La Batalla de Bomboná en el contexto del tratado de regularización de la guerra: avances, intermitencias y frustraciones

Introducción

El panorama social, económico, político, militar vivido en el Sur de Colombia durante el proceso de Independencia fue bastante conflictivo. Allí las luchas habían sido más cruentas y prolongadas. Era indudable el apoyo que habían logrado enraizar en este territorio los sentimientos monárquicos.

Cuantiosos esfuerzos y gastos requirieron los patriotas para expulsar a los realistas durante el período de la Primera República Federativa. Mientras en otras provincias liberadas se trenzaban en un agudo debate interno y en un conflicto militar sobre la forma de gobernarse, aquí, en esta región del Sur, los realistas con el apoyo de la Audiencia de Quito todavía no se resignaban a abandonar definitivamente el territorio. La fuerza avasalladora de la Reconquista española llegó a estas provincias con la victoria obtenida el 29 de junio de 1816 en la batalla de la Cuchilla del Tambo y garantizó por tres años más el restablecimiento absoluto del régimen monárquico.

Después del triunfo obtenido el 7 de agosto de 1819 en la batalla de Boyacá, los republicanos siguieron encontrando en el Sur serios tropiezos dentro de sus planes por extender hasta estos territorios su proyecto político. El paso del Juanambú y las guerrillas del Patía se convirtieron en el símbolo de la resistencia realista y en el tormento para el ejército republicano.

Las continuas derrotas militares, el decidido apoyo de los sectores populares, la fuerte influencia política de la Iglesia a favor del sistema monárquico y la presencia de fuerzas irregulares que colaboraron activamente con las tropas del Rey, son factores que ayudan a explicar la poca efectividad y alcance del movimiento emancipador en esa región.

La zona del Valle del Cauca fue la primera en ser recuperada. Popayán fue el epicentro de la confrontación militar con victorias intermitentes para uno y otro bando mientras que Pasto se erigió como el bastión de la monarquía.

A principios de 1820 el contexto externo mostraba también signos de agitación. En España la crisis se acentuó ante la disputa entre absolutistas y liberales. Tras el pronunciamiento de Riego, fueron convocadas las Cortes y se restableció la Constitución de Cádiz a la cual el Rey Fernando VII debió elevar su juramento. Este retorno del liberalismo frustró el envío de refuerzos militares a América y causó divisiones y polarización al interior de las autoridades políticas y militares. Las Cortes expresaron su interés de restaurar el dominio español en América a través de una amnistía general, para lo cual se mostraron dispuestas a hacer concesiones prometiendo a las fuerzas “insurgentes” que conservarían el poder sobre las provincias que hubiesen conquistado pero con la condición de que estas debían depender de España.

En consonancia con esta postura conciliadora, el comandante en jefe del Ejército Expedicionario español don Pablo Morillo propuso un armisticio al Congreso de Angostura. Tras varias deliberaciones, este órgano legislativo decidió el 11 de julio buscar conjuntamente la paz pero sobre la base del reconocimiento de Colombia como una República soberana e independiente. Esta última exigencia desconcertó a los españoles y aplazó por un tiempo el acuerdo.

El 30 de agosto el presidente del gobierno republicano don Simón Bolívar anunció a sus oficiales que no negociaría la paz hasta tanto no estuviesen ocupadas las ciudades de Pasto y Quito, para lo cual había enviado a esas tierras del sur al general venezolano Manuel Valdés. El Libertador estaba convencido de que los españoles no podían reconocer más territorio del que tuviesen ocupado al momento de firmar la paz.

Bolívar aceptó finalmente el 21 de septiembre dialogar en aras de la paz y estos fueron los factores que lo motivaron a optar por tal decisión: los vientos favorables que podía traer la tendencia liberal que sacudía a España, los recientes y sucesivos triunfos obtenidos en el campo de batalla, la convicción de que el tiempo de tregua sería aprovechado para ganar más aliados a la causa independentista y porque se contaría con mayores oportunidades para disciplinar y organizar los milicianos bisoños que eran la base del ejército. No obstante, era consciente también de los costos que acarreaba dicha medida en momentos en que los republicanos registraban mejores resultados militares, ante lo cual se temía que una suspensión de armas podía afectar las ventajas alcanzadas con tanto sacrificio.

Hacia finales de octubre, por los lados del Sur, las huestes republicanas no habían logrado en la región avances sustanciales más allá del paso del Juanambú y, en virtud a este panorama, Bolívar expuso a Morillo las bases que debían inspirar el acuerdo de armisticio. En particular, el séptimo punto de esa propuesta inicial señalaba lo siguiente: “La división del Sur conservará el territorio que haya dejado a su espalda en su marcha a Quito y conservará las posiciones en que se encuentre al acto de la ratificación del tratado”.

El panorama que se vivía en el Sur terminó enrarecido por cuenta de los sucesos extraordinarios como la revolución acaecida el 9 de octubre de 1820 en la ciudad de Guayaquil, hecho que se le imputó al gobierno de Colombia como un acto premeditado y de mala fe.

Para noviembre lograron disiparse varias diferencias y ambos gobiernos decidieron nombrar sus comisionados. Luego de tres días de deliberaciones, el acuerdo fue firmado el 25 de noviembre en la ciudad de Trujillo y refrendado a los dos días con un histórico encuentro amistoso entre Bolívar y Morillo en la población de Santa Ana. En el encabezado del documento ambos gobiernos expresaron su voluntad de superar las discordias, para lo cual había que dar un paso crucial que era la suspensión de todas las operaciones terrestres y marítimas durante el lapso de seis meses contados desde el momento en que se comunicara la ratificación de este convenio. No obstante, bajo el principio de la buena fe y de los deseos “sinceros” de terminar la guerra, el cese al fuego podía prorrogarse por el tiempo que fuese necesario mientras se desarrollaban las negociaciones.

Los integrantes de uno y otro ejército debían permanecer en las posiciones que ocuparan al momento de notificarles la suspensión de hostilidades, para lo cual era imperioso señalar límites “claros y bien conocidos”. Para el caso del conflicto vivido en Venezuela se acordaron previamente los límites. Para las demás provincias en disputa, las del Sur y las de la Costa Caribe colombiana, había que nombrar comisionados especiales para que llegaran a un arreglo “amigable”. Si se llegaba a romper el armisticio, no podían reabrirse las hostilidades sin el previo aviso al adversario cuarenta días antes de que se ejecutara el primer acto de hostilidad.

Con el fin de brindar un testimonio de los principios “filantrópicos” que inspiraron a ambos gobiernos para exterminar los excesos y horrores que habían caracterizado esta guerra, se firmó el 26 de noviembre un tratado de regularización conforme al derecho de gentes y a las prácticas más humanas de las naciones civilizadas, cuyos puntos centrales fueron el trato humanitario a los combatientes, el canje de prisioneros, el trato a los heridos y a los caídos en combate.

Al momento de firmarse el armisticio, los republicanos dominaban a Popayán mientras que las tropas españolas al mando de Basilio García, gobernador y comandante militar de Paso, permanecían atrincheradas en Juanambú protegiendo el acceso a dicha ciudad, para lo cual contaban con los refuerzos enviados por el presidente de Quito don Melchor de Aymerich. Antes de que llegaran noticias a estas tierras del Sur sobre la firma de la tregua, el teniente coronel Ángel María Varela ocupó Barbacoas, ciudad que los españoles habían tratado de fortificar. El comandante Francisco García había liberado Esmeraldas y así quedó libre del dominio español la zona de la costa Pacífica entre Cupica y Guayaquil.

Pese a la manifiesta voluntad de paz, paralelamente ambos bandos no dejaron de pensar pragmáticamente en sus planes militares, contemplando todos los escenarios posibles, ya fuera con el éxito o el eventual fracaso del proyectado acuerdo de paz. Así, por ejemplo, la idea de Bolívar era aprovechar el armisticio para después venir él personalmente al término de este acuerdo a dirigir la campaña de liberación de Pasto y Quito, proyecto que el vicepresidente Francisco de Paula Santander, quien estaba encargado de dirigir la guerra en esta parte del Sur, valoró como “excelente y ventajoso” en vista de los sucesivos reveses militares allí padecidos.

Teniendo en consideración estos antecedentes y, en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Colombia, este artículo tiene como mira analizar la aplicación del armisticio y del tratado de regularización antes, durante y después de la batalla Bomboná ocurrida el 7 de abril de 1822. El propósito es tener una visión integral sobre la aplicación de este tratado y sus consecuencias en el desarrollo de la fase final del conflicto vivido en este convulsionado marco territorial en vista de que la información disponible y las alusiones historiográficas sobre esta temática han sido muy cortas y fragmentadas.

