus convicciones liberales, Santander veía los peligros de que en un país abrumadoramente católico se actuara de manera que pudiera ofender el sentimiento religioso. Había una cosa, sin embargo, en que Santander no estaba dispuesto a transigir. A fines de su mandato como vicepresidente de la Gran Colombia había establecido como textos obligatorios en las universidades los libros del filósofo británico Jeremy Bentham, en especial Fragmentos sobre el gobierno, su primera obra (1776), e Introducción a los principios de moral y legislación (1789). Bolívar había suprimido los textos de Bentham en 1828, pero Santander los restableció en 1833 y desde entonces los moderados los atacaron como “inmorales” y “perniciosos”. En 1835 el cura de Marinilla, José María Botero, publicó una serie de artículos contra el presidente Santander, llamándolo “impío”, “tirano” y “malvado”. Santander nunca aceptó retirar de la enseñanza los textos de Bentham y finalmente lo hizo el Congreso, dominado por los moderados, el 16 de mayo de 1840, diez días después del fallecimiento de Santander. Esta disputa contribuyó a fortalecer la idea de que los liberales atacaban la religión y los moderados la defendían.

Pero la primera disposición que realmente enfrentó al gobierno liberal con la oposición conservadora fue la expulsión de los jesuitas en 1850. Ocho años atrás habían sido restablecidos por el gobierno conservador de Pedro Alcántara Herrán, y desde entonces los enfrentamientos por esta causa se hicieron cada vez más frecuentes. En 1844 Herrán los designó para dirigir el Colegio Provincial de Mompox y se proponía hacer lo mismo con el de Popayán, lo cual significaba para los liberales entregar el control de la educación a las comunidades religiosas. El 18 de mayo de 1850 López dictó el decreto expulsando a todos los jesuitas extranjeros. Los nacionales podían quedarse, pero no se les consideraría como miembros de orden religiosa alguna. El escándalo que armaron los conservadores ante esta disposición impulsó al gobierno a acuartelar a las tropas e incluso a repartir armas entre los estudiantes liberales en previsión de cualquier alzamiento. Nada sucedió… por el momento.

Los conflictos entre el gobierno y la Iglesia llegaron a un punto candente con el regreso al poder del general Tomás Cipriano de Mosquera en julio de 1861. Dos días después de su llegada a Bogotá, Mosquera dictó un decreto por el cual se declaró que, en lo sucesivo, el Poder Ejecutivo de la Unión ejercería el derecho de tuición respecto a todos los cultos que hubiera en el territorio. Tuición es la acción de guardar o defender, según el diccionario, pero el sentido que tenía la palabra en el decreto era muy distinto. “Ningún ministro superior” –decía el documento- “podrá ejercer sus funciones… sin el pase o autorización del encargado del Poder Ejecutivo, o de los presidentes o gobernadores de los estados, en sus respectivos casos”. La segunda disposición se produjo seis días después, cuando Mosquera decidió expulsar, una vez más, a la Compañía de Jesús. El decreto correspondiente, de 26 de julio, decía que “como medida de alta policía se le hará salir del país inmediatamente, extrañando a sus miembros como infractores de la ley y enemigos del gobierno”, y explicaba que “esta compañía o sociedad tiene tendencias contrarias a la paz pública”.

