Pasto durante la conformación de la República de Colombia: caracterización socioeconómica y crisis en la ciudad (1821-1831)

Pasto durante la conformación de la República de Colombia: caracterización socioeconómica y crisis en la ciudad (1821-1831)

1. Pasto en el contexto de la República de Colombia

El periodo entre 1821 hasta 1831 fue un periodo de transformación política violenta en la historia de la ciudad, un proceso mediante el cual Pasto dejó atrás la forma de gobierno de la monarquía y, pese a los prolongados enfrentamientos militares con el ejército republicano, la población pasó a regirse por el orden político de la República de Colombia. Fue una época caracterizada por la inestabilidad política y un contexto social marcado por la guerra. En este contexto y aunque continuaron prácticas sociales e imaginarios coloniales, el proyecto político republicano estableció los mecanismos jurídicos que dieron origen e inicio al proceso de conformación de una nueva sociedad.

A poco más de un mes de la Batalla de Bombona (7 abril 1822), el 13 de mayo de 1822, el Cabildo de la ciudad dirigió un oficio a Melchor Aymerich ratificando su firme unión a la causa realista. Sin embargo, conociendo el triunfo de Antonio José de Sucre en Pichincha (24 mayo 1822), la élite de gobierno local, con la participación del obispo de Popayán Salvador Jiménez de Enciso, acordó la firma de la Capitulación entre el jefe militar español Basilio Modesto García y Simón Bolívar, el 8 de junio de 1822. Este suceso enmarcó «la campaña de Pasto» y su incorporación a la república dentro de lo que se conoce como «Las campañas del sur», promovidas por Simón Bolívar, para extender la Independencia y el ejercicio del poder republicano, hacia los territorios del sur del Virreinato de la Nueva Granada y el norte del Virreinato del Perú.

La importancia de la Capitulación (8 junio 1822) consistió en definir el cambio de la relación de poder de la ciudad con la nueva autoridad política, constituyó un importante acuerdo caracterizado por el uso del consenso poniendo en evidencia que la incorporación de la ciudad a la República, estaba mediada por los intereses particulares de la élite local. Estos estaban relacionados con la conservación de sus bienes y propiedades, la garantía de las personas y bienes de la tropa veterana y vecinos de Pasto; que sus habitantes se conservaran en clase de urbanos y no se desterraran a otros lugares; la exención del pago de contribuciones económicas, la conservación de sus costumbres religiosas, el trato humano a los moradores de la ciudad, el establecimiento de la Casa de la moneda, el respeto de la alta dignidad del obispo y demás clérigos. Estos acuerdos incluían al territorio del Patía. En esta Capitulación la élite expresó sus intereses, su consentimiento y rendición al ejército y al gobierno republicano.

Este importante acuerdo no significó el fin de la guerra, ni tampoco, la total y absoluta rendición del pueblo pastuso a la República. Una vez firmada la Capitulación se generó la ruptura política y administrativa con la monarquía, dando paso al establecimiento de un nuevo orden administrativo, se puede decir que esto también produjo el rompimiento de la relación de poder recíproca y desigual, que, gracias a la mediación de los miembros del clero, la élite había establecido con el pueblo, con el propósito de resistir al ejército republicano.

El contexto histórico que caracterizó esta época también estuvo marcado por la crisis económica, el uso de la violencia, lo que generó una serie de emociones negativas, en la inmensa mayoría, como la desconfianza, el sufrimiento y el temor, esto permite en cierta medida explicar que sus habitantes no se hayan sometido completamente al dominio republicano, pues una Capitulación no iba a cambiar la complejidad de las realidades y relaciones que cada sector social vivía, debido a su experiencia bajo el control español.

A finales de 1822 se desataron una serie de rebeliones, una de las primeras liderada por el coronel Benito Remigio Bobes y Agustín Agualongo, estratégicamente motivadas para detener el paso de Bolívar hacia Quito y Perú, en donde los realistas esperaban el apoyo español. Esto generó una reacción violenta y represiva por parte de los jefes militares republicanos. Ante la inestabilidad administrativa y política en la provincia y la ciudad Simón Bolívar, como presidente de la República, estableció un gobierno militar con el objetivo de pacificar la ciudad y su jurisdicción. Esta particularidad en cierta medida desplazó la monopolización del cargo de gobernador, que anteriormente había sido ocupado por individuos pertenecientes a las redes familiares de poder local, como Tomas Santacruz (1821) y Ramón Zambrano (1822), hacia los jefes políticos y militares republicanos. El nuevo gobierno nombro como gobernadores a: Bartolomé Salom, Juan José Flores, Antonio Farfán, José María Obando, Pedro Manzano, Francisco María Lozano y Francisco Gutiérrez. En enero de 1823, Simón Bolívar conformó un nuevo Cabildo constituido por el Jefe y Juez político: Joaquín Paz y Burbano, el Alcalde 1°: José Soberon, el Alcalde 2º: José Santiago Ibarra, los Regidores: Joaquín de Santacruz y Andrade, Lucas de Soberon, Manuel Enríquez Guerrero, Joaquín de Erazo, Tomas Guerrero, Ramón Córdova y Figueroa, los Procuradores: Salbador (sic) Ortiz, Crisanto Guerrero, el Secretario: José María Ortiz y el Secretario Interino: Nicolás Antonio Burbano. Individuos de algún modo simpatizantes con el nuevo gobierno, quienes en principio tuvieron una actitud comprometida con el establecimiento del nuevo orden político, sin embargo, impotentes al caos de violencia desatado, adoptaron una actitud indiferente al retirarse a sus haciendas hasta que se restableciese el orden en la ciudad.

Es importante mencionar que ante la inestabilidad política y administrativa el Congreso de la República, mediante Decreto del 10 de julio de 1824, trasladó temporalmente el Gobierno de la Provincia de la ciudad, en tanto asentamiento del Concejo Municipal y autoridad de gobierno, a Túquerres hasta que Pasto fuera pacificada completamente y se restableciera el orden social y político. Ante el temor de nuevas revueltas, la ocupación militar de la ciudad continuó hasta 1828, cuando el Intendente del Departamento del Cauca Manuel José Castrillón, por solicitud del Concejo Municipal, ordenó el retiro del ejército republicano de la Provincia. Solo hasta entonces se puede decir que el ejército republicano derrotó sangrientamente a «los revoltosos» y «facciosos de Pasto».