Apuntes metodológicos

De alguna manera, este trabajo se inscribe también dentro del marco teórico de los estudios de paz, específicamente asumiendo el reto de analizar el periodo de Independencia desde una nueva perspectiva que va más allá de la tendencia que ha primado en la historiografía colombiana de valorar la guerra, los acontecimientos del campo de batalla, las tácticas militares y la recurrente apología al heroísmo militar. La nueva apuesta apunta entonces a examinar este proceso de emancipación teniendo en cuenta su complejidad y haciendo énfasis en la negociación y en la búsqueda de la paz que se exploraron durante estos años.

La investigación se elaboró más que todo con base en fuentes primarias de información, tales como: los documentos de archivo, el cruce de cartas entre autoridades políticas y militares, las memorias, las crónicas, los informes oficiales, los diarios de campaña y los artículos de prensa de la época.

Los avatares del proceso de delimitación

En aras del juego estratégico, Bolívar impartió pocos días después instrucciones para dilatar la notificación del armisticio de Trujillo, tiempo que debía ser aprovechado por las huestes republicanas para ganar terreno y alistarse mejor. Para ello sugirió hacer uso de algunos artificios, tales como: hacer perder el pliego notificatorio, aducir que el conductor había enfermado o que el general Manuel Valdés, a la sazón jefe del Ejército del Sur, alegara que no estaba sujeto a las órdenes del vicepresidente Santander en esa área del Sur. A mediados de diciembre, tanto Bolívar como Santander seguían esperanzados en que, si a Valdés le iba bien en la campaña militar que estaba adelantando en ese momento, podía talvez recibir la notificación en Pasto y así preparar mejor la arremetida contra Quito. Sin embargo, los infranqueables escollos en el paso del Juanambú y la tenaz resistencia ejercida por las guerrillas del Patía alejaron esta oportunidad de avance para las huestes patriotas.

Santander le reiteró encarecidamente al general Manuel Valdés que hiciera todo lo posible para atravesar el Juanambú antes de que llegaran los comisionados oficiales difundiendo los tratados. Aunque se cumplió este propósito, al momento de intentar el ataque sobre Pasto, los republicanos se tropezaron con una férrea resistencia y sufrieron una contundente derrota el 2 de febrero en la batalla de Genoy.

La delimitación finalmente quedó a cargo del coronel republicano Antonio Morales y por el lado español fue designado el teniente coronel José Moles. Ambos llegaron a Pasto el 10 de febrero y pudieron constatar la positiva acogida que había tenido la idea del armisticio en el comandante militar Basilio García. No sucedió lo mismo con el pueblo pastuso, el cual, según los reportes, estaba muy seguro de la superioridad militar española y por ello creía innecesario el tratado, especialmente por el hecho de que se habían infiltrado algunos documentos del ejército republicano en los que quedaban muy en duda las intenciones pacifistas de este bando. No obstante, ingentes fueron los esfuerzos de las autoridades españolas con miras a persuadir sobre las ventajas y la importancia de la tregua. El obispo de Popayán don Salvador Jiménez de Enciso dirigió un mensaje a los pastusos para apaciguar sus ánimos, siendo esta la primera vez que él mostraba una actitud conciliadora. Don Basilio hizo lo propio a través de una proclama en la que exhortaba a confiar en sus autoridades, las cuales tenían a su vista los oficios del general Pablo Morillo en los que se confirmaban los acercamientos de paz entre las partes.

Los delegados se dirigieron luego a la ciudad de Quito que sería finalmente la sede de las conversaciones. Tal como lo relató el comisionado Morales, fue recibido en la casa de Aymerich con las mayores atenciones y expresiones de amistad, sentándose incluso en la mesa con abundancia de viandas y bebidas. Igualmente satisfecho había quedado con la actitud del obispo, del clero, del cabildo, de las autoridades militares y de los colegios quiteños. Amable se había comportado también la muchedumbre concurrente de donde alcanzaron a escuchar algunos vivas a la Patria. Finalmente, entre este ambiente de cordialidad el 21 de febrero el par de comisionados bajo la presencia de Aymerich trazaron en nueve puntos los lineamientos básicos que serían avalados por ambos gobiernos.

En reconocimiento al territorio que ocupaba cada ejército contendiente y con el fin de evitar confrontaciones violentas, se decidió primero que todo marcar como línea divisoria el río Mayo (Ver Mapa No. 1). les permitió a los republicanos contar con la ciudad de Cali como epicentro de provisión de recursos y con Popayán como sede del cuartel general mientras que Pasto quedó confirmada como sede central de las mesnadas españolas con el valioso respaldo político y militar de la aliada ciudad de Quito. Otros de los puntos de acuerdo fueron el desarme de todas las guerrillas y el canje de prisioneros. No obstante, el nudo gordiano de las negociaciones fue Guayaquil. Los republicanos defendieron su derecho sobre esta ciudad recientemente liberada y consideraron que sería una violación al armisticio cualquier represalia fraguada por los españoles desde Quito o Perú. Los españoles, por su parte, fueron muy enfáticos en insistir que carecían de competencia para tratar el tema de Guayaquil dado que esta ciudad hacía parte de la jurisdicción del Perú.

Mapa No. 1

Demarcación del territorio asignado a los republicanos y a los españoles durante el armisticio en las provincias del Sur, según el acuerdo firmado en Quito el 21 de febrero de 1821

Fuente: AGN, Sección República, Fondo Secretaría de Guerra y Marina, tomo 334, ff. 382r-383v.

El 22 de febrero el obispo Jiménez de Enciso publicó en Pasto un edicto a través del cual decidió bajo el marco del armisticio suspender las excomuniones y demás censuras eclesiásticas emitidas contra los “desafectos” de la causa monárquica.

El tratado de armisticio en vilo: infracciones y confusiones

Durante el tiempo de armisticio sucedieron una serie de incidentes y roces que pusieron en riesgo este tratado. Frecuentes fueron las recriminaciones mutuas y los argumentos que pretendían justificar que se había obrado de buena fe. De alguna forma, estos hechos fueron un ingrediente adicional de desconfianza e incertidumbre entre las dos fuerzas beligerantes y permitieron comprobar la extrema vulnerabilidad de este proceso de tregua.

Aunque el artículo 4º del armisticio había estipulado la disolución inmediata de todos los grupos guerrilleros, a decir verdad, los combatientes del Patía habían logrado tal nivel de arraigo y radicalismo que fue prácticamente imposible su total desmantelamiento. Innumerables roces y recriminaciones mutuas fueron la constante durante estos días, principalmente por los ataques de estas fuerzas irregulares.

Un punto adicional de animadversión entre las partes fue la decisión de al menos 12 oficiales guerrilleros de cambiar de bando, entre quienes figuraban reconocidos comandantes como el coronel Simón Muñoz, el teniente coronel José María Obando y el capitán José Naudín. Los republicanos estimularon y acogieron estas conversiones pero, tal como era previsible, los españoles no recibieron con buen ánimo estas felonías de sus antiguos aliados de lucha y no dudaron en aplicar severas represalias como fue el caso de la pena de muerte aplicada a Muñoz.

En los primeros días de abril el comandante Basilio García expresó su rechazo rotundo al infiltrarse la noticia sobre la travesía marítima emprendida desde Buenaventura por el general Antonio José de Sucre que tenía como propósito auxiliar a la junta de gobierno de Guayaquil. Sobre este punto, el general Pedro León Torres le aclaró que este apoyo no estaba proscrito ya que esta ciudad había decidido libremente alinderarse al gobierno republicano, el cual estaba legítimamente autorizado para brindar ayuda económica siempre y cuando no se recurriera al uso de las armas ni se pisara territorio bajo control español. Aymerich tampoco ocultó su inconformidad sobre esta expedición de apoyo a Guayaquil.

Una nueva imperfección salió a flote en relación con el acuerdo de demarcación al advertirse que nada se había dispuesto sobre la costa Pacífica. Vale recordar que pocos días antes de notificarse el armisticio, los republicanos lograron dominar Barbacoas y Esmeraldas. Aunque don Basilio García había impartido instrucciones a mediados de marzo al subteniente Manuel Ortiz para que pasara a de Barbacoas para que conviniera una línea divisoria, esto nunca se llegó a un acuerdo. Algunos roces y recriminaciones mutuas se registraron cerca al río Micay y a Esmeraldas por invadir territorios conquistados, todo esto agravado por el antecedente de que históricamente había sido muy difusa la línea que separaban esas jurisdicciones costeras de las provincias interiores de los Pastos y Quito.

Garantías a los emigrados y comerciantes

Uno de los objetivos propuestos por los tratados firmados en Trujillo fue el libre tránsito de personas a uno y otro lado de los territorios ocupados por ambos bandos, así como también el libre tráfico de comercio y de abastecimiento.