Un nuevo golpe vino el 9 de septiembre, día en que el presidente expidió el decreto “sobre desamortización de bienes de manos muertas”. Se llamaba “manos muertas”, como explica el decreto, a “las corporaciones civiles o eclesiásticas y establecimientos de educación, beneficencia o caridad”, cuyos bienes no podían ser vendidos pues los poseían a perpetuidad. Tenían tal carácter no sólo las comunidades religiosas y las parroquias, sino también el gobierno, los cabildos y las municipalidades. Desamortizar sus bienes no era otra cosa que hacerlos ingresar en el mercado. Por lo tanto, se ordenó que todas las propiedades urbanas y rurales de las mencionadas corporaciones existentes en el territorio nacional se adjudicaran en propiedad a la Nación. Se exceptuaban, claro, los templos, colegios, hospitales, mercados, penitenciarías, los locales de las oficinas públicas, las propiedades pertenecientes a las municipalidades y todas aquellas destinadas al servicio público. Aparte del argumento sobre la riqueza pública, Mosquera obviamente esperaba que la venta de las propiedades rurales y urbanas de las comunidades eclesiásticas produjera beneficios importantes para las arcas estatales, ahora más necesitadas por los gastos de la guerra. Las tierras en efecto se vendieron con rapidez, pero ni eran tan extensas ni sus nuevos propietarios seglares les dieron un uso más productivo que los eclesiásticos.

Las medidas de Mosquera hicieron que al período radical se le atribuyera un tono anticlerical mucho más acentuado que al de la Revolución Liberal de la década anterior, cuyas reformas con respecto a la religión fueron tanto o más sustanciales. Esto incomodó incluso a los liberales más radicales, que veían cómo se afianzaba la asociación del liberalismo con el ateísmo y del conservatismo con el respeto a la religión mayoritaria de la nación.

A esta altura, poco había progresado la educación desde las reformas liberales de mediados de siglo. Aún se mantenía el principio de libertad de estudios en un país donde había pocas oportunidades para estudiar, y la educación profesional se impartía en los colegios nacionales y los provinciales, pues se habían suprimido las universidades. Para promover la educación técnica y científica, Mosquera restableció el Colegio Militar en 1861, pero después de una penosa historia se suprimió en 1867. Este contexto resalta la contribución de los radicales en materia educativa.

El 22 de septiembre de 1867 el General Santos Acosta firmó la ley por la cual se creó la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia. Era un proyecto evidentemente distinto a todo lo anterior, pues además de las tres escuelas destinadas a la enseñanza de las disciplinas tradicionales, Derecho, Medicina, y Literatura y Filosofía, se agregaban tres para los estudios técnicos y científicos: Ciencias Naturales, Ingeniería, y Artes y Oficios. La Biblioteca Nacional quedó adscrita a la Universidad en general, y el Observatorio Astronómico, el Museo Nacional, el Hospital de Caridad y el Hospital Militar a la Escuela de Ciencias Naturales. Las clases comenzaron en febrero de 1868 con 315 alumnos. Pero no fueron los radicales los únicos en dar impulso en esta época a la educación superior. En 1871 el gobierno conservador de Pedro Justo Berrío, en Antioquia, convirtió el Colegio del Estado en Universidad de Antioquia. En 1874 se abrió en este plantel la facultad de ingeniería civil, que en 1887 se convirtió en la Escuela Nacional de Minas.

Es cierto que el número de niños que recibían educación primaria se había triplicado en la época de la Revolución Liberal, pasando de 21.480 en 1848 a 60.155 en 1870, pero esto se debió ante todo a los esfuerzos de algunos gobiernos regionales, principalmente Antioquia, Cundinamarca y Santander. Recién iniciado el gobierno de Eustorgio Salgar, los radicales pusieron por fin en obra sus ideas sobre cómo debía ser la educación primaria. La Ley de 2 de mayo de 1870 autorizó al Ejecutivo para organizarla y establecer escuelas normales en las capitales de los estados. Lo primero se verificó mediante el Decreto Orgánico de Instrucción Pública de 1º de noviembre de 1870, firmado por Salgar y su secretario Felipe Zapata (a quienes algunos consideran, en forma un tanto exagerada, como el equivalente colombiano del argentino Domingo Faustino Sarmiento). Con este decreto se declaró la educación primaria gratuita y obligatoria en toda la nación para los niños de 6 a 14 años y se sentaron las bases del sistema educativo, al crearse la Dirección General de Instrucción Pública, convertida en Ministerio de Educación en 1880. El establecimiento de las escuelas normales se llevó a cabo por el Decreto Orgánico de 1° de noviembre de 1872, en el segundo gobierno de Manuel Murillo Toro. Mediante contactos diplomáticos hechos en Europa -entre otros por Rafael Núñez- se contrató una misión de pedagogos alemanes, uno para cada estado, con la responsabilidad de fundar una escuela normal y una elemental modelo, anexa a aquella. También se introdujeron los métodos de enseñanza del pedagogo suizo Johann Pestalozzi, que ponían énfasis en el aprendizaje experimental.