2. Composición social de Pasto

La composición social de la ciudad de Pasto presentaba unas características que involucraban castas, estamentos y clases, en tanto se mantuvo una diferenciación social derivada del origen étnico, una jerarquía social heredada, legitimada por la ley y las costumbres, y unas diferencias económicas definidas por la propiedad de la tierra.

El origen étnico relacionado con la idea de raza, como lo ha expresado Aníbal Quijano, se constituyó «como criterio básico de clasificación social universal de la población del mundo, según ella fueron distribuidas las principales nuevas identidades sociales y geoculturales del mundo.(…) Y también sobre ella se trazaron las diferencias y distancias específicas en la respectiva configuración específica de poder, con sus cruciales implicaciones en el proceso de democratización de sociedades y Estados y de formación de Estados­nación modernos», así se puede afirmar que la clasificación social de la población a partir criterios de origen étnico creó unas «identidades sociales y geoculturales», sobre las que se establecieron diferencias y distancias que dieron lugar a relaciones concretas de poder. Los censos de población de la jurisdicción de Pasto correspondientes a los años de 1779, 1780, 1788 y 1797 permiten definir las características de una sociedad tradicional, basada en una estructura social jerarquizada a partir de la «distinción entre sexos, estados, clases y castas», dichos censos permiten identificar 5 grupos socialmente diferenciados: 1) el estado eclesiástico, distribuido en seculares, regulares, legos y religiosos; 2) blancos, 3) indios, 4) libres de todos los colores y 5) esclavos de todos los colores.

Teniendo en cuenta esta clasificación la evolución de la densidad poblacional de la jurisdicción de Pasto a finales del siglo XVIII era la siguiente, como se aprecia en la gráfica 1:

Gráfica 1. Evolución de la Población de la jurisdicción de Pasto (1779-1797)

Fuente: elaboración de esta investigación con base en Censos y estadísticas de la Nueva Granada (1750-1830).

La gráfica permite poner en perspectiva la densidad poblacional de la provincia y la jerarquía social como contexto social, sobre el cual se configuró el poder local e hicieron posibles determinadas relaciones de poder dentro de un conjunto de realidades complejas. En principio una sociedad fragmentada en un mínimo sector con privilegios como el clero y, teniendo en cuenta criterios de origen étnico, en blancos, indios con ciertos derechos, libres de todos los colores segregados, luchando por mejorar su posición social y esclavos de todos los colores, concebidos como parte de un bien económico y material, que hacían parte del patrimonio de quienes tenían la capacidad económica para comprar, vender o heredar.

Según el censo de 1797, la población de la jurisdicción de Pasto, a finales del siglo XVIII, era de 12.461 habitantes distribuidos de la siguiente manera, como se aprecia en la gráfica 2:

Gráfica 2. Porcentajes de Población Censo de 1797.

Fuente: elaboración de esta investigación con base en Censo del Gobierno de Popayán (1797).

A través de estos censos se demuestra que la población de Pasto a finales del siglo XVIII en su gran mayoría estuvo compuesta de blancos e indios; el mínimo índice de población correspondía al clero, seguido de la población esclava y se puede notar un aumento relativamente significativo en la población clasificada como «libres de todos los colores», lo que permite reconocer la presencia de una población que era resultado de la mezcla y la importancia del origen étnico y el color como criterios para clasificar a la población y definir el lugar que los individuos tenían en la sociedad.

Para el historiador Sergio Elías Ortiz, a finales del siglo XVIII en Pasto, las distancias sociales estaban marcadas por la presunción de superioridad de una clase sobre otra:

La de los blancos de “Castilla”, que se tenían por nobles, sin mezcla de sangre, de solar conocido y, si acaso, con algún pergamino conseguido tras largas gestiones en España y a precio de buen oro; los blancos de la “tierra”, gentes venidas a menos o ya mezcladas con sangre plebeya que formaban una especie de término medio entre la nobleza y el pechero; el pueblo, o sea la masa que desempeñaba los trabajos serviles, herreros, albañiles, canteros, plateros, pintores, escultores, músicos, zapateros, fundidores, tejeros, barberos, silleros, etc.; el indígena, reducido a resguardo, considerado como menor de edad y a quien se le permitía poseer un pedazo de tierra a título enfitéutico o útil; el concierto o peón de las haciendas que estaba en peores condiciones que su hermano de los resguardos y el esclavo africano, negro bozal, o ya diluido en zambo y mulato, según la mezcla que le había cabido en suerte.

Estas características permiten ubicar a la población desde dos grandes distancias sociales: la élite de poder local y «el bajo pueblo». La élite de poder local, en este caso, se caracterizaba por ser un grupo social pequeño formado por miembros de las redes familiares que ejercían el poder político y económico en la ciudad y la provincia de Pasto. Según el investigador Dumer Mamian el poder estuvo concentrado y organizado en las familias de la Villota, de Santacruz, Muñoz de Ayala, Delgado, Burbano de Lara, Ortiz de Argueta, Zambrano, Rosero, Guerrero, Bucheli, Zarama, Astorquiza. Estos individuos hacían parte del clero y del gobierno local, se desempeñaban como miembros del Cabildo o Municipalidad y de la Junta de Provincia y también eran individuos involucrados en actividades militares y comerciales.

Como grupo dominante sus relaciones sociales constituían un mecanismo que les permitió conseguir, mantener y acumular el poder. Estas relaciones estaban dadas a partir de vínculos de parentesco, compadrazgo y amistad entre las familias que ejercían el poder político local, se desempeñaban en los principales cargos de gobierno de la municipalidad o de la provincia, pertenecían al clero, sobresalían por su desempeño militar y como principales propietarios de la tierra.

Desde el ámbito económico, la característica más importante de este grupo estuvo dada por la relación colonial que estos individuos tenían con la propiedad y posesión de la tierra que, bajo la figura de la hacienda como sistema de propiedad, les permitió llevar a cabo la actividad agraria y la explotación de los recursos naturales, gracias al trabajo de la población indígena, en calidad de «consiervos» y peones.