En términos generales, se observó de parte de ambos bandos una buena disposición por respetar el libre flujo de emigrados. El 15 de febrero de 1821 el general republicano Antonio José de Sucre confirmó desde El Trapiche haber aprobado varios pasaportes asegurando la buena acogida que tendrían los emigrados que regresaran a sus casas. De las inmediaciones de Pasto vinieron dos españoles “antiguos” vecinos de Neiva y Popayán a quienes se les concedió autorización para el retorno a sus hogares..

Por estos días, Diego Zamora y Miguel Zabala, junto con otros individuos de filiación realista, aprovecharon el tiempo de tregua para regresar al seno de sus familias en Popayán. Para ello consiguieron en El Trapiche el respectivo pasaporte expedido por el general Sucre pero debieron detenerse abruptamente en el sitio de Piedras al ser interceptados por algunos guerrilleros del Patía que le informaron falsamente que se había dado orden de reactivar las hostilidades.

La guerra había afectado la dinámica comercial que desde tiempos coloniales se desarrollaba en la ruta que iba desde Quito hasta Popayán y Cali pasando por la ciudad de Pasto. La división territorial fijada por el armisticio y la demarcación de la línea de Mayo significó una obstrucción a esa vía comercial. Sin embargo, el mismo articulado del tratado firmado en Trujillo había habilitado el libre tráfico de víveres y productos.

Sobre estas relaciones comerciales, el mayor incidente registrado en el periodo de armisticio fue el reclamo presentado a finales de abril por los altos mandos republicanos luego de haberse conocido el testimonio del lugareño Mariano Villaquirán. En términos francamente desafiantes había sido publicado el 22 de marzo un bando en la ciudad de Pasto mediante el cual quedaba proscrito el comercio de harinas, ropas y toda especie de cargas hacia el territorio asignado a los republicanos. La reacción del general Torres no se hizo esperar y de inmediato la queja se elevó ante el comandante Basilio García exigiéndole explicaciones por esta “inesperada y hostil” medida ante lo cual impartió instrucciones al comandante republicano que operaba en ese territorio para que reanudara las hostilidades luego de que se cerciorara de la aplicación de aquella restricción. Aunque al vicepresidente Santander le pareció justa esta reclamación, de todos modos, le aconsejó al general Torres que fuera muy moderado en su tono sin incurrir en acaloramientos pues había que evitar el desborde de las relaciones amistosas dado que en esa coyuntura el Ejército del Sur no estaba en condiciones de lanzar la ofensiva militar.

La libertad en materia comercial propiciada por el armisticio motivó incluso a algunos individuos a reactivar sus negocios personales que habían sido afectados por cuenta de la guerra. Uno de los que se había animado a reactivar sus contactos comerciales fue don Francisco Camacho aunque se vio envuelto en no pocos líos a causa de los vacíos y confusiones suscitadas en torno a los términos de vencimiento del armisticio.

Este comerciante había traído un cargamento de ropas desde Quito y llegó a Pasto justo cuando todavía estaba vigente la tregua. En esta ciudad pudo con innumerables peripecias y a costos desbordados contratar los servicios de peones y bestias para proseguir su marcha hacia Popayán. Partió de Pasto el día 20 de mayo de 1821 pero sorpresivamente al llegar a Popayán fue objeto de vejaciones por parte de las autoridades republicanas que procedieron a embargar sus cargamentos y sus acémilas, además de lo cual fueron capturados los peones pastusos. Al verse perjudicado por estas medidas, exigió la libertad de estos arrieros que estaban en distintos parajes sufriendo no pocos padecimientos. En el cuartel de Popayán mantenían recluido a Tomás Erazo, José Reina, Eusebio Córdova y Luis Narváez. En Guataquí permanecía el arriero Miguel Martínez y en Ibagué estaba Gregorio Martínez y Pablo Soza. A Salvador Riveros y Manuel Roseros los tenían presos en La Balsa, en jurisdicción de la ciudad de Cartago.

En el mes de junio el general Torres elevó una consulta al alto gobierno republicano para determinar si la referida orden de embargo y de prisión había sido ajustada a la ley. Por las pesquisas adelantadas, se supo que algunos de los arrieros habían sido remitidos a Bogotá en tanto que una parte del cargamento de bayetas fue utilizado en Cartago para mejorar las condiciones de los soldados que estaban durmiendo en las calles sin ningún tipo de abrigo.

Sobre esta encrucijada, el vicepresidente Santander dictaminó que si los cargamentos de ropa habían salido de Pasto durante el tiempo de armisticio, Camacho y los peones debían quedar en libertad de regresar a sus sitios de origen, para lo cual había que devolverles las mercancías y entregarles los respectivos pasaportes, todo esto como muestra de la “rectitud y buena fe” del gobierno republicano. Particularmente, se consideró que se había tenido especial consideración con los peones pues bajo otro contexto se consideraba inconveniente liberarlos si se tenía en cuenta la premisa de que “todos los pastusos eran enemigos de la República”.

Esta misma resolución del Vicepresidente se extendió a otros comerciantes que por esos días recorrían ese mismo trayecto, como fue el caso de Eduardo González. Este hombre, oriundo de la provincia de Antioquia y partidario de las banderas republicanas, había llevado en 1818 desde el interior de la Nueva Granada ropa de Castilla para la ciudad de Quito pero tras las convulsiones políticas y militares se había quedado aislado y sin posibilidades de regresar. Entusiasmado por los triunfos y avances obtenidos por las fuerzas republicanas después de la batalla de Boyacá y meses más tarde por la noticia sobre las concesiones ofrecidas tras la firma del armisticio, González vio las condiciones propicias para retornar a su tierra con el fin de continuar sus negocios. Fue así como con el producto de sus ventas en Quito compró 80 cargas de “géneros de la tierra” con el propósito de comercializarlas en suelo neogranadino. Con ello, este comerciante buscaba radicarse definitivamente en su lugar de origen y quedar bajo la protección del gobierno republicano.

No obstante, varias contingencias se interpusieron a su proyecto pues la cantidad de carga transportada hizo más lenta la marcha que se prolongó por muchas más jornadas que las programadas previamente, de tal manera que solo arribó a Popayán cuando ya estaba roto el armisticio. Al llegar a esta ciudad, sufrió las mismas medidas represivas de prisión y embargo que se habían aplicado a su colega Francisco Camacho. Esta situación obligó a González a acudir ante el gobierno republicano y de este modo pudo acceder a los mismos beneficios conferidos a Camacho al tiempo que desde el interior de Colombia sus socios Juan Manuel Carrasquilla y José Antonio González se adhirieron a este clamor en procura de no ver dilapidadas sus inversiones de cuyas utilidades no habían podido recibir ni un peso debido al ambiente de guerra imperante. El argumento más sólido expuesto por este par de socios era que González no era culpable de que hubiese expirado anticipadamente el armisticio.

El fin del armisticio y la reanudación de la guerra

El envío de tropas republicanas a Guayaquil, los vacíos en materia de demarcación de límites y los reiterados reclamos por infracciones al tratado, eran factores que daban cuenta de un alto nivel de vulnerabilidad en estos tiempos de tregua por los lados del Sur. Finalmente, el 10 de marzo Bolívar comunicó al general en jefe español don Miguel de La Torre que, recurriendo al artículo 12 del armisticio de Trujillo, se veía forzado a reemprender anticipadamente las hostilidades debido a la falta de recursos para sostener el ejército y a las reducidas esperanzas de entablar las negociaciones de paz pues durante estos meses de tregua no se había conseguido que los enviados españoles se sentaran a dialogar con los delegados republicanos. En razón a estos impasses, Bolívar informó que los 40 días convenidos en el artículo 12 del armisticio empezarían a contar desde el momento mismo en que fuera recibida esta notificación, que se estimaba fuera en un plazo no mayor a 10 días. Así entonces, se calculaba que el 1º de mayo podía romperse definitivamente la tregua.

Pero, más allá de las directrices superiores, a nivel regional el objetivo era no precipitarse a tomar una decisión desfavorable, prepararse mejor y obtener ventajas para el reinicio de la guerra. Así entonces, mientras que en la Costa Caribe se mantuvo vigente la fecha del 1º de mayo para la reanudación de las operaciones en vista de la evidente superioridad de los republicanos, en el Sur la situación obligó a replantear la estrategia dilatando la fecha del cese de hostilidades. Ante la imposibilidad de que las partes acordaran prorrogar la fecha del cese de hostilidades, principalmente por la falta de consenso y contradicciones del bando republicano, las partes quedaron irremediablemente avocadas a retomar las hostilidades el 27 de mayo. Cuando don Basilio cumplía más de una semana de mantener su asedio sobre Popayán, decidió abandonarla al convencerse de que no era fácil mantenerla ocupada militarmente y optó por retirarse a Pasto pero no sin antes dejar reactivadas las guerrillas patianas como punto infranqueable de defensa.