La reforma produjo avances en algunos aspectos, como el aumento del número de planteles educativos y el de alumnos, aunque aún sólo quedaba cubierto el tres por ciento de la población. Pero en otros fue fuente de serios conflictos. No prohibía la enseñanza de la religión, pero establecía que esta debía impartirse por clérigos en horas específicas, a estudiantes cuyos padres lo hubieran solicitado. Los conservadores y la Iglesia vieron esto como un paso hacia una educación atea. El gobierno central promovió la implantación de la reforma en todo el país, y algunos estados llegaron a extremos, como el de Cundinamarca, cuya Asamblea prohibió la enseñanza religiosa en las escuelas. Las exageraciones fueron también patentes entre los afectados, como el Obispo Carlos Bermúdez de Popayán, que en 1872 anunció la excomunión de los padres de familia que matricularan a sus hijos en escuelas públicas y dos años después prohibió a los estudiantes de las escuelas normales que participaran en las procesiones de Semana Santa. Complicaba aún más las cosas el hecho de que siete de los nueve especialistas alemanes eran protestantes. Todo esto habría de ser esgrimido por los conservadores como argumentos para su levantamiento contra el gobierno radical en la guerra de 1876. Sacaron a relucir, en particular, la reforma educativa de 1870 y las circunstancias que rodearon el establecimiento de escuelas normales, vistos por ellos y los eclesiásticos como el ataque más devastador contra la religión.

Llega la Regeneración y se declara a la religión católica como Alma Mater de la civilización

Al declarar que “La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la de la Nación”, la Constitución de 1886 reconoció el hecho de que Colombia era un país de mayorías católicas, cosa que evidentemente no habían hecho los regímenes radicales. Pero no se trataba solamente de la aceptación de un hecho “sociológico”, sino de la imposición del principio de que el catolicismo era la única religión posible para Colombia:

“El catolicismo es la religión de Colombia, no sólo porque los colombianos la profesan, sino por ser una religión benemérita de la patria y elemento histórico de la nacionalidad, y también porque no puede ser sustituida por otra. La religión católica fue la que trajo la civilización a nuestro suelo, educó a la raza criolla y acompañó a nuestro pueblo como maestra y amiga en todos tiempos, en próspera y adversa fortuna... Si Colombia dejase de ser católica, no sería para adoptar otra religión, sino para caer en la incredulidad, para volver a la vida salvaje... O ella o ninguna.”
Miguel Antonio Caro

Con la declaración de que “Se entiende que la Iglesia Católica no es ni será oficial, y conservará su independencia”, aparentemente se aceptaba la separación entre los dos poderes establecida en 1853 y sostenida a lo largo de todo el período federal. Pero sólo aparentemente, pues lo que no quedó tan independiente fue el Estado. Su subordinación a la Iglesia comenzó a quedar patente en el Artículo 41: “La educación pública será organizada y dirigida en concordancia con la Religión Católica”. El principio era que el Estado tenía “la obligación de educar, de formar el carácter nacional, de fomentar la ilustración con el derecho de doctrina”, como dijo Caro, pero no podía tratarse de cualquier educación, pues para él los gobiernos “tienen deber de acatar las enseñanzas de la Iglesia y darles curso en los establecimientos de educación oficial”. La educación primaria costeada con fondos públicos sería gratuita, según la Constitución, pero no obligatoria, pues según Caro dicha obligación es “injusta en sí misma y anticristiana”. Este sólo fue el comienzo, pues todo lo demás vendría con el Concordato.