En el grupo de los propietarios de las haciendas y estancias cercanas a la ciudad durante 1821 y 1831, se encontraban miembros pertenecientes a las redes familiares que ostentaban una posición privilegiada de poder y ejercían influencia en la conducta de la población, entre los más importantes: José Pedro Santacruz, el Presbítero Melchor Santacruz, Margarita Chaves, Francisco Grijalba, el cura Francisco José Ojeda, Crisanto de la Villota, Manuel Zambrano, Ramón Bucheli, Francisco Bucheli, Manuel de la Villota (hijo de Crisanto de la Villota), José María Erazo y su esposa María Jesús Chaves, la Congregación de San Felipe Neri, Ignacia Zambrano y herederos Emerenciana y Juan Ramón Bucheli, Leonor Burbano (y demás herederos Hnos Burbano), Nicolás Burbano de Lara (herederos), Ramón España, Crisanto Guerrero, el Monasterio de Conceptas, Liberata Aguirre, herederos de Legarda, José de la Barrera, Joaquín Guerrero y Paula Delgado.

En lo referente al pueblo, la «plebe» o el «bajo pueblo» como lo expresa Scarlett O’Phelan Godoy, es un término que surgió durante el siglo XVIII “para referirse a las capas bajas de la población compuesta por indios, negros y castas, se consideraba por ser individuos de “mala raza” porque debido a sus subsecuentes mezclas raciales, carecían de lo que se denominaba la “pureza de sangre”. De allí que se los mantuviera a distancia, infringiéndoles un sentimiento de marginalidad”. Según Ángel Rama la plebe estaba “formada de criollos, ibéricos desclasados, extranjeros, libertos, mulatos, zambos, mestizos y todas las variadas castas derivadas de cruces étnicos que no se identificaban ni con los indios ni con los esclavos negros”.

Dada la composición social de la ciudad de Pasto, el pueblo estaba conformado por indios, mestizos, hombres y mujeres libres, empobrecidos y esclavos, un grupo amplio, diverso, heterogéneo, como resultado de una sociedad fragmentada; como lo ha expresado Sergio Elías Ortiz “el pueblo, o sea la masa que desempeñaba los trabajos serviles, dividida en gremios, que eran los de mercaderes, sastres, herreros, albañiles, canteros, plateros, pintores, escultores, músicos, zapateros, fundidores, tejeros, barberos, silleros”; también se desempeñaban como mayordomos, sirvientes, jornaleros y, dadas las condiciones miserables, eran vagabundos. En su conjunto las personas que al ser identificadas con “las castas y la plebe eran vistas como alteradores del orden público; individuos de escasos recursos, con trabajos eventuales o desocupados y por lo tanto, proclives al ocio, al robo, a la violencia, a la insubordinación”. Dada su diferenciación racial y económica con relación a la élite local, no ostentaban el poder político, fueron objeto de las relaciones de poder jerárquicas, desiguales y de dominación y, una vez jurada la Constitución Política de la República en 1823, soportaron el rigor de la violencia y quedaron por fuera del grupo privilegiado de ciudadanos que definía el proyecto político de la élite republicana, es decir, en la práctica continuaron insertos en relaciones de dominación coloniales en una época convulsionada, inestable y de violenta imposición de una nueva forma de gobernar y administrar el territorio, los recursos y la población.

Estas características dieron continuidad a relaciones sociales y de poder, fundamentadas, en criterios de origen étnico y de clase entre quienes ejercían el poder político y económico local y la gran masa gobernada. Dentro de las relaciones de poder, jerárquicas, desiguales, de dominación y exclusión se encontraban indios, libres de todos los colores, esclavos e individuos considerados como vagos, miserables, mal entretenidos y sin oficio útil.

Según el censo de población de 1797 había 4719 indios, lo que equivalía al 37,87% de la población y lo constituía en el segundo grupo social más amplio después de los «blancos» con el 49,11%. Como en otros lugares de América la población india se dividía según su relación con el tributo y según su relación con la tierra, en Pasto y su jurisdicción esto constituyó un elemento fundamental de las relaciones y tensiones con otros sectores de la sociedad. Según Jairo Gutiérrez durante estos años florecieron los pleitos y las manifestaciones de insubordinación y resistencia frente al tributo, al trabajo subsidiario y al despojo de tierras.

En la jurisdicción de la ciudad la población indígena tributaria, principalmente, se hallaba concentrada en los caseríos de las parroquias periféricas. Según la relación de los indios que pagaron el tributo correspondiente al año de 1804 había 406 indios ubicados en los 26 pueblos incluida la ciudad, la mayor concentración de población indígena tributaria se encontraba en Anganoy, Pandiaco, Buesaquillo, Santo Domingo, Veracruz-Conzaca y Monbuco, esto además de facilitar el cobro del tributo, definía la relevancia de este sector en la economía local e insertaba a los indígenas en una relación de dominación como sirvientes y jornaleros, y le permitía al clero y a los hacendados locales aprovechar el trabajo indígena, en tanto grupo dominante y propietario de la tierra.

El proyecto político republicano basado en “los principios más sanos de política, de razón y de justicia”, estableció la sustitución del antiguo tributo personal que pagaban desde la época de la conquista española, sin embargo, en Pasto y su jurisdicción, cuando la élite republicana empezó a implementarla, generó rechazo y descontento en sectores privilegiados como las monjas del monasterio de la Concepción, que se veían afectadas por la eliminación del tributo.

En 1830, la abadesa de San Visente (sic) dirigió un oficio al presidente de la república en el que manifestaba, que desde la fundación del monasterio habían sido encomenderas de los indígenas de sus temporalidades, para que el indicado tributo lo devengasen a su servicio, también expresó:

[…] esta grasia (sic) piadosa jamás se ha innovado por ningún gobierno: y ahora por el gobierno del sr Obando se nos a (sic) empesado (sic) a quitar el único recurso, que nos a (sic) quedado para la labransa (sic) de nuestras fincas que nos devengaban (sic) el tributo en ello.

Así, las monjas vieron en la eliminación del tributo, una gran afectación de sus propios intereses, basados en los privilegios socioeconómicos coloniales que pretendían conservar para su beneficio, a la vez se percibe como la tradición de una relación de dominación y explotación sobrevivía a los cambios que la nueva Ley buscaba implementar.

En lo referente a la población mestiza, según lo afirma Margarita Garrido «libres de todos los colores» fue un término

[…] introducido inicialmente para los batallones militares de las reformas borbónicas (…) La sola expresión de “libres de todos los colores” con la que fueron agrupados mulatos, zambos, mestizos, pardos y montañeses en los reclutamientos de militares, además de denotar la creciente dificultad de clasificar a los individuos entre las distintas definiciones de castas, señala un proceso de exclusión-inclusión.