Reanudación de operaciones e incidentes en torno a la regularización de la guerra

Hay que reconocer que el acuerdo firmado en Trujillo, pese a todas las interferencias, abrió el camino para mantener vigentes las normas de regularización que en cierta medida atenuarían los efectos de la guerra. No obstante, existieron algunas interferencias que pusieron en vilo esa intención por mantener un marco para la humanización del conflicto militar en estas tierras del Sur.

Un episodio de venganza tuvo lugar a finales de este mes de abril de 1822 después de la batalla de Bomboná. En uno de los combates entre partidas ocurridas en la región del Patía, el capitán de guerrillas Manuel María Córdova tomó como prisionero a uno de los guías republicanos a quien hizo decapitar en retaliación por haberle matado a Córdova dos soldados heridos que se habían rendido.

El 23 de mayo, al momento en que Bolívar le hacía al coronel Basilio García el ultimátum para entrar en rendiciones o para prepararse para la guerra, le recriminó por varias acciones atentatorias de los principios humanitarios. Especialmente por el asesinato del tránsfuga coronel Simón Muñoz a quien habían asesinado estando preso y a quien le habían negado la sagrada sepultura porque don Miguel Retamal había asegurado falsamente que estaba excomulgado. A esto se agregaba el caso del capitán Ledesma y tres de sus compañeros que había sido ultimados en momentos en que se había rendido, el asalto al hospital de Miraflores, el asesinato de los enfermos en la Cuchilla del Tambo, además del aniquilamiento de muchos de los retrasados y enfermos que quedaban en el camino a algunos de los cuales se les vio atados a árboles y decapitados. Esta fue la advertencia amenazante del Libertador:

Tenemos derecho para tratar a todo el pueblo de Pasto como prisionero de guerra, porque todo él, sin excepción de una persona, nos hace la guerra, y para confiscarles todos sus bienes como pertenecientes a enemigos. Tenemos, en fin, derecho a tratar a esa guarnición con el último rigor de la guerra, y al pueblo, para confinarlo en prisiones estrechas como prisionero de guerra en las plazas fuertes marítimas, y todo su territorio secuestrado por cuenta del fisco. Si V.S. lo que desea es esta suerte a las tropas y pueblos de su mando, bien puede contar con ella; y si V.S. quiere evitar una catástrofe semejante, tiene que reconquistar a Colombia o someterse a una capitulación

El 28 de mayo don Basilio no solo se defendió de los señalamientos formulados por Bolívar sino que además lanzó serios cuestionamientos. Sobre el hecho del hospital de Miraflores, explicó que sus hombres habían hecho fuego sin saber a quién, lo mismo que en el caso de los prisioneros del Tambo. Sobre la denuncia de haber atado a un árbol y haber colgado a algunos militares republicanos, el oficial español se defendió aduciendo que la contraparte también había recurrido a este mismo tipo de crueldades contra los soldados realistas, además de lo cual acusó a los republicanos por no haber perdonado a dos heridos españoles que se habían presentado en Cariaco ante el capitán Hurtado, a quienes hicieron prisioneros y otro caso sucedido con un indio de Piagua que fue llevado a Popayán y luego lanceado.

Además de estas aclaraciones, reconoció don Basilio que era muy difícil para los jefes de ambos bandos evitar estos excesos cometidos lejos de sus miradas. Para suavizar un tanto las mutuas recriminaciones, envió el coronel español tres oficiales de los prisioneros en Bomboná.

Curiosamente, el 22 de julio de 1823 el general Bolívar envió al general Morillo una carta en la cual le recomendaba al coronel realista Basilio García quien regresaba a España después de firmada la capitulación en la cual él ya no tenía ningún compromiso con Colombia pues las tropas capituladas no eran ya considerados como prisioneros de guerra. Bolívar exaltaba la “distinguida” conducta de García pues había defendido a Pasto con “audacia y acierto”, catalogándolo como un oficial que hacía honor al Ejército Expedicionario. Por otro lado, había cumplido “religiosamente y con la mayor humanidad” con las normas de regularización de la guerra, portándose con fineza en las conversaciones realizadas con motivo de los armisticios. Bolívar terminó su carta de recomendación reiterando a Morillo las ofertas de paz y conciliación que le había expresado dos años atrás en Santa Ana.

Los heridos y caídos en combate en Bomboná

En el tratado de regularización suscrito el 26 de noviembre de 1820 se estipuló que los heridos en combate merecían doble cuidado y debía además procurarse que fueran restituidos a sus respectivos batallones una vez estuviesen recuperados. Sobre los caídos en combate había que asegurarles cristiana sepultura o, si no había mucho tiempo, debían ser incinerados sus cuerpos.

En el agitado ambiente de la guerra que se vivió en el sur de la Nueva Granada, si bien se pudieron registrar algunas muestras de respeto a los heridos y caídos en el campo de batalla, en términos generales, hasta la firma del tratado de regularización abundan los casos de confrontación e indiferencia frente a este aspecto.

El 20 de febrero de 1821 el presidente de Quito don Melchor de Aymerich dictó un auto dirigido al cabildo de Pasto en el que transcribía una Real orden para que se recogieran los militares que hubiesen sido heridos en campaña. Esta directiva emitida en España llegó en momentos en que apenas se había conocido en Pasto la firma de los tratados de Trujillo.

Buen trato aseguró haber brindado el coronel de guerrillas realistas José María Obando a los oficiales y tropa tomados prisioneros en la acción de Quilcacé ocurrida el 14 de julio de 1821 a quienes, según él, trató con benignidad y no permitió impidió que un sargento pasara con la bayoneta al coronel Gerardo Infante del escuadrón de Guías, quien había sido herido.

Estas fueron las palabras con las cuales Obando escribió el reporte a su superior el coronel Basilio García: “[…] cuando han caído en mis manos ya no decimos con estos como enemigos sino como hermanos desgraciados y en poder de hermanos humanos y generosos”. Dos días después del combate, el mismo Obando se encargó de escribir al general Torres informando sobre esta situación. En esta carta le aseguró haber curado a los heridos y haber comisionado a un oficial para que los atendiera con todas las prevenciones que contribuyeran a su alivio. En la marcha se agravó el estado de salud del coronel negro Infante y Obando consideró que lo más prudente era dejar tres o cuatro militares más en el Patía por su mal estado de salud. Le informó además que: “Los que gloriosamente murieron en el campo fueron sepultados no pudiendo recibir los últimos honores sepulcrales por la premura del tiempo”.

A través del Estado Mayor del Ejército del Sur se ofició una comunicación el 26 de septiembre de 1821 al capitán José María Obando, comandante de las guerrillas realistas del Patía, para que se interesaran en auxiliar a Diego Obitre y demás enfermos que habían quedado en aquel valle, pidiéndoles además que les proporcionara el respectivo pasaporte si estaban en capacidad de emprender la marcha de regreso, todo esto con el compromiso de que serían satisfechos todos los costos y que las fuerzas republicanas obrarían humanitariamente si se llegaba a presentar una circunstancia similar a esta.

Aparte de estos casos aquí referidos, hay que reconocer también que existieron otra clase de episodios que daban cuenta de un ambiente de confusión y falta de consenso. El oficial republicano Francisco Luque tenía como misión trasladar el hospital del Ejército del Sur hacia la ciudad de Popayán. No obstante, fue interceptado en un paraje cercano al río Timbío por las fuerzas del comandante de la columna volante española Juan Antonio de las Torres. Luego de algunas conversaciones, ambas partes llegaron a un acuerdo mediante el cual Luque se comprometió a entregar todo el armamento que llevaba: 144 fusiles, 18 bayonetas y 116 cartuchos. A cambio de ello, el comandante español se comprometió a ofrecer seguridad y garantías a la tropa republicana y a los enfermos para que llegaran seguros a su destino. Luque y sus hombres arribaron el 7 de junio de 1821 a Popayán y reportaron la situación al comandante del cuartel general allí apostado. Al conocer estos hechos, el secretario de Guerra don Pedro Briceño Méndez desaprobó el acuerdo que había firmado el oficial Luque, por ser desventajoso para los intereses de la República, pues no había motivo aparente para rendirse. Consideraba que este oficial debía ser juzgado conforme a Ordenanzas por haber suscrito una “capitulación vergonzosa” y por haber abandonado a sus hombres, muchos de los cuales terminaron dispersándose. Esta decisión se tomó en momentos en que las guerrillas patianas recrudecían sus hostilidades sobre la ciudad.

