Riesgos y amenazas en el río Atrato

De Enciclopedia | La Red Cultural del Banco de la República

La región del río Atrato se ve amenazada por la afectación a sus recursos naturales, en el plano social por la enorme pobreza y en el orden público por la presencia de grupos ilegales alzados en armas, lo cual repercute en la garantía de los derechos a sus habitantes tal y como la Constitución de Colombia señala, es decir, un abandono del Estado en una región que históricamente le ha permitido a Colombia ingresos monetarios importantes. En el Chocó han ocurrido masacres aterradoras como Vigía del Fuerte en 2000, Bojayá en 2002, entre muchas otras; la masacre de Bojayá no marcó el fin de la guerra en el Atrato sino el comienzo de una nueva etapa de escalamiento, en la cual la iniciativa militar de la Fuerza Pública, con la aplicación de la política de Seguridad Democrática, se sumó a la contraofensiva paramilitar. La Operación Génesis, abrió paso a una presencia militar continua de ocupación y asentamiento territorial. Aquella pasó de la omisión y la permisividad con los grupos paramilitares, a la acción militar para copar, recuperar y controlar el territorio, superando anteriores operaciones militares de gran escala pero momentáneas. Así, la mayor presencia militar de todos los actores del conflicto armado significó no sólo el escalamiento de la guerra sino el incremento del riesgo de la población civil.

El Bajo Atrato chocoano encierra múltiples atractivos tanto para intereses legales como ilegales. Los caudalosos ríos que surcan el territorio constituyen vías expeditas para el narcotráfico, trata de personas, contrabando y extracción ilegal de madera y minerales, conectando con el Pacífico y con la frontera con Panamá y ello, junto con la espesura de las selvas. Adicionalmente, la zona de bosques en resguardos indígenas, comunidades negras, reservas forestales o parques nacionales, viene siendo asociada con la presencia de actividades ilegales, con graves impactos ambientales y sociales a las poblaciones que son más vulnerables.

El recrudecimiento para el año 2000 fue la expansión planificada del proyecto paramilitar, mediante la instalación de bases fijas en Riosucio, Murindó, Beté y Quibdó, y el ejercicio de un mayor control sobre las zonas rurales a lo largo del río Atrato. El que fuera el Instituto Colombia de Desarrollo Rural (INCODER) en 2004, reconoció derechos sobre 172.000 hectáreas en las que vivían los pueblos del Alto Atrato que conforman Cocomopoca, quienes pidieron al Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (INCORA) desde 1999 este cumplimiento legal. La respuesta se demoró casi 12 años en llegar. El 19 de septiembre de 2011 les informaron que les habían sido tituladas 73.317 hectáreas, el 42 % de lo que habían solicitado. Los pueblos ribereños mantuvieron la situación de confinamiento a más de 3.600 indígenas (751 familias) de 14 comunidades de zonas rurales en los municipios chocoanos de Carmen del Darién, Bojayá y Riosucio, quienes vivieron constantemente y paralelamente el avance de estas amenazas. El recrudecimiento de las confrontaciones entre ‘gaitanistas’ y ‘elenos’.

El lugar en el que ejercían dominio el frente 34 de la extinta guerrilla de las FARC, pasaron a ser controladas por las Autodefensas Unidas de Colombia, con el Bloque Elmer Cárdenas, según análisis de organismos humanitarios como la Defensoría del Pueblo y la Oficina en Colombia de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), afirman que estos grupos vienen avanzado desde el Alto Baudó, pasando por el Medio Atrato Chocoano, y las Agc. Según un líder social: “Como el gobierno nacional no le cumplió a los desmovilizados de las Farc, incluso cerró el Espacio Territorial de Capacitación, eso generó ahí otros actores y la situación es bien compleja”. Su versión coincide con los reportes de la Secretaría de Gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez, quien afirma, “la información que tenemos es que en toda esa región (Bajo y Medio Atrato) tenemos presencia de la guerrilla del Eln, del ‘Clan del Golfo’ y de grupos de disidencias residuales de las Farc”.

Los Emberá-Dobidá asentados en el Bajo Atrato chocoano, fueron declarados como uno de los 34 pueblos indígenas en riesgo de exterminio físico y cultural por la Corte Constitucional en el Auto 004 de 2009, que abordó el tema del desplazamiento forzado de comunidades nativas en el país. Frente a la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), las acciones en procura de defensa de resguardos para definir sus límites, se planean documentar cómo estas comunidades han sido gravemente perjudicadas por el conflicto armado, que los ha obligado a desplazarse, a aguantar hambre y generado carencias por estar confinadas en sus territorios sitiados por los actores armados, además de padecer el reclutamiento de sus jóvenes a la fuerza. Con estas pruebas se busca iniciar procesos de reconocimiento de sus derechos territoriales como pueblo étnico, presentando el caso ante la Unidad de Restitución de Tierras para que la entidad los reconozca como víctimas de abandono forzado de tierras por culpa del conflicto.