Y aunque «libres de todos los colores» “eran más de la mitad de la población de la Audiencia de Santa Fe a finales del siglo XVIII”, algo muy distinto sucedía en la composición social de la provincia de Pasto y su jurisdicción. Según los datos del censo de población de 1797, había 1441 «libres de todos los colores», lo que equivalía al 11,56% de la población, pues como se ha señalado la composición social estaba caracterizada, principalmente, por la presencia de blancos e indios. Lo que de algún modo muestra que en Pasto el «mestizaje» no se dio de la misma manera que en otras partes del Virreinato. En Pasto los libres de todos los colores hicieron parte de una minoría que, si bien gozaba de libertad, tenían un lugar incierto en la sociedad y eran menospreciados por unos y otros debido a su nacimiento, esto quizá constituye un elemento a tener en cuenta para entender no solamente, las relaciones sociales y de poder, sino también que no existía un grupo social de mestizos, representativamente amplio, que tuviese intereses en buscar otras condiciones sociales que los motivara a participar decididamente en favor de la independencia.

Al referirse a este grupo social, Margarita Garrido expresa: « el reconocimiento como hombre o mujer libre implicaba la inclusión entre los no-indios y los no-esclavos, sin embargo la clasificación como de color aludía a tener mancha de raza y por tanto justificaba la exclusión de los blancos», en esta franja incierta se hallaban hombres y mujeres que tenían libertad de desempeñar algún oficio, ganarse la vida trabajando en una tienda y que dejaron constancia de sus esfuerzos por defender su honor, su buena honra, relacionados con «su origen de sangre y nacimiento» y, en tiempos de un nuevo orden político, también fueron rechazados y menospreciados por sus inclinaciones políticas.

Uno de los casos que muestra la presencia de los prejuicios raciales frente a los libres de todos los colores, es la demanda interpuesta, ante el Alcalde Primero Municipal Juan María de la Villota, por Ramón Fernández de Córdoba, contra Francisco Llori, quien al

[…] hallarse acalorado por asuntos particulares y que habían presedido le izo (sic) vertir (sic) aquellas expresiones denigrativas, contra su sangre, y nacimiento las que a sangre fría no sería capaz de producirlas y que por lo tanto lo deja en su misma reputación y buena fama, la misma que ha tenido y ha poseído antes de expresadas las injurias provadas (sic)”.

Así se vislumbra la manera en que estaban presentes los prejuicios raciales en el subconsciente de los individuos, los cuales eran usados para manifestar una agresión fundamentada en el origen étnico en tanto el mismo demandado reconoce que haber hecho alusión a «su sangre y nacimiento» era algo denigrativo, y para Ramón Fernández, era importante que el demandado restituya y reconozca «la reputación y buena fama» que tenía antes de que Llori le lanzara la ofensa.

Otro caso similar que permite mostrar las tensiones sociales que involucraban el origen de nacimiento, las inclinaciones políticas, y cómo el honor estaba asociado con la conducta moral, es el caso de José María Guendica vecino de la ciudad, involucrado en el comercio entre Popayán, Pasto y Quito. El 14 de marzo de 1826, interpuso demanda ante el juez de primera nominación Lucas Soberon, contra el Sr Alcalde Parroquial Antonio Merchancano, quien aprovechado de la autoridad que le otorgaba el cargo que desempeñaba y «embriagado con el licor, que había tomado prorrumpió expresiones insultantes contra la conducta política, y el nacimiento», de Guendica, quien se encontraba ayudando a adornar las calles con un arco que se mandó poner con ocasión de la llegada, a la ciudad, del Gobernador Antonio Farfán, Merchancano además lo desafío a pelear a lo que Guendica respondió que su «obra no era de su incumbencia».

Hasta aquí el hecho de referir el origen de nacimiento era una manifestación del rechazo y discriminación a la que estuvo expuesto José María Guendica, que unido a su participación en el ornamento de la ciudad, ante la llegada del gobernador fue objeto del abuso de autoridad y agresión por parte del Alcalde.

A finales del siglo XVIII la población esclava en la provincia de Pasto, escasamente representaba el 0,90% de la población total. Los esclavos de todos los colores hicieron parte de una relación de poder jerárquica, de «dominio y posesión», definida por el poder ejercido por el dueño sobre los esclavos bajo su dominio.

El proyecto político republicano mediante la Ley del 21 de julio de 1821, al establecer la libertad de partos, manumisión y abolición del tráfico de esclavos, dio inicio al proceso de abolición de la esclavitud en Colombia, estableció la obligación de «educar, vestir y alimentar los hijos» de las esclavas, los cuales debían servir a los amos hasta los 18 años, en teoría se podría decir que la Ley se haría efectiva sólo hasta 1839; sin embargo, como lo ha señalado Hermes Tovar Pinzón, la ley no tuvo eficacia y mientras los conflictos internos se sucedían unos a otros, la inestabilidad política de la República prolongaba las guerras civiles y la población esclava esperaba la libertad.

En la ciudad de Pasto la realidad para este sector de la sociedad continuaba reproduciendo prácticas coloniales dentro de una relación de poder jerárquica y de dominación entre amos y esclavos. El comercio de esclavos fue una actividad en la cual algunos comerciantes de la ciudad se involucraron, entre ellos Agustín Cabrera, Joaquín Enríquez, José Guendica y Pedro Cagigas, individuos que habían acumulado un importante capital que durante esta época les permitió comerciar con esclavos entre Popayán, Pasto y Quito.

La posesión de esclavos constituía un elemento que simbolizaba el prestigio social de los dominadores, en tanto hacían parte del patrimonio económico heredable de generación en generación; por ejemplo, Tomas Santacruz y Caicedo en su testamento dejó constancia de su voluntad de heredar sus esclavos al expresar: «un esclavo llamado Domingo se lo dejo a mi hija Josefa para que lo tenga como mayordomo si desea o lo venda en $150 ó más, (…) una esclavita llamada Cruz», se la dejó a su nieta Josefa Delgado y Santacruz hija de su difunta hija Dña Francisca.