Al mes siguiente, el teniente coronel José María Obando, al servicio de las guerrillas realistas, recibió noticias de que 400 enfermos del referido hospital militar republicano habían quedado guardando reposo en el pueblo del Patía, tras la contramarcha de estas fuerzas hacia Popayán. En un acto de humanidad, Obando visitó estos hombres, entre quienes figuraban los capitanes extranjeros Diego Whithlle, Tomás Makartí y el teniente Timoteo Kioch, a quienes prometió que una vez restablecida su salud recibirían toda la ayuda para regresar al lado de sus compañeros de lucha. Dentro de esa gestión humanitaria, el oficial español les inspiró confianza de que retornarían a sus banderas tan pronto restablecieran su salud. Además de esto adelantó contactos con el juez del Patía para recomendar la debida asistencia y cuidado de estos enfermos. Simultáneamente, entró en comunicación con el general Pedro León Torres, requiriéndole medicamentos para acelerar el proceso de curación y demás elementos indispensables para el funcionamiento del hospital. En efecto, Torres atendió este clamor y envió dinero al juez de aquella parroquia para los fines pertinentes. Sucesivamente Obando se dedicó a enviar a Popayán los enfermos dados de alta.

A través de una enérgica misiva, el comandante español don Basilio García desaprobó las iniciativas humanitarias de Obando y le previno que, en una próxima ocasión, debía remitir los enfermos a la ciudad de Pasto. Desconcertado por esta recriminación, esta fue la reacción del sindicado: “[…] que yo había por orden general la religiosa observancia del tratado regulador de la guerra que debía cumplirse y guardarse como bando del ejército; pero que si no podía sufrir esta conducta, tenía el remedio de revelarme poniendo a otro en mi lugar, porque yo no podía ni debía observar otra cosa”. Finalmente, los tres capitanes extranjeros superaron sus dolencias y recibieron auxilios con los cual pudieron regresar a sus filas. El general Torres le agradeció a Obando por estas gestiones y de inmediato evacuó la ciudad de Popayán con dirección al Valle del Cauca. Vale anotar que por estos días este jefe guerrillero ya había tenido algunos acercamientos con el bando que después terminaron con su abandono de las banderas del Rey.

Un acto de humanidad demostró el coronel Basilio García, comandante realista de la ciudad de Pasto, después de la batalla de Bomboná ocurrida el 7 de abril de 1822, de la cual ambos cantaron abiertamente su victoria aunque cabe reconocer que el mayor número de víctimas fue del lado republicano.

Un día antes de la batalla, el coronel republicano Bartolomé Salom adelantó contactos con el comandante García para intercambiar un prisionero de guerra y además aprovechó la ocasión para conceder pasaporte al soldado realista Francisco Molina quien había resultado herido en un combate reciente. Se preocupó además Salom por dejar en la hacienda San Donado una nota dirigida al primer jefe español que transitara por este punto, recomendándole los enfermos que quedaban en este punto “en atención al tratado de regularización de la guerra”.

Aunque Bolívar podía emprender la persecución de los restos de las tropas realistas, al final optó por concentrarse en una labor humanitaria:

Pero los sentimientos de humanidad, más fuertes que todos los de la gloria, impidieron a S.E. seguir su constante costumbre de sacar todos los frutos que puede ofrecer la victoria por una rápida persecución. Sobre cuatrocientos heridos de ambos partidos, entre jefes, oficiales y tropas, estaban en el campo despedazados por la metralla, y más de doscientos muertos había que sepultar, amigos y enemigos, ¿cómo podía S.E. resolverse a dejar abandonados aquellos hombres tan heroicos a la merced de unos bárbaros feroces que no conocen lo que es humanidad? Por otra parte el hospital general, el bagaje y el parque tenían en su servicio y custodia más de trescientos hombres, que no se podían alejar de aquel depósito sagrado, sin dejarlo expuesto a ser tomado por las tropas enemigas de retaguardia que nos venían molestando, y que estaban, por decirlo así, a la puerta de nuestro hospital.

Según relató García, en el campo de Bomboná sus tropas encontraron después de la batalla un total de siete “montones de cadáveres” que fueron reunidos y posteriormente incinerados, quedando varios “vientres” regados en el campo que no alcanzaron a ser quemados. Además de esto, pudieron juntar otros dos montones de cuerpos de al menos dos batallones que fueron arrojados a la quebrada, lo cual hacía pensar que las bajas del bando republicano en esta acción alcanzaron el millar de hombres. Don Basilio buscó acercamientos con el bando republicano y como gesto de conciliación devolvió las banderas de los batallones Vargas y Bogotá que habían tomado en el campo de batalla.

El 8 de abril recibió el Libertador en cercanías de la hacienda de Cariaco la visita de un emisario español y tras varias conversaciones accedió a celebrar una corta suspensión de armas durante cuatro días, tiempo durante el cual la División republicana se dedicó a recoger los heridos, fusiles, morrales y demás elementos, así como también a reunir los dispersos y enterrar los muertos

El día siguiente de esta batalla ya Bolívar había suplicado a don Basilio que impartiera orden a sus guerrillas de retaguardia para que trataran a los heridos y enfermos republicanos “con la misma humanidad” con que habían sido tratados los realistas.

Don Basilio reiteró que, si Bolívar retrogradaba a la parte derecha del río Juanambú, accedería a ordenar a las guerrillas del Patía que cesaran toda hostilidad y auxiliaran los heridos que habían quedado en los combates con el teniente coronel republicano José de la Cruz Paredes en esa zona. Prometió que en aras de su espíritu de humanidad cumpliría con el compromiso de brindar buen trato a los heridos y enfermos, reiterando su intención de responder a los mandatos de la regularización de la guerra para lo cual se comprometió a cuidar los heridos que se trasladaran a Pasto, “asistiéndolos como los de mi división”.

Durante este tiempo la División del Ejército Libertador se dedicó a recoger sus heridos, fusiles, morrales y demás elementos de guerra, reunió a los militares dispersos y enterró a los fallecidos en combate. Al momento de hacer un balance de estos heridos, se registró un general, un coronel, 6 tenientes coroneles, 16 oficiales y 317 soldados. Entre los muertos se contabilizaron un capitán, 8 oficiales y 107 soldados.

En desarrollo de estas tareas humanitarias convenidas, el Libertador pasó a la hacienda Consacá y ordenó dejar allí a los heridos de uno y otro bando que no pudieron marchar, entre ellos, el general Torres. Para ello debieron pasar por una cañada y un terreno muy fragoso.

A mediados de abril le pasó a García una lista de 238 heridos que había dejado allí en Consacá y en Bomboná y le recomendó, en aras del tratado de regularización, que los cuidara. García aceptó esta propuesta y para ello nombró un oficial para que se hiciese cargo de todo con sus respectivas instrucciones y además nombró un capellán como consuelo espiritual. Bolívar insistió en que se asistiera a aquellos militares con lo necesario y prometió que en pocos días su gobierno resarciría todos los gastos de esta atención. Al cumplir con su tarea el comisionado nombrado por García pudo reportar 63 heridos más de los 224 que reportó Bolívar, esto además de los que pudieron haber fallecido en los días anteriores por la gravedad de las heridas.

Mientras se estaba a la espera de finiquitar un acuerdo de armisticio y de canje de algunos prisioneros, el general Bolívar designó al prisionero realista capitán juramentado Narciso Gómez, para que entregara a don Basilio 200 pesos para sostener el hospital militar de Consacá durante las dos semanas que estaría Bolívar ausente al tener que replegarse algunas leguas en espera de concretar una vía de negociación con los realistas. Gómez quedaría encargado del hospital, dejándole a su cargo algunos sirvientes. Todo esto bajo la esperanza de que estos heridos republicanos serían tratados “como los mejores súbditos del Rey”.

Encomendó de manera especial velar por la salud del general Pedro León Torres y del teniente coronel Morillo y demás oficiales y tropa que, además de estar a la espera de mejorar su salud, quedaban prácticamente a merced de la compasión de la oficialidad realista. Bolívar, por su parte, aseguró haber brindado mejor trato a los heridos realistas que a los suyos. Para el mayor cuidado del general Torres, se habían dejado cuatro ordenanzas realistas para asistirlo y se prometió abonar de contado todos los gastos que implicara su curación.

Don Basilio, entre tanto, impartió instrucciones a un oficial de su división, el teniente de Cataluña don José Moreno, para que llevara al cirujano que estaba prisionero junto con el general José Mires hasta el hospital militar de Consacá en donde estaban los heridos republicanos y otros tantos realistas. La función de Moreno era guardar “la mejor armonía y el más dulce trato” con el capitán Gómez y auxiliar en todo lo que fuera indispensable, ya fuera carne, gallina o medicinas que podían ser comprados en Pasto. Los heridos de poca gravedad y que quisieran tomar partido en el ejército del Rey, podían ser conducidos a Pasto para que terminaran allí de recuperarse, para lo cual debían proporcionárseles todos los bagajes que se requirieran. Había instrucción además de garantizar al general Torres un trato especial y decoroso, en casa separada con guardia y con la atención de algunos sirvientes que serían escogidos entre los más recuperados. Cada ocho días debía el teniente Moreno enviar un informe a don Basilio sobre el estado de los heridos de uno y otro ejército, con detalle de los fallecidos o fugados, quedando además facultado para tomar cuantas medidas fueran necesarias para garantizar el orden y bienestar de los enfermos.