Para los años 2010-2011 el 99% de las unidades de producción minera no contaban con títulos mineros ni licencias ambientales, de acuerdo al Censo Minero del Ministerio de Minas y Energía; situación que no escapa tampoco, al enfrentamiento de grupos ilegales, con uso de minas antipersona para frenar el avance de sus rivales; pero que afectaba a la población civil. Además de incrementar los niveles de zozobra entre las comunidades, estos hechos están generando confinamiento de poblaciones enteras que, por sus modos de vida, ven afectados aspectos vitales como la seguridad alimentaria.

La hoya baja del río Atrato es malsana debido a sus amplias temperaturas de entre 30 y 38 grados, en medio de la humedad que se siente y gran parte cubiertas por lagunas donde se producen los anofeles. En el Atrato existen inmensos pitales que se usan para la conversión en telas, existen grandes extensiones de taguales, caucho, níspero, palmas noli, oleaginosas, maderas, cedros de varias clases, comino o chachaio, caracolí, guayacán, jigua, dinde, roble; existen también plantas medicinales, industriales, ornamentales, entre otras. La variedad taxonómica de seres vivos en el Chocó y la gran variedad de sustratos como las macrófitas, limo arcilloso, fango, arena, roca, madera sumergida, sedimentos, grava, canto rodado e incluso plantas acuáticas y las piedras permiten el hábitat de gran cantidad de dípteros que reposan en la Colección Limnológica, tal como lo expone la revista Biota Colombiana. La mayor abundancia y riqueza de dípteros observada en la zona del río Atrato puede ser atribuida a que es la zona más estudiada del departamento, dada su cercanía a centros poblados y la facilidad de acceso en comparación con las zonas de los ríos San Juan y Baudó, siendo esta última la que presenta mayores dificultades de acceso, lo que ayuda a explicar su baja representación en la colección. En la cuenca del río Atrato son vulnerables cuatro especies y con valor económico entre ellas: Cynopotamus atratoensis, Leporinus myuscorum, Prochilodus magdalenae, Ageneiosus pardalis.

El riesgo para la población que representa la contaminación ambiental por mercurio se ha convertido en una problemática global, si se tiene en cuenta que su forma gaseosa facilita su diseminación a grandes distancias, y su tiempo de vida se extiende incluso hasta 18 meses, su afectación sobre el equilibrio del ecosistema y sobre la sostenibilidad a mediano y largo plazo de los procesos productivos. La exposición a mercurio principalmente en países de África, Asia y Sudamérica, de personas que participan en la extracción de oro mediante la minería artesanal representa una amenaza directa para la salud de entre diez y quince millones. Colombia es probablemente la tercera fuente de emisión de mercurio después de China e Indonesia; según los cálculos de la Evaluación mundial sobre el mercurio de 2013, en el sector trabajan alrededor de tres millones de mujeres y niños.

Con el transcurrir de los años, los mineros han continuado con esta práctica aprendida y heredada de sus ancestros, sin tener en cuenta los efectos sobre la salud y el ambiente, entre otras razones, tal vez por el desconocimiento de la toxicidad del mercurio y de su adecuada manipulación. Debido a la informalidad en la que se desarrolla la actividad minera, son escasas las condiciones para garantizar la salud de los trabajadores y su seguridad, presentándose alteraciones en la salud (intoxicaciones agudas o crónicas) que no son diagnosticadas, ya que no cuentan con monitoreo médico ocupacional.

En los procesos ocupacionales, los trabajadores están expuestos sobre todo a vapores de mercurio, y las familias respiran gran parte del vapor de mercurio, en razón de que los procesos de amalgamación se ejecutan muy cerca de las viviendas de los mineros, el vapor de mercurio penetra fácilmente la membrana del alvéolo pulmonar y pasa a la sangre, proceso en el que el cuerpo puede absorber un 80% de la cantidad inhalada, por lo que generando un problema de salud pública dado que causa serios problemas neurológicos, cardiovasculares y/o renales. En los lugares de quema de la amalgama, las concentraciones de mercurio en la atmósfera son peligrosamente elevadas y superando el límite fijado por la OMS para la exposición de las personas (1,0 µg/m3) (OMS 2013). Es así como la exposición a mercurio asociada a malas prácticas de higiene laboral favorece el desarrollo de la intoxicación ocupacional.

Véase también

Referencias

Bibliografía

  • Colciencias. (2018) “Evaluación del grado de contaminación por mercurio y otras sustancias tóxicas, y su afectación en la salud humana en la poblaciones de la cuenca del río Atrato, como consecuencia de las actividades de minería”. Departamento Administrativo de ciencia, Tecnología e Innovación. Anexo 2. Protocolo No. 1. Ministerio de Salud y Protección Social.
  • Grupo de Memoria Histórica (2010) Bojayá: La guerra sin límites. Bogotá. Ediciones Semana. Distribuidora y Editora Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, S.A
  • Ossa, P. (1962) Anotaciones sobre el Chocó. Boletín de la Sociedad Geográfica de Colombia. Números 73-74-75-76, Volumen XX. Sociedad Geográfica de Colombia. Academia de Ciencias Geográficas.

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Créditos

1. Abril de 2022. Investigación y texto Laura Rodríguez para el Proyecto: Río: territorios posibles Banrepcultural


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