De otra parte, las reclamaciones de los esclavos permiten mostrar la particularidad de las relaciones de poder en las cuales, se hallaban insertos y las tensiones a las que se enfrentaban. Sus intereses consistían en buscar mejores condiciones de subsistencia, sobrevivencia, un trato más humano, su tiempo, su trabajo y la posibilidad de la libertad. Durante esta época el imaginario de la libertad para los esclavos surgió con el ofrecimiento que cada bando, realista o republicano, hizo para incorporarlos al ejército.

El gobierno republicano, mediante Resolución del 14 de octubre de 1821, estableció que los esclavos fueran admitidos al servicio de las armas, indemnizando a sus dueños, si bien, este hecho permite tener en cuenta el papel y participación de los esclavos en la guerra, la nueva Ley, al menos durante este periodo en la práctica, no modificó la relación de poder de «dominio y posesión» en la cual se encontraban.

En Pasto la población esclava fue utilizada para el trabajo en las haciendas de la élite y aunque tenía unas condiciones menos desfavorables en relación con los esclavos dedicados al trabajo en las minas de Barbacoas, continuó en una relación de poder subordinada y de explotación. El valor económico de una negra esclava como «pieza» oscilaba entre 300 y 350 pesos, dependiendo de sus saberes domésticos y «resabios», lo que significaba ser «muy buena mosa», saber coser, lavar, cocinar, y almidonar, hacer lo que le mandasen y no tener el defecto de huir, no tener ninguna enfermedad, ni lesión física que dificultase su trabajo, en caso de resultar algún defecto físico se recurría a la certificación médica del Dr. Lino Paredes (médico de la ciudad), quien constataba el estado de la «pieza». En esta representación subyacía una relación de poder jerárquica y de dominación derivada de la condición de esclava y mujer. Como objeto de propiedad las esclavas fueron empleadas en los servicios personales de las mujeres de la élite y, dada la variedad de matices y castas, los servicios personales de sus amos.

Las formas a través de las cuales existió la posibilidad de su libertad fueron: mediante la propia compra, el 11 de abril de 1833, se presentó ante el escribano público, Juan Manuel de la Villota, quien manifestó haber recibido de su esclavo Francisco Solano Valdes la cantidad de $200 en onzas de oro y $13 completos para conseguir su libertad, satisfecho con el valor entregado se formalizó en favor del esclavo la libertad; la voluntad del amo que en algunos casos dejaba plasmada en el testamento la decisión de dejarlo en libertad. Aunque los cambios promovidos por el proyecto político republicano, para este sector de la sociedad, no lograron materializarse en la práctica de manera inmediata, es relevante señalar la importancia formal de la Ley, en tanto definía el inicio de una nueva relación entre los esclavos, el Estado y los propietarios, lo que llevó con el tiempo, a quienes los tenían como parte de sus bienes patrimoniales, a reconocer la libertad en virtud de las nuevas leyes, como fue el caso de Barbara Burbano quien en su testamento declaró tener dentro de sus bienes: «una esclava llamada Bacilia (sic) con tres hijos de los cuales también son mis esclavos (ilegible) y Matías, y José Lisardo libre, a virtud de la ley de libertad de partos».

3. Actividad económica y crisis en la ciudad

La estructura económica de la ciudad y su jurisdicción estaba definida principalmente por la propiedad de la tierra. La hacienda como sistema de explotación de la tierra, articulaba el trabajo indígena, la agricultura, las minas y la pequeña actividad comercial entre Quito y Popayán. Esto definió las características de una sociedad principalmente agraria que dio continuidad a las relaciones de poder y dominación entre propietarios, poseedores, arrendatarios, pequeños comerciantes, amos, mayordomos, jornaleros, sirvientes y esclavos.

Las transacciones comerciales se hacían en pequeña escala con las ciudades de Popayán y Quito y como paso obligado con la villa de Ibarra. Pasto al tener las características de una ciudad intermedia, cumplió el papel de comunicar y, por ser paso obligado entre lugares de influencia cercanos como la provincia, sus alrededores y otros puntos más estratégicos como Barbacoas o Tumaco, también en el flujo de las relaciones familiares y comerciales que sus habitantes habían establecido con Lima, Quito y Popayán desde la época colonial.

Por la ciudad pasaban productos comerciales y de consumo procedentes de España e Inglaterra, en la carrera de Panamá, Guayaquil, Quito y Popayán, entre estos: vino, telas, paño de corte, raso blanco, sombreros (de Lima), botones, medias inglesas (para mujer y hombre), lanilla blanca, bayeta amarilla y morada (de Castilla), ropa del país, peines, lienzos, otras mercancías extranjeras como: mahones azules, amarillos, bretañas, muselinas, cotines, zarazas, pañuelos, paño azul, percala (sic) y ruanas.

Debido al desgaste de la guerra, la resistencia y la violenta imposición del nuevo orden de gobierno, la situación económica de la ciudad y sus habitantes no era la más favorable, atravesaban una época de crisis. En 1821 las necesidades de defensa de la ciudad y la guerra llevaron a la creación de una «junta de protección» para el sostenimiento de las tropas, fue dirigida por el obispo Salvador Jiménez de Enciso, el objetivo de esta junta era recaudar dinero y bienes de los individuos económicamente más «pudientes», en palabras del obispo: «los vecinos pudientes se prestan gustosos al suministro de los alimentos de la tropa, a cuyo efecto hemos instalado una junta de protección de orden de este Señor Gobernador, para proporcionar los abastos compuesta de los principales sujetos de la que se me ha hecho presidente». Como lo afirma Margarita Garrido, la formación de Juntas obedecía a una tradición hispánica establecida para enfrentar los problemas locales. Este modelo de organización en juntas fue asumido por los españoles para resistir a la invasión Napoleónica y, siguiendo su ejemplo también se crearon juntas en las ciudades hispanoamericanas, las cuales se convirtieron rápidamente en instrumentos de autogobierno criollo; no obstante y guardando las debidas proporciones de lo que la conformación de juntas significaba en el contexto de las Independencias en las Américas, en Pasto la junta tuvo un carácter económico que buscaba la protección y defensa de la ciudad y el orden colonial, frente a la amenaza republicana.