Don Basilio puso al corriente de estas novedades a Bolívar no sin antes reiterarle que haría los mayores esfuerzos posibles en la atención de aquellos heridos aunque reconoció que no tenía cómo traerlos a Pasto en donde podían ser mejor asistidos.

El mismo general Torres envió una conmovedora carta al coronel García en la que expresaba su entera confianza de los cuidados que paradójicamente ahora, bajo el marco de los principios regulatorios, eran prodigados por su antiguo rival de armas:

He sido gravemente herido en el combate del día 7, y no puedo seguir las operaciones del ejército de mi nación. Quedo, pues, sujeto a la generosidad de Vuestra Señoría confiando tanto en ella como en las leyes de la guerra que rigen a los militares españoles y colombianos. Esta es la ocasión, señor coronel, de que Vuestra Señoría realice conmigo las ofertas y protestas de humanidad que tantas veces me ha asegurado. Mi situación impotente inspira respeto y compasión. Yo quedo tranquilo y tan seguro en el territorio del mando de Vuestra Señoría, como en mi campo, pues estoy convencido de que todo valiente es humano y generoso. Yo necesito de todo el cuidado y asistencia que exige un hombre que no puede moverse, y espero que Vuestra Señoría me la proporcione.

Finalmente, Torres fue enviado a Yacuanquer en busca de mayores atenciones curativas pero la gravedad de las heridas no le permitieron sobrevivir por mucho tiempo y el 24 de agosto falleció en esa localidad.

Los avances en materia de canje de prisioneros de guerra

Sin duda, el eje central del tratado de armisticio firmado en Trujillo fue el canje de prisioneros de guerra. Allí se dispuso que los prisioneros serían intercambiados “clase por clase y grado por grado” o un militar de grado superior por varios subalternos. Con el fin de evitar retaliaciones, se decidió incluir a los espías dentro de la categoría de los prisioneros de guerra, lo cual fue considerado un avance en cuanto al derecho internacional humanitario. Además, se dispuso que cada gobierno y cada bando debía procurar el buen cuidado y sostenimiento de estos prisioneros, para lo cual debía asumir los respectivos costos.

El comandante español de la ciudad de Pasto don Basilio García escribió a principios de 1821 al general Antonio José de Sucre, jefe del Ejército del Sur, informándole que tenía en su poder 70 militares patriotas, varios de los cuales eran desertores.

Pocos días después de la batalla de Genoy ocurrida el 2 de febrero, en la cual las huestes republicanas sufrieron un fuerte revés en su intento por avanzar hacia el sur, pudieron arribar a Pasto el español José Moles y el republicano Antonio Morales, comisionados por sus respectivos gobiernos para anunciar en esta región la firma del armisticio. Gracias a esta notificación pudieron salvar sus vidas varios militares patriotas que después de haber sido derrotados en aquella batalla fueron hechos prisioneros, entre ellos, el mayor León Galindo y el alférez José Silva. A pesar de este consuelo, el comandante Basilio García lamentó que la noticia sobre la tregua no hubiese llegado antes de aquella batalla pues pensaba en “cuánta sangre se habría economizado”.

A mediados de este mes, el general Sucre valoró y agradeció a nombre del gobierno de Colombia el acto de “filantropía y beneficencia” que significó la entrega de los prisioneros patriotas de Genoy. García, por su parte, aseguró haber dado otra prueba de su buena fe al liberar a dos clérigos a quienes se les estaba siguiendo juicio por ser adictos a la causa revolucionaria. A ellos les autorizó el respectivo pasaporte para su regreso a Popayán.

Otro de los favorecidos por este canje fue José Gregorio Buendía, cabo 1º del batallón de Neiva quien, tras haber resultado herido en la batalla, fue hecho prisionero pero pudo salvar su vida gracias al armisticio. Meses después, este militar pidió a los altos mandos militares le fuera concedida la licencia por invalidez a causa de las lesiones padecidas en uno de sus brazos y porque su más firme anhelo era regresar al seno de su familia que había tenido abandonada durante esos años de lucha.

El 21 de febrero finalmente se suscribió en la ciudad de Quito el acuerdo entre el presidente Melchor de Aymerich y los comisionados Moles y Morales, para aplicar en los territorios del Sur los tratados firmados a finales de noviembre en Trujillo.

El primer compromiso en relación con los prisioneros era que ambas partes se ofrecían a brindarles buen trato “conforme al derecho de gentes y de la guerra”. Los prisioneros de la recién liberada ciudad de Guayaquil serían canjeados cuando el gobierno republicano y el de Quito se sentaran a negociar sobre este tema.

De acuerdo al artículo 7º del tratado de regularización de la guerra, el comisionado republicano reclamó el beneficio de la amnistía para las personas que estuvieren presas, detenidas o fugitivas como consecuencia de la frustrada revolución de la provincia de Cuenca y a los que estuviesen en la provincia de los Pastos o en Quito retenidos por su opinión a favor de la República.

De manera recíproca, todos los prisioneros españoles que estuviesen bajo el poder de los ejércitos de Colombia, quedarían canjeados y serían remitidos bajo las órdenes de un oficial al cuartel general del Ejército republicano del Sur, para lo cual debía formarse un registro exacto de sus nombres y grados, cuya entrega se formalizaría a través de un oficial acreditado con su respectivo pasaporte. No obstante, se aclaró que en el momento no tenían los republicanos ningún preso español en su poder ante lo cual se convino que solo se verificaría el intercambio de los militares republicanos con el compromiso del gobierno de Colombia de remitir en canje cuando los tuviera.

Pocos días después de que el comisionado Morales adelantara en Quito estas negociaciones, logró que varios militares republicanos que se hallaban en el calabozo fueran reubicados en un reclusorio más cómodo y decente. Además de esto, los visitó y auxilió con los recursos que estaban a su alcance. Gracias a sus gestiones, un emisario de Guayaquil que también estaba en prisión fue liberado y se permitió incluso que saliera de Quito en compañía de Morales.

El 6 de marzo de 1821, el general Santander le pidió al general Pedro León Torres, quien había asumido la comandancia del Ejército republicano del Sur en reemplazo del general Sucre enviado a Guayaquil, que reclamara ante el comandante de Pasto la entrega de los heridos que hubiese tomado en la campaña y además enviara una lista de los prisioneros listos para canje. Si Torres tenía prisioneros, debía verificar el intercambio conforme al tratado suscrito pero, en caso contrario, debía pasar la lista al general Santander para entrar a negociar el canje “por otro lado”, es decir, en la costa Caribe neogranadina o en Venezuela.

En reacción a esta propuesta, dos semanas después don Basilio envió a la ciudad de Bogotá el listado de los prisioneros, dentro de los cuales 17 españoles y criollos se habían incorporado voluntariamente al batallón Aragón, 9 eran prisioneros de la batalla de Pitayó que habían retornado a sus huestes, 24 quedaron voluntariamente en la columna Cazadores y 14 tenían interés de retornar a las fuerzas republicanas, entre quienes figuraban el capitán León Galindo, el teniente Pío Trujillo, el subteniente José Silva, el sargento 2º Domingo Cañón, el cabo 1º Gregorio Buendía y 9 soldados.

Al enterarse de esta respuesta emitida por el comandante de Pasto, Santander aclaró que no debían reclamarse aquellos combatientes que voluntariamente habían decidido enrolarse en las filas del Rey pues esa había sido su libre elección. Todo esto bajo el principio, según el cual, no podía exigirse la devolución de ningún desertor por no estar contemplado esto en el armisticio.

Todo indica que el comandante Basilio García les dispensó a los prisioneros toda la hospitalidad y franqueó permiso a los que quisieran volver a sus filas bajo las órdenes del general Torres. Uno de los beneficiados, el mencionado capitán Galindo, había sido degradado por cuanto en el bando republicano era teniente coronel y ocupaba el cargo de jefe del Estado Mayor del Ejército del Sur. Galindo pudo informar sobre el estado de las fuerzas realistas que defendían Pasto que, según sus cálculos, era aproximadamente de 400 hombres. Entre tanto, el general Torres estaba a la espera de otros prisioneros remitidos “generosamente” por don Basilio.

El 22 de abril de 1821, días antes de finalizado el armisticio, el general Torres recibió un nuevo requerimiento del comandante de Pasto para la entrega de unos prisioneros de la batalla de Boyacá. Torres elevó esta consulta al vicepresidente Santander y propuso que a cambio la República reclamaría los militares patriotas que habían sido retenidos en Popayán, los cuales estaban sirviendo en ese momento a la causa monárquica.

Hay reportes que indican que el 26 de septiembre de 1821 el general republicano Pedro León Torres envió al comandante de Pasto don Basilio García algunas cartas y 65 pesos para cubrir los gastos con los que los españoles habían atendido a los prisioneros republicanos en aquellas tierras del sur.