El 31 de diciembre de 1887 se firmó el convenio que ponía en blanco y negro las prerrogativas de la Iglesia frente al Estado. Algunos de sus puntos coinciden con lo ya establecido en la Constitución, pero otros amplían el poder de la Iglesia en dos aspectos fundamentales: la educación y la familia.

Puntos del Concordato de 1887 que amplían la Constitución

  • En las escuelas, los colegios y las universidades será obligatoria la enseñanza religiosa y la observancia de las prácticas piadosas.
  • El gobierno se compromete a impedir que se propaguen ideas contrarias al dogma católico
  • El matrimonio católico produce efectos civiles.
  • El gobierno reconoce a perpetuidad, como deuda, el valor de los censos eclesiásticos redimidos y los bienes desamortizados, que se pagará con un interés anual del 4,5%

No sólo habría de ser obligatoria la enseñanza del catolicismo, sino que el gobierno se comprometía a no permitir la difusión de textos “impíos” como los de Bentham y otros pecadores. Pero mucho más devastadora fue, para el fisco, la obligación que adquirió el gobierno de indemnizar a la Iglesia por los efectos del decreto de desamortización de bienes de manos muertas de la época de Mosquera. Se regresaban a la Iglesia los bienes desamortizados, y el valor de los que se hubieran vendido se convertía en deuda consolidada. Reconociendo “el estado en que se halla el Tesoro nacional”, el Vaticano aceptó condonar los valores que no se hubieran cancelado hasta el día en que se firmó el Concordato, pero como compensación el gobierno tendría que asignar una renta perpetua de $ 100.000 a la Iglesia, que iría aumentando a medida que mejoraran los ingresos de la nación.

La parábola del caballero cristiano: La religiosidad en la cultura

Un conocido filósofo latinoamericano, Manuel García Morente, creó en la década de 1930 un “tipo” que llamó el “caballero cristiano”, para caracterizar al “estilo de la hispanidad”. Deseoso de fama, despectivo frente al trabajo manual, desdeñoso de los bienes materiales, caritativo, poco práctico o calculador y gustoso de los refinamientos, el “caballero cristiano” sería la antítesis del austero y laborioso protestante y explicaría el escaso desarrollo del capitalismo en el continente. Lo explicaría en parte, porque además habría otro “tipo” religioso, el del cristiano resignado y fatalista que asumía la pobreza y la desgracia como expresión de la voluntad de Dios y no hacía nada para solucionarlas.

No hay duda de que la religión tuvo papel primordial en la formación de actitudes y visiones de la vida, teniendo en cuenta que la educación sólo cubría a una proporción ínfima de la población. Dicho papel lo desempeñaban principalmente el cura y la familia, y es aquí donde la diversidad regional cambia el panorama. No sería difícil identificar muchos “caballeros cristianos” en Colombia entre las clases altas conservadoras, pero la religiosidad fatalista y resignada de los indígenas del altiplano de Cundinamarca y Boyacá es poco visible en la vecina región de Santander, donde era más evidente la apatía religiosa, en las regiones costeras, donde se mezclaban elementos cristianos con indígenas y negroides, y mucho más en Antioquia, donde la proverbial religiosidad de los sectores empresariales y mineros estaba acompañada de un espíritu emprendedor y un sentido económico igualmente proverbiales.

Este panorama pone entre signos de interrogación la idea de que Colombia hubiera sido un país “eminentemente católico” (o al menos introduce algunos matices). Los eminentemente católicos eran los políticos conservadores, que como buenos “caballeros cristianos” defendieron una herencia española que veían como la “madre” de una civilización humanista, virtuosa y compasiva y que en las dos últimas décadas del siglo irían a definir la cultura “oficial” del país con las academias, la literatura, la gramática, la Constitución de 1886 y el Concordato, sobre cuya base monopolizaron el poder.

Véase también

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Créditos

  • Efraín Sánchez, Historiador e investigador. 2020