En enero de 1821 el Gobernador Basilio García comunicó al Presidente de Quito Melchor Aymerich, el inicio de las sesiones de la junta, los auxilios proporcionados por sus miembros quienes ante la escasez impusieron un donativo a todos los sujetos que consideraron capaces de darlo, empréstitos como abonos por las cajas nacionales. El resultado fue que entre el venerable clero, comerciantes, y otros vecinos contribuyeron cada uno con la cuota asignada, cuya suma en total ascendía a $726. El Cabildo nombró a los regidores Francisco Villota Bucheli y Manuel Guerrero y Delgado para que recogieran los víveres, contribuciones y donaciones que los habitantes hacían.

El día 8 de mayo de 1821 se realizó un cabildo público con el objetivo de reglamentar el cobro de impuestos de Renta del Estado a todos los ciudadanos, procurando que estos fueran asumidos por aquellos que tuviesen haberes sin excepción alguna, en 9 puntos el reglamento determinaba:

1. El pago del 1% de todo lo que se posea sin acepción de personas incluyendo los “militares que tengan haciendas, clérigos, monjas, y religiosos, sin esepcion (sic) a los privilegiados según lo manda la constitución”

2. “Concluido el uno, bolveran (sic) el otro, sin necesidad de que se tome nuevo cabildo subsesivamente”

3. “El que deba contribuir con dinero podrá hacerlo por sus justos precios en reses, trigo, o ropas.

4. Por una res debe entenderse tenga el peso de ocho arrobas por romana se le bajara al precio corriente con tal que se lleve las sobras, o pague la faltas”.

5. “Para formar el estado de principales en el qual (sic) se entiende no solo las reses, sino también trapiches, y de más producciones de las haciendas: se nombran a los SS Don José Pedro Santacruz, D. Juan Manuel de la Villota, y D. José Zarama”, encargados de realizar los informes que permitiesen conocer el valor de todas las producciones, para lo cual se estableció el termino de ocho días, en los cuales cada individuo debía dar a conocer a los comisionados, el importe al que ascendía su caudal pudendo así establecer el correspondiente pago.

6. Para la misma comisión se nombró “al Sr. Regidor Dn. Manuel Guerrero y Delgado, Dn. Joaquín Erazo, y D. Manuel Enríquez Guerrero”

7. En lo referente a los “reconocedores de Censos de cualquier especie se estableció que esta contribución sea descontada a los censualistas al momento del pago de réditos”

8. Se estableció como abono a este impuesto, las contribuciones que algunos vecinos hubiesen dado desde la época en que se publicó la constitución hasta la publicación del reglamento, presentado los recibos de abonos que se les hubiesen dado.

9. Para la recolección de este impuesto se comisionó a “los SS Regidores D. José Soveron y D. Francisco Delgado Guerrero con el comisario de Guerra encargado de dar los recibos.

Es importante mencionar que la presión ejercida sobre la población para obtener recursos económicos a través de los «prestamos públicos» o «empréstitos», fue algo común en diferentes lugares del territorio americano desde la época colonial, y tuvo continuidad durante el inicio de la conformación de la república.

En Pasto el cobro de los «prestamos públicos», por parte de las autoridades monárquicas puso en evidencia la presión, la crisis y el desgaste económico generado por la guerra. La ruina que experimentaban los habitantes de la ciudad se expresaba en el incumplimiento de los pagos que debían realizar en calidad de préstamo, las contribuciones al sostenimiento del ejército, las obligaciones tributarias, impuestos, el pago de censos y capellanías, lo cual derivó en más multas, e incluso en pleitos judiciales motivados por el incumplimiento de los pagos en la compra y venta de propiedades, el arrendamiento de tierras y el pago de funcionarios del gobierno.

La guerra afectó las actividades agrícolas, mientras sus habitantes se defendían, eran sometidos, masacrados, reclutados y desplazados de una guerra a otra, no había tiempo ni manos para trabajar la tierra, los molinos, los tejidos, los dueños de pequeñas propiedades no tenían los medios para poner a producir la tierra, ejemplo de ello es la solicitud de Joaquina Sosa, residente en el Tambo Pintado, el 25 de enero de 1823 solicitó al Cabildo de Pasto, en nombre de su esposo Gabriel Días, ser absuelto de la contribución de los 100 pesos, según el gravamen de los prorrateos impuestos por Bolívar, pues le resultaba imposible pagar dada la enfermedad de su esposo, en su argumento afirmó haber tenido para su subsistencia 25 cabezas de ganado, 5 bestias salvajes, 4 caballos, sin embargo, todo lo que tenía en su hacienda había sido entregado al General Barreto, quedando sin recursos para sostener a su familia ni poner a producir su hacienda. Por su parte, el Cabildo una vez confirmó con la declaración de los tres testigos: Juan Chaves Erazo, Mariano Bastidas y Jacinto Casimanza, absolvió a Gabriel Días de la contribución de $100 y ordenó pagar únicamente la suma de $10.

La crisis económica no solamente se derivó de los saqueos a las haciendas, robos de ganado, cosechas y cuanto fuese útil para el mantenimiento de los ejércitos, la crisis se hizo mayor debido a las contribuciones que durante la defensa de la ciudad se impuso a todos los ciudadanos incluidos militares, clérigos, monjas, religiosos y a todos los considerados privilegiados, y luego con las necesidades económicas de la República se impusieron a sus habitantes por igual.

La capacidad económica de algunos funcionarios, pequeños propietarios, comerciantes y el pueblo en general se vio afectada. Por ejemplo, Miguel Muñoz solicitó reiteradamente la cancelación del salario devengado en el cargo que desempeñaba como secretario de la municipalidad, desde el 15 de septiembre de 1824 y desde hace 1 año y 5 meses no se le había pagado, valor que ascendía a $244 con 4 ½ reales. Joaquín Enríquez, un comerciante de la ciudad desde 1819 se vio obligado a vender parte de sus bienes entre los que se encontraban la hacienda de Alpujarra, hacienda la Jubanguana, la hacienda de la Erre y Sacandonoy, esta última en 1822 pasó a ser de propiedad de José Pedro Santacruz, este a su vez se vio obligado a vender sus propiedades en Lima.

Miembros de la élite y el pueblo se vieron afectados por las medidas tomadas por Bolívar relacionadas con la confiscación de sus bienes, la imposición de contribuciones económicas, impuestos, préstamos, la expulsión de la ciudad y el pueblo en calidad de prisionero pasó a formar parte del ejército republicano.