El coronel Juan Paz del Castillo, enviado por Bolívar como emisario de paz, se hallaba el 3 de enero de 1822 en Pasto y pudo cerciorarse de que allí permanecía prisionero el general José Mires por no haber querido elevar su juramento y compromiso de no volver a usar sus armas contra los españoles, condición necesaria para ser liberado. El teniente coronel Jiménez y otros oficiales ubicados en este mismo depósito estaban listos para ser liberados, previo juramento, y marchar al día siguiente a Quito a reintegrarse a sus filas.

Al mes siguiente, el comandante García informó a Bolívar que en respuesta a las recomendaciones que este alto mando republicano le había hecho, había brindado buen trato al general Mires desde el momento mismo en que estaba en su poder aunque estaba a la espera de que pudiera concretar su canje.

García llegó el 28 de marzo al sitio de Molinoyaco y ante la incertidumbre de no saber sobre el estado del ejército adversario que al mando de Bolívar estaba en aquel punto entre el Guáitara y el Juanambú, consideró que la mejor opción era enviar uno de sus oficiales ofreciéndoles a los jefes patriotas tres prisioneros de guerra que tenía en Pasto con el juramento de no tomar las armas hasta tanto no fueran canjeados. García optó por esta estrategia en vista de los gastos diarios de 6 reales que le significaba el sostenimiento de aquellos militares y la necesidad de tener ocupados algunos soldados en custodiarlos. Sin embargo, nada de esto fue posible por cuanto al oficial comisionado no le permitieron pasar de la primera avanzada patriota.

La discusión del tema del canje de prisioneros se reactivó después de la cruenta batalla de Bomboná. El 16 de abril de 1822 desde el cuartel divisionario de Chapacual, el coronel Basilio García informó a Bolívar que se había presentado el militar patriota Carmen Valdés y otros ocho compañeros desertados a quienes se les preguntó sobre su destino y asintieron tomar filas en las banderas del Rey, siendo ya más de cien los que habían optado por este camino mientras que a los otros se les había permitido ir a sus casas. Al poco rato, Valdés cambió de opinión y don Basilio no tuvo inconveniente en despacharle el respectivo pasaporte de regreso a cambio de lo cual exigió la entrega del oficial Bautista Valiente, su asistente que había caído prisionero en la acción del 7 de abril en los campos de Bomboná. Reiteró el coronel García que todos los demás militares que quisiera canjearse, serían entregados a las tropas republicanas en el Patía debiéndose procurar la homologación en los grados.

El 17 de abril don Basilio aseguró haber recibido los ocho hombres aunque uno de ellos venía herido, sobre los cuales propuso que el canje se haría por los tres oficiales que don Basilio había enviado desde Genoy y, para la entrega del general Mires, debía Bolívar enviar otros oficiales de los que tenía prisioneros a manera de compensación.

Por estos días, el coronel republicano Bartolomé Salom adelantó nuevas gestiones ante el comandante Basilio García, esta vez para devolver el soldado Carlos Ahumada, combatiente español que había caído prisionero en el ingenio de don Martín. A cambio de ello, reclamó la liberación de uno de los asistentes del Libertador Simón Bolívar.

Con el aliento que le significaba la victoria que supuestamente decía habían logrado sus tropas en la batalla de Bomboná, el Libertador envió el 23 de abril una enérgica carta al comandante Basilio García en la que expresaba extrañeza por la solicitud que hacía este oficial español de los prisioneros de aquella batalla en momentos en que ningún prisionero de los tomados en campaña por los españoles había sido enviado, a excepción de tres oficiales de los cuales dos estaban enfermos y por tanto no se podían clasificar como prisioneros.

Bolívar se declaró cansado de tantas “burlas” y le pidió a García que lo mejor era cesar las comunicaciones si en ellas no se le otorgaba el tratamiento que le correspondía como máximo líder del proyecto republicano. Por otro lado, le restó crédito a las noticias que le había informado el comandante español y con esta frase fulminante consideró por el momento suspendido cualquier posibilidad de acuerdo para el canje de prisioneros pendiente: “El señor general Mires seguirá la suerte que Usted guste y el señor general Torres será como quiera Usted hacerlo; pero más tiene que temer el partido español de mí, que yo de él”. El coronel García se había lamentado ante sus superiores de la falta de dinero para tratar a los heridos republicanos.

En los meses siguientes a la batalla de Bomboná, las opciones de intercambio de prisioneros prácticamente quedaron reducidas debido al nivel intenso de confrontación de la guerra. Inesperadamente, el oficial español Benito Boves se había acogido a la capitulación firmada después de la batalla de Pichincha. No obstante, al poco tiempo escapó del depósito de prisioneros ubicado en la ciudad de Quito y se dedicó a reunir en jurisdicción de Pasto a algunos soldados españoles dispersos con quienes integró una guerrilla. Con esta partida logró someter a Pasto el 28 de octubre lanzando proclamas al Rey Fernando VII. Con esta acción volvió a restablecerse temporalmente el gobierno español en esta ciudad.

La campaña de pacificación que siguió a continuación no fue una tarea fácil, tal como lo reconoció el comandante republicano Bartolomé Salom. Según informó en agosto de 1823 este oficial al general Bolívar, era intensa la hostilidad no solo de los militares sino de la población civil. Incluso habían tomado prisioneros algunos muchachos jóvenes de nueve a diez años.

A manera de colofón

El objetivo último del armisticio firmado en Trujillo el 25 de noviembre de 1820, que era crear el ambiente propicio para adelantar las negociaciones de paz que conllevaran al fin de las guerras de Independencia, finalmente no se pudo cristalizar durante los seis meses de esta tregua pactada. El presidente Simón Bolívar se mantuvo inamovible en su posición de exigir a España que reconociera a Colombia como un Estado libre y soberano.

En cierta forma, los problemas suscitados en torno a la implementación de la tregua en el sur de la Nueva Granada eran un reflejo del complejo teatro de la guerra vivido en este territorio ante el alto nivel de beligerancia y confrontación política y militar. Los republicanos debieron luchar por varios años contra un escenario bastante adverso que históricamente había planteado una posición autonomista y de resistencia, un espacio en el cual las lealtades resultaron muy vulnerables.

Se observó bastante desconfianza y tensión entre las partes a lo cual habría que agregarle las reiteradas posturas ambivalentes en medio del propósito por obtener mayores ventajas políticas y militares. De igual modo, se percibieron algunas incongruencias entre los temas generales convenidos en Trujillo y la minucia de lo acordado por los delegados a nivel provincial. Reiteradas fueron las incertidumbres derivadas de los vacíos que surgieron entre los intersticios del marco normativo del acuerdo, como por ejemplo en la delimitación de la línea divisoria en la costa Pacífica. Todos estos factores, enmarcados en el afán de los contendientes a no menoscabar su poderío estratégico, se confabularon para provocar dilaciones no solo en la notificación del tratado sino también en el posterior proceso de fijación de límites.

Si se establece una comparación con la experiencia vivida en las provincias de la costa Caribe, se puede advertir fácilmente en el territorio del Sur una mayor injerencia de la Iglesia y, por otro lado, una mayor participación y radicalización de los sectores populares, ya fuera a través de las guerrillas del Patía o de grupos civiles de resistencia. No obstante, hay que reconocer también que el armisticio y la capitulación significaron de alguna manera un punto de inflexión en la férrea unidad monárquica que se vio resquebrajada por cuenta de una hábil campaña de persuasión por parte de los líderes republicanos y en donde seguramente influyeron también algunos factores externos como la revolución liberal ocurrida en España a principios de 1820.

Aún con todos los tropiezos registrados, no hay duda de que estas fórmulas de acercamiento se constituyeron en un corto respiro en la frenética y cruda lucha militar que venía desarrollándose en estas provincias de Pasto y Popayán durante más de una década.

Lo que más vale resaltar es la voluntad de los dos bandos de mantener vigente el tratado de regularización de la guerra aún después de haber fenecido el armisticio de Trujillo y el armisticio aplicado a nivel regional desde el 21 de febrero de 1821. Eran estas un conjunto de normas humanitarias tendientes a aliviar la situación en medio de la fase final de una guerra cruenta y prolongada vivida en las provincias del Sur. Allí cabe destacar algunos avances en materia de canje de prisioneros, la reactivación del flujo comercial y las garantías a los emigrados.

Hay que reconocer lo difícil que pudo ser la situación para los prisioneros de guerra, aquejados no solamente por la penosa condición de supervivencia sino también por la desazón que pudieron sentir ante su incierto destino en medio de marcadas beligerancias políticas. Este énfasis en torno a los prisioneros de guerra se explica también por el afán de ambos bandos en recuperar estos militares ante el evidente déficit de pie de fuerza, afectado por los altos niveles de deserción y de bajas por cuenta de las heridas y enfermedades a todo lo cual se le sumaba la dificultad para reponer estos hombres.

Sin embargo, en este tema del canje de prisioneros no faltaron los vacíos en la normatividad. Abundaron también los reproches y las mutuas recriminaciones, además de las demoras por la falta de consenso en relación con los términos del intercambio. Otro tipo de interferencias fue el caso específico de las revoluciones espontáneas ocurridas en Guayaquil y Maracaibo. Lo cierto es que cualquier hecho hostil u ofensivo generaba también un ambiente de malestar que derivó en mayor lentitud en las conversaciones bilaterales.

La situación con los prisioneros de guerra se tornó mucho más compleja al advertirse que algunos de ellos eran desertores, todo lo cual remitía a una dinámica compleja e impredecible de lealtades vulnerables. El panorama también se complicaba cuando los prisioneros se hallaban heridos o enfermos, caso en el cual el tratado de regularización había hecho un llamado a procurar brindarles buen trato.

Si se compara la situación con la costa Caribe, el complejo escenario vivido en el Sur se reflejó en el hecho de que, pese a los intentos de reconciliación y de aplicación de normas humanitarias, al final terminó ocurriendo una confrontación militar de grandes proporciones: la batalla de Bomboná, previo a la firma de las capitulaciones. En Cartagena, si bien se dieron algunos combates previos, fueron de todos modos de una dimensión menor antes de que se suscribieran las capitulaciones.

En términos generales, en el Sur se lograron apenas algunos episodios de reconciliación, lo cual no hace más que constatar la fragilidad de los intentos de diálogo y acercamiento entre las partes. De allí se explica la intensificación de la guerra después de la batalla de Bomboná, la sistemática violación de las capitulaciones firmadas en Berruecos y la posición mucho más radical e intransigente de Bolívar. Así entonces, se dio el desborde de la guerra siendo uno de sus momentos más aciagos la denominada Navidad Negra ocurrida el 24 de diciembre de 1822 en donde se observó la fuerte represión de las tropas republicanas. Con ello, terminó imponiéndose la vía de la fuerza y se desdeñaron las alternativas de reconciliación. Esta impronta fue la que quedó grabada en la conciencia de los habitantes de estas provincias, convencidos de la fuerte represión y del irrespeto a su autonomía y convicciones políticas.

En el marco de la conmemoración de los 200 años de la batalla de Bomboná, se ha querido mostrar en este trabajo de investigación la ambivalencia de la guerra y la paz en este periodo de Independencia. No se puede desconocer la crudeza de la guerra pero tampoco se pueden ignorar los acercamientos de reconciliación. Con esto, la intención ha sido hacer un relato del proceso de independencia con todos sus matices en los cuales los armisticios, las capitulaciones y otras fórmulas de diálogo no estén referidos únicamente como un pie de página o como una simple anécdota histórica sino que sean ponderados en su real contexto.

Véase también

• Militarización y participación política plebeya en el suroccidente granadino, 1809-1826
• El tradicional discurso de la iglesia en Pasto y el nuevo sermón después de 1819
• Pasto durante la conformación de la República de Colombia: caracterización socioeconómica y crisis en la ciudad (1821-1831)
• Campaña del sur de 1822 Batalla de Bomboná
• “Las capitulaciones de Pasto, el Pacto de Paz”
• La Batalla de Bomboná en los anales de la historiografía del Centro de Historia de Pasto
• Memoria y representación audiovisual de la Batalla de Bomboná 200 años después personajes y escenarios en la Radio y televisión públicas

Bibliografía

Fuentes primarias de archivo

• Academia Colombiana de Historia, Fondo Archivo del General Miguel de la Torre.
• Archivo General de la Nación (AGN), Fondos Enrique Ortega Ricaurte, Historia, Secretaría de Guerra y Marina,
• Archivo Histórico de Pasto, Fondo Libros de Cabildo.
• Biblioteca Nacional de Colombia (BNC), Fondo Archivo Histórico Restrepo.

Fuentes primarias impresas

• Actas del Congreso de Angostura 1819-1820, Bogotá: Biblioteca de la Presidencia de la República, 1988.
• Archivo Santander, Bogotá: Águila Negra Editorial, 1916, tomos V, VI, X.
• Arroyo, Santiago, Apuntes históricos sobre la Revolución de la Independencia de Popayán, Bogotá: Ediciones Virtual, 2010.
• Blanco, José Félix, Documentos para la historia de la vida pública del Libertador, Caracas: Ediciones de la Presidencia de la República, 1978, Vol. VII.
• Cartas Santander-Bolívar1820-1822, Bogotá: Biblioteca de la Presidencia de la República, 1988, tomo 3.
• Cortázar, Roberto (Comp.), Cartas y mensajes del General Francisco de Paula Santander, Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 1956, Vol. II.
• Cortázar, Roberto (Comp.), Correspondencia dirigida al General Santander, Bogotá, Academia Colombiana de Historia, 1969, Vol. XII, XIII.
• Gazeta de la ciudad de Bogotá, Bogotá: Imprenta del Estado por Nicomedes Lora, 1821.
• Groot, José Manuel, Historia eclesiástica y civil de Nueva Granada, Bogotá: Editorial de Medardo Rivas, 1889, tomo IV.
• Invitación hecha por el general Morillo al Congreso de los disidentes establecido en Guayana y a los jefes militares de los mismos para la terminación de aquella guerra y suspensión de hostilidades, Cádiz: Imprenta de Niel, hijo, Plaza de S. Francisco, 1820.
• López, Manuel Antonio, Recuerdos históricos del coronel Manuel Antonio López, ayudante del Estado Mayor General Libertador, Colombia y Perú 1819-1826, Bogotá: Imprenta Nacional, 1955.
• O´Leary, Simón B., Memorias del General O´Leary, Caracas: Imprenta de la Gaceta Oficial, 1983, tomos 17, 19, 29.
• Obando, José María, Apuntamientos para la historia Bogotá, Editorial Bedout, tomo I.
• Ortiz, Sergio Elías, Colección de documentos para la historia de Colombia. (Época de la Independencia), Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 1964, tomo I.
• Restrepo, José Manuel, Documentos importantes para la historia de la Revolución de la República de Colombia en la América Meridional, Medellín: Universidad de Antioquia-Universidad Nacional, 2009, CD.
• Restrepo, José Manuel, Historia de la Revolución de la República de Colombia, Bogotá: Editorial Besanzon, 1858, tomo III.
• Rodríguez Villa, Antonio, El teniente general don Pablo Morillo. Primer Conde de Cartagena, Marqués de la Fuerte (1778-1837), Madrid: Tipografía de Fortanet, 1910, tomos IV, VI.

Fuentes secundarias

• Chaves Martínez, Ingrid Viviana “El ejercicio del poder: el uso del consenso y la violencia en Pasto, 1821-1831, en: Revista Historia de la Educación Colombiana. Vol. 19. No. 19, enero-diciembre 2016, p. 76, pp. 59-80

• Earle, Rebecca A., España y la Independencia de Colombia, 1810-1825, Bogotá: Universidad de Los Andes, 2014.

• Gutiérrez Ramos, Jairo, Los indios de Pasto contra la República, Bogotá: Banco de la República, pp. 215-216.

• Ibáñez, José Roberto, Campaña del Sur, 1822. Bomboná-Pichincha, Bogotá, Academia Colombiana de Historia, 2020, 2ª edición.

• Mercado, Jorge, Campaña de invasión del teniente general don Pablo Morillo 1815-1816, Bogotá: Editorial Iris, 1963.

• Mosquera, Tomás Cipriano de, Memoria sobre la vida del general Simón Bolívar, Libertador de Colombia, Perú y Bolivia, Bogotá, Imprenta Nacional, 1954.

• Ortiz, Sergio Elías, Agustín Agualongo y su tiempo, Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 1958.

• Pérez O., Eduardo, La guerra irregular en la Independencia de la Nueva Granada y Venezuela 1810-1830, Tunja: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 1982.

• Pita Pico, Roger, “Escollos y legados en la aplicación del armisticio de Trujillo en las provincias del sur de Colombia, 1820-1821”, en: Historia y Espacio, Vol. 16, No. 54, Cali, Universidad del Valle, enero-junio de 2020, pp. 73-102.

• Plazas Olarte, Guillermo, “Historia Militar”, en Historia Extensa de Colombia, Bogotá: Ediciones Lerner, 1970, Vol. XVIII, tomo III.

• Sañudo, José Rafael, Estudios sobre la vida de Bolívar, Santa Fe de Bogotá: Planeta, 1995.

• Thibaud, Clément, República en armas. Los ejércitos bolivarianos en la guerra de Independencia en Colombia y Venezuela, Bogotá: Planeta-Ifea, 2003.

Enlaces en Banrepcultural

• Bicentenario de una nación en el mundo. Proyecto transversal de la Subgerencia cultural del Banco de la República

Créditos

• Roger Pita Pico. 2023. Academia Colombiana de Historia.

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