Una vez Pasto fue incorporada al gobierno republicano, sus habitantes fueron sometidos a grandes cargas tributarias, pues estas constituían una fuente económica importante para la insolvente república, el argumento principal para imponer nuevas contribuciones era, no solamente la necesidad de lograr la pacificación de la ciudad, sino también «ocurrir a los gastos indispensables de la expedición» de Simón Bolívar en la campaña libertadora de Perú.

La imposición de contribuciones económicas continúo haciendo parte de las prácticas de gobierno republicano, las que sin duda tuvieron un efecto en la totalidad de la población. En enero de 1823 Simón Bolívar como Presidente de la República ordenó recolectar la suma de $30.000 pesos, aunque la documentación no permite definir la manera en que se establecieron las tarifas, se ordenó que esta cantidad fuera repartida entre los «vecinos principales y pudientes del Cantón», destinando el dinero a cubrir los gastos de la expedición.

En cumplimiento de lo ordenado por Bolívar, el Cabildo comisionó a Ramón Chávez Benavides, Pedro María Villota y Camilo Barrera, para realizar el cobro y recaudo de dicha cantidad, dando escasamente tres días a los contribuyentes para hacer la entrega del dinero, de lo contrario los comisionados tenían autorización para llevar como prisioneros a quienes incumplieran y remitirlos a la cárcel de la ciudad.

El valor de contribuciones recaudadas entre 56 vecinos de la ciudad fue de aproximadamente $9.995,20, el valor adeudado de $8.178, aunque pudo haber sido mayor, teniendo en cuenta que quienes fueron reclutados en el ejército republicano, también hicieron parte de los deudores, la documentación permite identificar la suma de $852 correspondiente a deudores que fueron reclutados entre ellos: Melchor Delgado, Juan Bautista Cháves, Los herederos de Pablo Faxardo, Los Zambranos poseedores de Roma, Los poseedores de la hacienda de San Juan, Los poseedores de Chaspirumi, El depositario de la hacienda Peñol, Francisco Zambrano, Salvador Ruiz, Cruz Nañez, Juan Gimenes, Manuel Bastidas, Manuel Calvache, Ignacio Burbano, Pablo Calvache, Santos de la Guerra y José Benavides. Finalmente, la cantidad derivada del embargo de los bienes y propiedades fue de aproximadamente $12.000 distribuidos entre criollos, que se destacaban por su capacidad económica, se habían desempeñado en algún cargo del gobierno local y con inclinaciones políticas contrarias al nuevo gobierno entre los que se encontraban (ver tabla 1):

Tabla 1. Embargo de bienes en 1823

Individuos	cantidad
Ramón Zambrano	$ 4.000
Juan Arguinena	$ 3.000
Juan Bautista Zarama	$ 500
José Zarama	$ 500
Estanislao Merchancano	$ 100
Melchor Guerra	$ 2.000
Salvador Torres	$ 500
Francisco Zambrano y Villota	$ 200
Joaquín Enríquez	$ 100
Mariano de Santacruz	$ 1.000
Fernando Chaves	$ 100
Total	$ 12.000

Fuente: elaboración de esta investigación con base en la Lista de contribuyentes del impuesto de $30,000 decretado por Simón Bolívar en 1823.

Entre las estrategias para evadir la contribución algunos individuos se declararon insolventes: Santiago Narváes y Marcos Ortega. También fueron continuas las solicitudes de rebaja en la contribución asignada, algunos argumentaron enfermedad, estado de pobreza y miseria, no faltaron quienes a criterio de los miembros del Cabildo se les negaron las peticiones, por ser conocidos como personas económicamente «pudientes», un ejemplo de ello fue Juan Chaves Erazo quien solicitó al gobernador y a la municipalidad que se le señale una contribución equitativa por no poder pagar los 1500 patacones recogidos en el prorrateo dictaminado por el Libertador, la petición fue negada por considerarlo «un sujeto pudiente y de ingresos conocidos».

La mayor cantidad de dinero y contribución recayó sobre el embargo de las propiedades de algunos miembros de la élite local, una pequeña cantidad $5.038 se recaudó de la mayoría de los individuos que bien podían ser medianamente solventes o no tan reconocida su participación en las revueltas de octubre de 1822, pues la imposición de contribuciones económicas hizo parte de las prácticas de represión ejercidas para lograr el sometimiento de Pasto a la nueva autoridad. El valor de las obligaciones variaba entre $10 y $500.

Durante esta época la población se vio afectada económicamente por variadas contribuciones e impuestos entre los más importantes correspondían al impuesto de guerra y militar (20% sostenimiento de tropa, 1% morosos), renta, hacienda, venta, 1% al precio de la harina, rentas municipales, 15% de bienes de manos muertas. Al restablecer el ramo de aguardiente se generaron disturbios que impidieron el total cumplimiento de la disposición, lo cual agravó la tensión social y militar que vivía la ciudad.

Según las disposiciones del Congreso y el Decreto del Poder Ejecutivo, se reglamentaron los impuestos y rentas de la provincia, lo que afectó la dinámica económica de la ciudad en lo referente a tiendas, pulperías, transporte, ganado y molinos, de manera que se mandó a establecer el «Reglamento de los Impuestos y Rentas» en 1827, en el cual se determinó la «tarifa de los derechos de policía urbana y rural» así:

Tabla 2. Renta Urbana

Por cada cabeza de ganado vacuno macho o hembra que se mate para su expendio en cualquiera de las parroquias de este cantón	½ real mensual
Las tiendas en donde se vendiesen efectos de comercio siendo sus dueños vecinos o avecindados en este cantón	2 reales mensuales
Las pulpería o tiendas en donde se vendan víveres comestibles y bebidas	½ real mensual
Por cada carga de: raspadura, miel, trigo, harina, sal, y otra especie que se vendiese pagaran sus introductores o cosecheros	½ real mensual
Los derechos sobre pesos y medidas	2 reales mensuales
Los villares, juegos, y galleras, pagaran cada uno	2 reales mensuales
Las multas impuestas a los que usasen pesos o medidas que no estén marcadas con el referido sello	$5 por primera vez $10 por segunda vez $20 por las siguientes

Fuente: elaboración de esta investigación con base en el Reglamento de Impuestos y Rentas de 1827.

En lo referente a la renta rural de todo lo que transitaba por los puentes se reglamentó así:

Tabla 3. Renta Rural

Todas las cargas de Ropa de castilla o ordinaria	2 reales por cada carga
Los ganados	1 real por cada cabeza
Las cargas de víveres comestibles: carnes secas, harina, trigo, sal, raspaduras, miel y demás	1 real por cada carga
Los molinos de trigo	2 reales mensuales cada uno

Fuente: elaboración de esta investigación con base en el Reglamento de Impuestos y Rentas de 1827.

Para quienes ocultasen las cargas, generando el fraude a esta renta, se estableció el doble de lo defraudado.

A finales de 1824 el gobernador Antonio Farfán remitió un informe al General Juan Paz del Castillo, en el que advertía las difíciles condiciones en las que se encontraba el ejército republicano y lo que costaba la tranquilidad de este territorio, al respecto manifestó:

La escombrosiad (sic) y deboracion (sic) son consecuencias infaltables de la guerra desoladora, que por espacio de tanto tiempo se ha sufrido en este país, y por la completa destrucción del todo se ha inundado la provincia de langostas, extendiéndose esta plaga desde el valle de Patía hasta el Guaytara (sic), de forma que los frutos en los campos que por la estación del año estaban tiernos todavía fueron devorado de estos insectos hasta el tronco.

Hacia 1830, la abadesa Francisca de San Bisente (sic) del Monasterio de la Concepción manifestaba el estado de miseria en que se encontraban por los desastres de la guerra; expresaba además que el temblor de Popayán había destruido la iglesia, por lo que solicitaba el descuento del tributo de indios para que estos trabajaran en sus fundos y poder tener los recursos para mantenerse. Esta particularidad permite ver la relación de explotación en la que los indígenas continuaban subordinados al tributo y trabajo para un sector privilegiado de la sociedad, pero también una relación de dependencia de las monjas derivada de las cargas económicas y del trabajo al que sometían al indígena.

Hacia 1833 la situación económica de Pasto no había cambiado, continuaba muy precaria pues según el informe de José Segura, comisionado ante el Concejo Municipal, la agricultura escasamente abastecía a los habitantes, el comercio y la industria estaban paralizados debido al estado de miseria de la provincia.

Conclusiones

En este artículo se presentó un panorama sobre la situación social y económica de la ciudad de Pasto durante el proceso de conformación de la República de Colombia. Un proceso de construcción histórica que permite mostrar la forma en que los habitantes de la ciudad de Pasto fueron incorporados a la nueva entidad política, en un contexto político caracterizado por la lealtad al orden colonial, la resistencia a la independencia. Una sociedad jerarquizada, desigual, fundamentada en criterios de origen étnico y de clase, con diferencias económicas derivadas de la propiedad de la tierra.

El panorama que se vislumbra de la ciudad es de crisis económica derivada de la prolongación de la guerra y la represión a la que fueron sometidos los habitantes, mediante la imposición de contribuciones económicas, prestamos públicos, el abastecimiento de los ejércitos, la reglamentación de impuestos y rentas, como parte de las prácticas de gobierno promovidas, desde finales del control monárquico y que pervivieron durante el establecimiento del nuevo orden político republicano.

El proyecto político republicano estableció el fundamento jurídico y legal que redefinió las relaciones de poder entre diferentes sectores sociales y el nuevo Estado. En Pasto la élite mediante el uso del consenso buscó adaptarse a la nueva forma de gobierno conservando sus intereses expresados en la conservación de sus cargos, propiedades y privilegios económicos y políticos; para la población indígena lo más significativo fue la relación con el tributo, la tierra y la eliminación de los resguardos; los prejuicios raciales, unidos a las preferencias políticas republicanas, continuaron haciendo parte de las tensiones cotidianas para los mestizos; y para la población esclava, que, pese a decretarse su libertad, continuaron como parte del patrimonio económico de miembros de la elite, el clero y comerciantes, la posibilidad de libertad existió condicionada a la participación en los bandos realista o republicano, la voluntad del amo y la propia compra.

En este sentido se puede afirmar que el imaginario republicano, fundamentado en los principios modernos de libertad e igualdad, era incompatible con la realidad social y económica de Pasto y su jurisdicción, sin embargo el proyecto de la élite republicana estableció los fundamentos jurídicos y formales que marcaron el inicio de la construcción de una nueva sociedad, un proceso de construcción histórica prolongado e inacabado, en tanto las desigualdades e inequidades sociales, económicas y políticas persisten hasta el presente.

Estas características en su conjunto permiten mostrar la relevancia de abordar el proceso de conformación del nuevo Estado, desde la particularidad de las condiciones históricas y políticas propias de la sociedad pastusa, lo que definía un ritmo distinto a aquello que la historia tradicional y de la élite buscó legitimar.

Véase también

• Militarización y participación política plebeya en el suroccidente granadino, 1809-1826
• La Batalla de Bomboná en el contexto del tratado de regularización de la guerra: avances, intermitencias y frustraciones
• El tradicional discurso de la iglesia en Pasto y el nuevo sermón después de 1819
• Campaña del sur de 1822 Batalla de Bomboná
• “Las capitulaciones de Pasto, el Pacto de Paz”
• La Batalla de Bomboná en los anales de la historiografía del Centro de Historia de Pasto
• Memoria y representación audiovisual de la Batalla de Bomboná 200 años después personajes y escenarios en la Radio y televisión públicas

Bibliografía

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Fuentes de Archivo

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• Instituto Municipal Archivo Histórico de Pasto (IMAHP) Pasto-Colombia. Fondo Cabildo de Pasto, sección Independencia, caja 11, tomo 1, libro 1821.

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• Instituto Municipal Archivo Histórico de Pasto (IMAHP) Pasto-Colombia. Fondo Conceptas, caja 4, fólder 11, legajo 3, 1820-1829.

• Instituto Municipal Archivo Histórico de Pasto (IMAHP) Pasto-Colombia. Fondo Cabildo de Pasto, sección República, caja 12, tomo 4, libro 1833.

Enlaces en Banrepcultural

• Bicentenario de una nación en el mundo Proyecto transversal de la Subgerencia cultural del Banco de la República.

Créditos

• Viviana Chaves-Martínez. 2023. Grupo de Investigación: Historia, Educación y Desarrollo-HISED. Universidad de Nariño, Colombia.

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